Juez ordena a Policía de Miami-Dade devolver $20,000 decomisados a una stripper

La policía confiscó $ 20,000 de una stripper y su esposo recibió la orden de devolver el dinero.


El departamento acordó pagar además $ 3,000 a abogados defensores contratados por Ras Cates, de 33 años, y su esposa, Lizmixell Batista, una stripper de 20 años en Cheetah Gentleman’s Club en Hallandale Beach.

El 25 de mayo, un oficial detuvo a Cates y Batista, su pasajero, cuando su automóvil cortó una patrulla en el vecindario West Little River de Miami. Los oficiales de patrulla decomisaron seis pistolas, tres de ellas rifles de asalto, más el efectivo, un presunto aceite de marihuana y varias botellas de potente jarabe para la tos sin una receta válida.

La policía de Miami-Dade promocionó el arresto a una estación de televisión local, mostrando fotos de las armas. «Es sorprendente cómo algo tan simple como una parada de tráfico puede llevarnos a resolver muchos casos», dijo un portavoz de la policía a la WFOR-CBS4. «Muchos asesinos en serie están tras las rejas debido a las paradas de tráfico».

La pareja fue acusada de tráfico armado de drogas, entre otros cargos por delitos graves. Pero los abogados de la defensa cuestionaron inmediatamente el arresto.

«Lo que es más inquietante es que inmediatamente después del arresto, el departamento salió a la televisión y participó en especulaciones incendiarias sin conocer los hechos o incluso reconociendo las violaciones desenfrenadas de los derechos constitucionales de mis clientes», dijo el abogado defensor Jude Faccidomo.


Ante la evidencia de la defensa, los fiscales se movieron rápidamente para desestimar el caso.

Cates le dijo a los policías que legalmente poseía las armas, y también tenía un permiso válido para armas ocultas. Su historia fue confirmada. La cámara mostró que un oficial, aunque amistoso con Cates, nunca obtuvo permiso para buscar en el maletero, sino que «ordenó al acusado que abriera el baúl», escribieron los fiscales.

«La búsqueda del baúl era ilegal», dijo el fiscal Johnathan Nobile en un memorando explicando por qué el estado se negó a presentar cargos.


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