El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmó la detención de dos ciudadanos cubanos señalados como “lo peor de lo peor”, una denominación que aplica a inmigrantes con condenas criminales severas y considerados una amenaza prioritaria para la seguridad pública.
Los arrestos —realizados en Filadelfia y St. Paul, Minnesota— forman parte de un operativo dirigido contra extranjeros con órdenes finales de deportación que, según la agencia, han cometido delitos graves en territorio estadounidense.
Perfiles de los arrestados y naturaleza de los delitos
El primer detenido es Raidel Suárez Cruz, de 36 años, arrestado en Filadelfia. Suárez había sido condenado por conspiración para inducir a extranjeros a entrar ilegalmente a Estados Unidos, un delito vinculado a redes de facilitadores o “coyotes”, y que, de acuerdo con fiscales federales, puede incluir componentes de explotación, riesgo de muerte y uso de rutas peligrosas.
El segundo detenido, Yohannis Bacardi Bague, de 31 años, fue capturado en St. Paul. Bacardi posee condenas por robo de identidad, fraude con tarjetas de crédito y uso indebido de información financiera en Iowa, delitos que se incluyen entre las tipologías más activamente perseguidas por el Departamento de Justicia debido al aumento del fraude cibernético y la multiplicación de esquemas de robo de datos personales.
Ambos individuos se encontraban bajo órdenes finales de deportación, lo que convierte su arresto en parte de la categoría prioritaria que ICE denomina “foreign fugitives”.
Un operativo dentro de una tendencia nacional
La agencia señaló que estas detenciones se integran en un marco más amplio de vigilancia criminal que ha intensificado la identificación de inmigrantes con delitos de violencia, fraude financiero, tráfico humano, narcotráfico, agresión sexual, abuso infantil y robo organizado.
En los últimos tres años, ICE ha reportado un incremento en arrestos de no ciudadanos con condenas por delitos económicos. En 2024, más de 17.000 inmigrantes fueron detenidos por fraudes, robos de identidad o esquemas financieros, una cifra que ha ido en ascenso debido a la mayor cooperación con agencias como el FBI, la FTC y unidades de delitos cibernéticos locales.
El reto de fondo: Cuba no acepta a sus deportados con antecedentes penales graves
Uno de los obstáculos más persistentes para ICE es la resistencia del gobierno cubano a recibir deportados con condenas criminales, especialmente aquellos vinculados al tráfico humano, delitos financieros o violencia.
Esta negativa —que se ha mantenido durante administraciones demócratas y republicanas— genera un fenómeno de “limbo migratorio”: individuos con órdenes de expulsión que no pueden ser deportados por falta de aceptación consular. En estos casos, ICE puede prolongar la detención, liberar bajo supervisión o gestionar traslados hacia terceros países, aunque esta última opción depende de acuerdos diplomáticos extremadamente limitados.
Para Estados Unidos, el problema también tiene implicaciones legales: la jurisprudencia Zadvydas v. Davis limita el tiempo máximo de detención migratoria cuando no existe una perspectiva razonable de deportación, creando tensiones entre seguridad pública y obligaciones constitucionales.
Contexto migratorio: el aumento del flujo cubano y el escrutinio penal
El caso ocurre en un momento en que la migración cubana ha alcanzado niveles históricos. Desde 2022, más de 500.000 cubanos han llegado a EE.UU. mediante vías irregulares o procesos fronterizos, muchos de ellos liberados con documentos como el I-220A o el parole temporal.
Aunque la inmensa mayoría no comete delitos, las agencias federales han expresado preocupación por el incremento proporcional de casos asociados a fraude, uso de identidades falsas y tráfico de personas, especialmente vinculados a redes que operan desde Centroamérica, el Caribe y el sur de Florida.
Analistas señalan que la presencia de casos criminales aislados suele ser instrumentalizada en discursos políticos que buscan generalizar comportamientos delictivos a toda la comunidad migrante, generando percepciones distorsionadas pero políticamente eficaces.
Reacciones: seguridad nacional vs. criminalización migratoria
Organizaciones defensoras de los inmigrantes advierten que el uso de términos como “lo peor de lo peor” puede reforzar estigmas, aunque reconocen que los delitos señalados en este caso tienen un impacto directo en la seguridad comunitaria.
Sin embargo, juristas migratorios subrayan que la colaboración limitada con Cuba es, en gran medida, el factor que fomenta la permanencia prolongada de personas con historial criminal dentro de EE.UU., incluso cuando ICE ya ha determinado su expulsión.
Por su parte, la agencia insiste en que su misión principal es proteger a la población, asegurando que los recursos federales se enfocan en individuos con “riesgos comprobados”.
Un escenario que anticipa nuevas tensiones diplomáticas
La inclusión de estos dos cubanos en la categoría de mayor peligrosidad podría incrementar la presión sobre La Habana para retomar acuerdos de repatriación más amplios, especialmente en un contexto regional marcado por crisis migratorias simultáneas en el Caribe, México y Centroamérica.
Expertos señalan que, en ausencia de cooperación, EE.UU. continuará fortaleciendo unidades de vigilancia interna y expandiendo programas de supervisión comunitaria para migrantes con antecedentes, lo que podría generar disputas legales adicionales y nuevos ajustes en la política de deportaciones.
Apartado legal: cómo decide ICE quién es deportable y qué límites imponen los tribunales
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece varias categorías que permiten iniciar una expulsión: delitos agravados, como fraude superior a $10,000, robo de identidad, tráfico humano o delitos violentos; crímenes que implican bajeza moral (CIMT), que abarcan muchos fraudes y robos; y violaciones migratorias graves, como reingresos ilegales o facilitar la entrada irregular de terceros. En el caso de los dos cubanos arrestados por ICE, ambos encajan en categorías consideradas de alta gravedad: conspiración para tráfico de personas y fraude financiero con identidad robada.
ICE aplica criterios internos para priorizar la detención de no ciudadanos considerados amenazas a la seguridad pública. Las prioridades actuales se centran en personas con condenas por delitos severos, reincidentes criminales y quienes poseen órdenes finales de deportación sin ejecutar. En esa estructura, la agencia utiliza etiquetas como “public safety threats” o “lo peor de lo peor” para señalar perfiles con múltiples elementos de riesgo, tanto por la naturaleza del delito como por su impacto social y potencial de reincidencia.
Sin embargo, incluso cuando ICE determina que un individuo debe ser expulsado, la deportación no siempre es posible. La Corte Suprema ha establecido límites claros sobre la detención migratoria. En Zadvydas v. Davis (2001), el tribunal prohibió la detención indefinida de un inmigrante bajo orden de deportación si no existe una perspectiva razonable de repatriación en un plazo aproximado de seis meses. Este fallo es especialmente relevante en el caso de Cuba, que con frecuencia se rehúsa a aceptar deportados con antecedentes penales graves, generando un “limbo migratorio”. Otros precedentes, como Clark v. Martinez (2005) y Demore v. Kim (2003), afianzan tanto el límite temporal como la autoridad inicial de ICE para detener a personas con delitos graves.
En este escenario legal, la expulsión depende no solo de la ley estadounidense, sino también de la cooperación diplomática del país de origen. Cuando Cuba se niega a recibir deportados, ICE debe optar por liberar bajo supervisión, mantener detenciones limitadas o gestionar traslados a terceros países, lo que prolonga la incertidumbre legal de estos casos.
