El viernes, un juez federal impidió temporalmente que la administración de Biden pusiera fin a la orden de salud pública del Título 42 el 23 de mayo, impidiendo que la administración tomara una medida que había visto una importante oposición republicana y demócrata en medio de temores de que exacerbaría la crisis fronteriza.
El juez Robert Summerhays, en el Distrito Oeste de Luisiana, otorgó una orden judicial preliminar sobre el plan de la administración Biden de poner fin a la orden el 23 de mayo. Fue en respuesta a una demanda de dos docenas de estados republicanos, encabezados por Arizona, Luisiana y Misuri.
«El fallo de hoy es una victoria significativa, ya que el Título 42 es una de las pocas políticas que realmente funciona», dijo el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich. “Estoy agradecido con la corte por defender el estado de derecho y ayudar a mantener cierto nivel de cordura mientras continuamos luchando contra la crisis fronteriza provocada por Biden”.
La demanda republicana, que solicita la orden judicial, alega que el levantamiento de la orden viola la Ley de Procedimientos Administrativos, que requiere un período de notificación y comentarios y también prohíbe los movimientos considerados «arbitrarios y caprichosos».
La demanda afirma que la administración no calculó ni dio cuenta de los costos para los estados. Citan «el aumento de los costos de atención médica para los extranjeros infectados con COVID-19 y el costo del aumento de la inmigración ilegal causado por la Orden de Terminación y la presencia de un número mucho mayor de extranjeros en libertad condicional con solicitudes de asilo no meritorias que fueron inducidos a ingresar a los Estados Unidos por la Orden de Terminación”.
El juez también coincidió con los estados en que el levantamiento del Título 42 estaba sujeto a la ACA, y que el gobierno no superó «la presunción de revisabilidad bajo la APA».
