“No son ilegales”: legisladores locales reaccionan al fallo que revoca el TPS y el parole humanitario, afectando unos 500.000 migrantes

Líderes locales del sur de Florida catalogan como «devastadora» la decisión de la Corte Suprema, que permitirá al presidente Donald Trump eliminar protecciones legales a 500,000 inmigrantes, incluidos cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, recogió Local 10 News.

«Con solo una firma, de repente medio millón de personas perderán su estatus migratorio legal y su capacidad de trabajar», criticó Maureen Porras, abogada de inmigración y vicealcaldesa de Doral.

«Es una decisión devastadora. Y ahora veremos muchos negocios cuyos empleados tenían permisos de trabajo bajo este programa que mañana no se presentarán a trabajar. Realmente tendrá un efecto paralizante», agregó.

Por su parte, el representante republicano Carlos Giménez también ha lamentado el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

«Ellos son parte de nuestra comunidad, son parte de nuestra economía y deben ser tratados como tal», sentenció.

«Terrible, terrible incertidumbre para los miembros de nuestra comunidad, personas que vinieron legalmente», indicó Paul Christian Namphy, director político y organizador principal del movimiento Family Action Network Movement, que brinda servicios principalmente a inmigrantes haitianos.

Mientras tanto, la congresista republicana María Elvira Salazar ha pedido a la administración utilizar su autoridad ejecutiva y conceder la salida forzada diferida para evitar con ello que los migrantes afectados sean enviados de vuelta a la represión y la violencia en sus países de orígenes.

Asimismo, los representantes demócratas advierten también existe preocupación en torno a las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los haitianos, los cuales podrían estar en riesgo.

Dado que el fallo de esta semana que revoca el estatus de protección temporal a venezolanos con designaciones de 2023, afecta a más de un cuarto de millón de personas.

«No son criminales ni siquiera inmigrantes ilegales. Vinieron legalmente», reclamó la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz.

Los migrantes afectados llegaron a Estados Unidos con estatus legal y patrocinadores estadounidenses mediante el programa de parole humanitario que implementó la administración de Joe Biden, desde enero de 2023, como parte de un esfuerzo para controlar la migración irregular en la frontera sur de Estados Unidos y ofrecer una vía legal y ordenada de ingreso al país para personas en situación de necesidad humanitaria, muchos de ellos como los cubanos y venezolanos que vivían bajo regímenes totalitarios.