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Un juez federal en Miami anuló la sentencia de casi 30 millones de dólares contra las plataformas de viajes Expedia, Hotels.com y Orbitz, acusadas de lucrar con propiedades confiscadas en Cuba tras 1959. El fallo supone un golpe inesperado para los descendientes de familias cubanas que habían obtenido en abril un veredicto histórico bajo la Ley Helms-Burton.
La disputa legal: un fallo revertido
La demanda fue presentada por Mario Echevarría y otros herederos de familias cubanas que perdieron hoteles y bienes inmobiliarios tras la llegada de la dictadura. En abril de 2025, un jurado federal determinó que las compañías habían incurrido en “tráfico” de propiedades expropiadas, al ofrecer reservaciones en hoteles construidos sobre terrenos reclamados, y ordenó una compensación millonaria.
Sin embargo, el magistrado Federico A. Moreno dictaminó ahora que las empresas cumplieron con el espíritu de la ley, pues cesaron sus operaciones en las propiedades reclamadas dentro del plazo legal. Con ese argumento, anuló la sentencia y liberó a las compañías de pagar los casi 30 millones de dólares.
Reacciones encontradas
Los demandantes reaccionaron con decepción e indignación, asegurando que el fallo constituye un revés severo en la larga batalla por justicia y restitución. “Apelaremos de inmediato, porque creemos que se ha abierto la puerta a la impunidad corporativa”, señalaron en un comunicado.
Del lado empresarial, el fallo fue recibido como un alivio. Fuentes cercanas a las compañías celebraron que el juez haya reconocido que actuaron conforme a derecho, ajustándose a la normativa cuando se activaron las demandas de Helms-Burton.
❌Un juez federal en Miami anuló la condena de casi 30 millones de dólares contra Expedia, Hotels punto com y Orbitz por supuestamente “traficar” con propiedades confiscadas en Cuba tras 1959.
❌La demanda, presentada por Mario Echevarría y otros descendientes de familias… pic.twitter.com/5UVUMi5HgL
La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, endureció el embargo contra Cuba y buscó desincentivar la inversión extranjera en propiedades confiscadas tras 1959. Su Título III, activado por primera vez en 2019 durante la administración Trump, permite a ciudadanos estadounidenses —incluidos cubanoamericanos— demandar en cortes federales a empresas que se beneficien de bienes expropiados sin compensación.
Desde entonces, la norma ha generado una ola de litigios contra cadenas hoteleras, turoperadores y plataformas de reservaciones. Algunos casos han prosperado, pero otros han sido desestimados o frenados por tecnicismos legales, como ocurrió ahora en Miami.
Dimensión política y diplomática
La anulación de esta sentencia se produce en medio de un contexto de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos, Cuba y varios aliados europeos, cuyos gobiernos han rechazado la extraterritorialidad de la ley. La Unión Europea y Canadá, por ejemplo, aprobaron medidas de protección para sus empresas con inversiones en la isla, calificando el Título III de “inaplicable”.
En el sur de Florida, bastión del exilio cubano, la decisión judicial probablemente reavive la polémica sobre si Washington debe reforzar o flexibilizar el embargo y cómo debe atender los reclamos de familias afectadas por las confiscaciones.
Lo que viene
El caso ahora pasará a una instancia de apelación, donde los demandantes intentarán revertir la decisión del juez Moreno. Analistas legales señalan que este proceso podría sentar un precedente clave para decenas de litigios similares en curso.
En cualquier escenario, la controversia sobre el alcance de la Ley Helms-Burton y los derechos de las familias cubanas exiliadas seguirá ocupando un lugar central en los tribunales y en el debate político entre La Habana y Washington.
La Ley Helms-Burton (oficialmente Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act o Libertad Act) es una legislación de Estados Unidos aprobada en 1996 durante la presidencia de Bill Clinton. Su objetivo es reforzar y codificar el embargo económico contra Cuba, vinculando el levantamiento de las sanciones a una transición hacia un sistema democrático y al respeto de los derechos humanos en la isla.
El Título III de la Ley Helms-Burton otorga a ciudadanos estadounidenses, incluidos cubanos que se nacionalizaron tras emigrar, el derecho a presentar demandas en cortes federales de Estados Unidos contra compañías extranjeras que “trafiquen” con propiedades confiscadas por el gobierno cubano después de 1959.
Durante más de veinte años, este título permaneció suspendido por decisión presidencial para evitar fricciones con aliados de Washington. Sin embargo, en 2019 la administración de Donald Trump levantó esa suspensión, reactivando un mecanismo que rápidamente derivó en decenas de demandas multimillonarias en tribunales de Miami.
Para los descendientes de familias cubanas que perdieron propiedades tras la Revolución, el Título III representa un camino para reclamar justicia. Para los países aliados y sus empresas, constituye un ejemplo de la extraterritorialidad del derecho estadounidense y una amenaza a la seguridad jurídica de sus inversiones en la isla.
