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Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este viernes el intento del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al estatus legal de más de 8,400 migrantes que residen en el país bajo programas de parole humanitario vinculados a la reunificación familiar.
La decisión impide, por ahora, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cancele el permiso migratorio otorgado a personas provenientes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras, quienes ingresaron legalmente a Estados Unidos mientras aguardaban la tramitación de visas familiares.
La jueza federal Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, determinó que el gobierno no presentó una justificación suficiente para eliminar estos beneficios y que la medida podría causar daños irreparables a miles de familias que han organizado su vida en el país bajo el amparo de dichos programas.
Falta de justificación y posible arbitrariedad
En su fallo, la magistrada señaló que el DHS no demostró de manera concreta que los programas de parole fueran incompatibles con la ley ni que existieran pruebas sólidas de fraude generalizado, uno de los argumentos esgrimidos por la administración para intentar su cancelación.
Además, subrayó que la decisión gubernamental parecía “arbitraria y caprichosa”, al no evaluar adecuadamente el impacto humano y legal que tendría la revocación inmediata del estatus migratorio para miles de personas que ingresaron siguiendo reglas establecidas por el propio gobierno.
Golpe legal a la política migratoria
La orden judicial representa un nuevo obstáculo para los esfuerzos del gobierno de Trump por endurecer la política migratoria y reducir programas de protección temporal y humanitaria. En las últimas semanas, varias cortes federales han intervenido para frenar medidas similares que buscaban poner fin a estatus legales de distintos grupos de migrantes.
Aunque el fallo es de carácter preliminar, mantiene vigentes los permisos de permanencia y trabajo de los beneficiarios mientras el caso continúa en los tribunales. El gobierno aún puede apelar la decisión.
Incertidumbre continúa
Organizaciones defensoras de inmigrantes celebraron la resolución como un alivio temporal para miles de familias, mientras que expertos legales advierten que la batalla judicial está lejos de terminar. El caso se suma a una serie de demandas que definirán el alcance de la autoridad del Ejecutivo para modificar o eliminar programas migratorios creados bajo administraciones anteriores.
Por ahora, los más de 8,400 migrantes afectados podrán permanecer legalmente en Estados Unidos, a la espera de una resolución definitiva que podría sentar un precedente clave en la política migratoria del país.
Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este viernes el intento del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al estatus legal de más de 8,400 migrantes que residen en el país bajo programas de parole humanitario vinculados a la reunificación familiar.
La decisión impide, por ahora, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cancele el permiso migratorio otorgado a personas provenientes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras, quienes ingresaron legalmente a Estados Unidos mientras aguardaban la tramitación de visas familiares.
La jueza federal Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, determinó que el gobierno no presentó una justificación suficiente para eliminar estos beneficios y que la medida podría causar daños irreparables a miles de familias que han organizado su vida en el país bajo el amparo de dichos programas.
Falta de justificación y posible arbitrariedad
En su fallo, la magistrada señaló que el DHS no demostró de manera concreta que los programas de parole fueran incompatibles con la ley ni que existieran pruebas sólidas de fraude generalizado, uno de los argumentos esgrimidos por la administración para intentar su cancelación.
Además, subrayó que la decisión gubernamental parecía “arbitraria y caprichosa”, al no evaluar adecuadamente el impacto humano y legal que tendría la revocación inmediata del estatus migratorio para miles de personas que ingresaron siguiendo reglas establecidas por el propio gobierno.
Golpe legal a la política migratoria
La orden judicial representa un nuevo obstáculo para los esfuerzos del gobierno de Trump por endurecer la política migratoria y reducir programas de protección temporal y humanitaria. En las últimas semanas, varias cortes federales han intervenido para frenar medidas similares que buscaban poner fin a estatus legales de distintos grupos de migrantes.
Aunque el fallo es de carácter preliminar, mantiene vigentes los permisos de permanencia y trabajo de los beneficiarios mientras el caso continúa en los tribunales. El gobierno aún puede apelar la decisión.
Incertidumbre continúa
Organizaciones defensoras de inmigrantes celebraron la resolución como un alivio temporal para miles de familias, mientras que expertos legales advierten que la batalla judicial está lejos de terminar. El caso se suma a una serie de demandas que definirán el alcance de la autoridad del Ejecutivo para modificar o eliminar programas migratorios creados bajo administraciones anteriores.
Por ahora, los más de 8,400 migrantes afectados podrán permanecer legalmente en Estados Unidos, a la espera de una resolución definitiva que podría sentar un precedente clave en la política migratoria del país.
