María Elvira estalla contra la liberación de empresario ligado al régimen cubano: «Los beneficios migratorios de Estados Unidos son para las víctimas del castrismo»

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar elevó una advertencia directa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al gobierno del presidente Donald Trump, solicitando una revisión inmediata de la liberación del empresario cubano Jorge Javier Rodríguez Cabrera, detenido por ICE desde junio de 2025 y excarcelado recientemente por orden de un juez federal en Nevada. El caso ha generado un intenso debate sobre los riesgos de que personas con conexiones en el régimen cubano accedan a beneficios migratorios destinados.

A través de su cuenta personal en X la republicana solicitó que se revise puntualmente este caso teniendo en cuenta que está relacionado directamente con la cúpula castrista lo cual va en contra de las políticas migratorias de EE.UU.

«Los beneficios migratorios de Estados Unidos son para las víctimas del castrismo, NO para privilegiados con conexiones a la cúpula represiva que viven entre lujos y poder mientras el pueblo cubano sufre», escribió la republicana en su mensaje en el cual también agradeció al periodista Mario Pentón por hacer público este caso con tanta valentía y profesionalidad.

Le pido oficialmente a @DHSGov que investigue este caso lo antes posible.

Los beneficios migratorios de Estados Unidos son para las víctimas del castrismo, NO para privilegiados con conexiones a la cúpula represiva que viven entre lujos y poder mientras el pueblo cubano sufre.… https://t.co/RWKjsox3Hm

— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) November 19, 2025

Una liberación que desató preocupación en el Congreso

La decisión judicial se produjo gracias a un habeas corpus que presentó la defensa que permitió la salida de Rodríguez Cabrera y sorprendió a legisladores republicanos que supervisan temas de seguridad nacional y política hacia Cuba. Según documentos citados por ICE, el empresario habría fungido como “correo diplomático” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), un rol generalmente reservado para personal de confianza cercano a organismos estatales y de inteligencia.

Aunque la defensa del empresario sostuvo que ese vínculo concluyó hace años y que su pasaporte diplomático expiró en 2017, su pasado generó sospechas entre miembros del Congreso, especialmente debido a la falta de claridad sobre sus actividades antes de ingresar a Estados Unidos.

Salazar fue tajante en su mensaje público: “Los beneficios migratorios de Estados Unidos son para las víctimas del castrismo, NO para los privilegiados con conexiones a la cúpula represiva”.

Vínculos con “El Cangrejo” y señales de alerta

El punto más delicado del caso gira alrededor de la supuesta relación del empresario con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto del dictador Raúl Castro y figura poderosa dentro del aparato de seguridad cubano. En círculos políticos de Miami y Washington, El Cangrejo es señalado desde hace años por su control de operaciones de inteligencia y protección del clan Castro.

En 2023, América TeVé divulgó varios videos donde se veía a Rodríguez Cabrera navegando en un yate junto a El Cangrejo, compartiendo mariscos y tragos. Ese tipo de privilegios, según observadores, suele estar reservado únicamente para personas con acceso directo a las esferas de poder en Cuba.

Personas cercanas afirman que la relación entre ambos inició gracias a Sheyla Puentes, madre de las nietas de Raúl Castro. Aunque el romance habría concluido tiempo después, la conexión con el nieto del líder cubano se mantuvo, dando paso —según esas mismas fuentes— a viajes conjuntos para realizar compras en Estados Unidos y México.

La posibilidad de que un socio o allegado a él haya obtenido estatus, protección o beneficios judiciales en territorio estadounidense es vista como una amenaza a la integridad del sistema migratorio. La congresista Salazar subrayó que permitir el asentamiento de individuos vinculados al entorno de los Castro constituye “un riesgo de seguridad nacional”.

