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El presidente Donald Trump notificó oficialmente al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga. La medida, sin precedentes en la política antidrogas estadounidense, supone un cambio radical de estrategia: los grupos criminales no solo serán perseguidos como organizaciones criminales, sino también como entidades terroristas, lo que amplía la capacidad del Pentágono para actuar bajo un marco bélico.
Este anuncio llega en medio de un escenario global convulso y revive la idea de una “guerra contra el narcotráfico” de mayor escala. Washington ya había ensayado políticas de militarización en los años 80 y 90 —como el Plan Colombia o la llamada “guerra contra las drogas” de Ronald Reagan—, pero nunca se había declarado formalmente un estado de conflicto armado contra actores no estatales de este tipo.
Poderes extraordinarios para el ejército
Con esta declaración, las Fuerzas Armadas estadounidenses pueden desplegar buques de guerra, drones de vigilancia y aviones caza para interceptar operaciones de narcotráfico en el Caribe y América Latina. Parte de estos recursos ya están movilizados desde bases en Puerto Rico, lo que incrementa la presencia militar en la región.
Especialistas señalan que esta decisión podría generar un vacío entre las funciones policiales y las militares, ya que ahora el ejército tendría potestades para realizar operaciones que antes correspondían a la DEA o al FBI, desdibujando las líneas entre seguridad interna y conflictos bélicos.
Venezuela en la mira
El punto más delicado del anuncio es la acusación directa contra Venezuela. Según informes presentados al Congreso, muchas embarcaciones cargadas con cocaína proceden de aguas controladas por el régimen de Nicolás Maduro. Trump afirmó que Caracas opera como un “narcoestado” y recordó que sigue vigente la recompensa de 50 millones de dólares por la captura del líder chavista.
“Los carteles han crecido en armas, organización y violencia (…) poseen capacidades paramilitares y son responsables de la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año”, resalta el texto enviado al Congreso.
#URGENTE | EEUU determina que los cárteles del narcotráfico que entran droga son “grupos armados paraestatales” y cuyas acciones “constituyen un ataque armado contra Estados Unidos”. pic.twitter.com/BXm84ZHF9W
En respuesta, Maduro decretó un estado de “conmoción exterior”, que le otorga poderes especiales para movilizar tropas, controlar infraestructuras estratégicas y restringir derechos ciudadanos. El chavismo acusa a Washington de buscar un pretexto para una intervención militar, mientras que la oposición venezolana teme que la situación agrave aún más la represión política y la crisis humanitaria.
“No se permitirá a nadie que promueva o facilite una agresión militar contra Venezuela”, advirtió Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la nación sudamericana.
Debate en el Congreso estadounidense
La declaración ha generado divisiones en Washington. Algunos legisladores republicanos respaldan la medida, asegurando que es un paso necesario para combatir a los cárteles que inundan de drogas las ciudades estadounidenses. Sin embargo, demócratas y juristas advierten que el uso del ejército en funciones policiales podría ser inconstitucional si no media autorización explícita del Congreso.
Diversos grupos de derechos humanos señalan que esta política corre el riesgo de generar abusos y facilitar una intervención directa en países latinoamericanos.
El Pentágono todavía no ha publicado la lista oficial de organizaciones designadas como terroristas, lo que genera inquietud sobre la amplitud de la medida. Expertos temen que esta ambigüedad permita operaciones extraterritoriales sin control parlamentario y con alto riesgo de abusos.
NEW: WHITE HOUSE AT WAR WITH ALLEGED DRUG CARTELS
MEMO obtained by @NewsNation@JoeKhalilTV to a select few in Congress lays out that DRUG CARTELS are now “non-state armed groups, terrorist organizations” and the President has determined the U.S. is engaged in “non-international… pic.twitter.com/LDbg8mnn2x
La decisión de Trump añade una nueva capa de tensión en la región. Gobiernos de América Latina han mostrado preocupación, pues la militarización podría desembocar en intervenciones directas en territorio de Venezuela, algo que históricamente ha generado rechazo en la región.
Además, analistas señalan que esta estrategia podría alimentar discursos antiestadounidenses, especialmente en gobiernos alineados con Caracas, como Nicaragua o Cuba, que podrían aprovechar la narrativa de “defensa de la soberanía” para reforzar sus posiciones políticas internas.
Crisis venezolana como telón de fondo
El conflicto anunciado ocurre en un contexto de profunda crisis venezolana caracterizada por la inflación desbordada y una economía en colapso, al igual que los servicios básicos de agua y electricidad.
En este escenario, la posibilidad de un enfrentamiento militar en las costas venezolanas podría intensificar la represión, empeorar la crisis humanitaria y provocar nuevas olas migratorias hacia Colombia, Brasil y el Caribe.
Un movimiento con alto costo político
La medida refuerza la imagen de Trump como un líder de mano dura, capaz de confrontar tanto al narcotráfico como a gobiernos que considera enemigos de Estados Unidos. Sin embargo, esta estrategia también conlleva un alto costo político y diplomático ya que podría tensar relaciones con aliados latinoamericanos que se oponen a la militarización.
Conllevaría además a aumentar el riesgo de incidentes armados con fuerzas venezolanas y coloca a EE. UU. en un terreno legal complejo, donde los límites de la “guerra contra el narcotráfico” son difusos.
El futuro inmediato
Mientras tanto, el Congreso exige mayor claridad sobre el alcance de la medida y los criterios para designar a los cárteles como “organizaciones terroristas”. En paralelo, grupos de derechos humanos alertan que una política de este tipo podría abrir la puerta a violaciones masivas de derechos en América Latina, justificadas bajo la bandera del combate al narcotráfico.
La declaración de Trump marca un punto de inflexión: Estados Unidos ya no se limita a perseguir judicialmente a los cárteles, ahora los enfrenta como si se tratara de un enemigo en guerra. Y este giro podría reconfigurar la política de seguridad regional en los próximos años.
