Una jueza de inmigración en Arizona ha emitido una decisión histórica al ordenar la liberación de un cubano detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y, al mismo tiempo, concederle la residencia legal permanente en Estados Unidos, marcando un hito en la interpretación de casos relacionados con el estatus migratorio I-220A.
El caso involucra a Dayan Hernández-Medina, un ciudadano cubano que enfrentaba un proceso de deportación mientras portaba un I-220A, documento de “orden de liberación bajo palabra de honor” que ICE emite en algunos casos tras la detención de migrantes.
Decisión judicial clave
Durante una audiencia en la Corte de Inmigración de Florence, la jueza determinó que Hernández-Medina reunía los requisitos para ajustar su estatus migratorio bajo la Ley de Ajuste Cubano (Cuban Adjustment Act), a pesar de haber ingresado al país sin una admisión formal o un parole tradicional.
Tras emitir la orden, la jueza fijó un plazo para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apelase la decisión. Sin embargo, el gobierno no presentó apelación dentro de los 30 días reglamentarios, lo que confirmó el fallo y permitió que Hernández-Medina quedara en libertad y con residencia permanente.
Este caso representa un giro importante: es el primer cubano con I-220A que obtiene residencia mientras estaba bajo custodia de ICE, lo que abre un posible camino para otros casos similares en los tribunales de inmigración.
Contexto sobre el I-220A
Para muchos cubanos que llegaron a Estados Unidos en los últimos años, el documento I-220A ha sido un punto de controversia legal. Este documento no equivale a un parole oficial ni a una admisión legal, lo que tradicionalmente ha impedido que los portadores puedan solicitar la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Anteriormente, decisiones de tribunales superiores establecieron que quienes entraron sin inspección y recibieron un I-220A no eran elegibles para ajustar su estatus bajo esta ley, a menos que su liberación fuera reconocida como un parole válido.
Sin embargo, abogados especializados en inmigración han estado desafiando esa interpretación, usando precedentes recientes —como el caso Matter of Q. Li— para argumentar que estos documentos deberían considerarse como un tipo de liberación válida que permite el ajuste de estatus con base en la Ley de Ajuste Cubano.
Reacciones y posible impacto
El fallo ha sido recibido con atención por activistas y defensores de derechos migratorios, quienes ven en este caso un posible argumento legal que otros abogados podrían presentar en futuras audiencias. Aunque no crea automáticamente un precedente nacional vinculante, sí pone sobre la mesa un criterio judicial favorable que podría influir en decisiones en otros distritos.
Expertos legales advierten, no obstante, que cada caso es distinto y que esta decisión no garantiza que otros cubanos con I-220A logren residencia de forma automática. La evaluación dependerá de factores como la estrategia legal, la jurisdicción y el juez asignado a cada proceso.
Un precedente con matices
Mientras la comunidad cubana en Estados Unidos sigue de cerca este tipo de decisiones, el caso de Hernández-Medina representa una puerta de esperanza para quienes llevan años en un limbo migratorio debido a la forma en que ICE ha manejado los I-220A.
Sin embargo, abogados señalan que se necesitarán más fallos similares o una interpretación más clara por parte de cortes de apelaciones para transformar este criterio en una ruta más sólida y accesible para miles de migrantes en la misma situación.