El expediente ha provocado aún más inquietud porque Rodríguez Cabrera lo representa legalmente Kurzban Kurzban Tetzeli & Pratt, uno de los despachos migratorios con mayor peso en Estados Unidos. Al frente de la firma está Ira Kurzban, esposo de la abogada cubanoamericana Magda Montiel Davis, cuyo nombre quedó grabado en la memoria colectiva de Miami desde aquel polémico encuentro de 1994, cuando besó a Fidel Castro y lo calificó de “maestro”.

Una empresa en expansión que genera dudas

Rodríguez Cabrera es socio de Gran Azul LLC, una compañía registrada en Nevada en noviembre de 2024 y que en menos de un año reportó presencia en múltiples ciudades del país como Houston, Miami, Orlando, Fort Myers y Phoenix. Su crecimiento acelerado y el origen de los fondos han levantado sospechas entre autoridades migratorias, investigadores financieros y políticos cubanoamericanos que temen que capitales asociados a la élite cubana estén entrando a Estados Unidos bajo estructuras corporativas.

Empresas de nueva creación con fuerte inversión y vínculos extranjeros suelen ser monitoreadas por el Departamento del Tesoro en casos donde existe potencial de lavado de dinero, triangulación de activos o financiamiento encubierto desde gobiernos sancionados, como el cubano.

Un sistema migratorio bajo tensión

El caso de Rodríguez Cabrera aparece en un momento en que Estados Unidos enfrenta retos significativos en materia migratoria relacionados con Cuba. Desde 2023, miles de cubanos han entrado al país bajo programas humanitarios, visas temporales o buscando asilo, muchos de ellos huyendo de la represión política.

En paralelo, sectores del Congreso han alertado que individuos conectados con el régimen han intentado aprovechar brechas legales para obtener entrada o protección en el país. Según estos legisladores, el sistema, diseñado históricamente para proteger a disidentes, corre el riesgo de ser utilizado por personas alineadas con el propio gobierno del que supuestamente huyen.

Para Salazar, la liberación del empresario refuerza la necesidad de aplicar filtros más estrictos: “Mientras miles de cubanos perseguidos buscan refugio, no podemos permitir que figuras con vínculos con la élite castrista se beneficien de las protecciones que no les corresponden”.

El papel del DHS y la futura revisión del caso

Tras la solicitud de la congresista, se espera que el Departamento de Seguridad Nacional evalúe si las alegaciones de ICE, los documentos migratorios del empresario y la decisión judicial ameritan una revisión formal. Esta revisión podría determinar si Rodríguez Cabrera representa un riesgo potencial para la seguridad nacional, si debería retomar su proceso de detención o si podría ser sometido a una investigación más amplia respecto al origen de los fondos de sus negocios.

Fuentes políticas en Washington anticipan que el caso podría reabrirse como ejemplo dentro de un debate mayor sobre cómo manejar solicitudes migratorias de personas que tuvieron algún tipo de cercanía con instituciones militares, de inteligencia o diplomáticas en Cuba.

Una controversia que impacta la política hacia Cuba

Más allá del caso puntual, la situación alimenta el debate sobre la política estadounidense hacia la isla, un tema que ha cobrado fuerza nuevamente bajo la administración de Trump. Legisladores cubanoamericanos presionan para impedir cualquier flexibilización mientras continúan las denuncias de represión en la isla.

La polémica también pone en evidencia una realidad compleja: mientras cientos de miles de cubanos buscan llegar a Estados Unidos en condiciones precarias, algunos individuos con vínculos privilegiados dentro del régimen parecen encontrar vías más discretas o legales de entrada al país.

Mirada al futuro

La decisión del DHS podría convertirse en un precedente sobre cómo se gestionarán casos similares en los próximos meses, especialmente en un contexto de alta sensibilidad electoral y con el tema migratorio como uno de los ejes centrales en la agenda nacional.

Por ahora, la liberación de Rodríguez Cabrera permanece bajo escrutinio y se ha convertido en un símbolo de la tensión entre la necesidad de proteger a los perseguidos políticos y la obligación de impedir que personas con posibles vínculos con regímenes adversarios se beneficien de las garantías del sistema estadounidense.