
El vicepresidente estadounidense J.D. Vance reavivó esta semana un debate complejo al asegurar que el incremento de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es uno de los principales responsables del encarecimiento de la vivienda. Según declaró en una entrevista con Sean Hannity, presentador de Fox News, la supuesta llegada de “decenas de millones” de personas sin estatus legal habría presionado al límite a un mercado ya tensionado, obligando a millones de familias estadounidenses a enfrentar alquileres más altos y precios de viviendas fuera de su alcance.
Las declaraciones de Vance encajan en una narrativa que él y otros líderes republicanos han impulsado en los últimos meses: la idea de que la inmigración irregular no solo es un problema de seguridad fronteriza, sino un factor que impacta directamente la economía doméstica, desde el empleo hasta el costo de vida.
El argumento de Vance: más gente, menos viviendas disponibles
De acuerdo con Vance, la supuesta “inundación” de inmigrantes irregulares habría elevado la demanda en un mercado inmobiliario con oferta limitada. En su visión, este aumento poblacional abrupto fuerza a que más personas compitan por el mismo número de viviendas, disparando los costos y afectando a los sectores medios y bajos del país.
El político ha insistido en que este fenómeno no puede desvincularse de la política migratoria federal, y que una frontera “porosa” contribuye a mantener la crisis inmobiliaria en niveles históricamente elevados. Asegura, además, que muchas grandes ciudades —como Nueva York, Chicago y Denver— ya experimentan presiones adicionales por la llegada de migrantes que requieren acceso inmediato a refugios, alquileres o programas asistenciales.
Economistas advierten que la explicación es más compleja
La tesis de Vance ha provocado fuertes críticas de analistas inmobiliarios, organizaciones sectoriales y académicos que trabajan con datos de vivienda. Aunque reconocen que la inmigración puede influir en la demanda, advierten que el peso de ese factor es limitado frente a problemas mucho más profundos.
Entre las causas señaladas por los economistas destacan
- Dos décadas de construcción insuficiente, que dejaron un déficit estimado de entre 3 y 6 millones de viviendas.
- Restricciones urbanísticas en grandes ciudades, incluyendo límites de densidad, trámites extensos y resistencia de residentes a nuevos desarrollos.
- Aumento de costos de materiales y mano de obra, que encarecen la edificación de nuevas unidades.
- Altas tasas hipotecarias, que desalientan a muchos dueños a vender y reducen el inventario disponible.
Expertos subrayan además un punto clave: los inmigrantes —incluidos muchos indocumentados— representan aproximadamente una cuarta parte de la fuerza laboral de la construcción en estados como Texas, Florida y California. Reducir drásticamente esa mano de obra, advierten, podría profundizar la escasez de viviendas nuevas y elevar aún más los precios.
Impactos diferenciados según región y mercado
Si bien el encarecimiento de la vivienda es un fenómeno nacional, su intensidad varía según el mercado local. En estados de alta inmigración como Florida, Texas y Arizona, los analistas afirman que la mayor presión viene del crecimiento económico sostenido, la relocalización de empresas y el ingreso de residentes provenientes de otros estados, más que de los flujos de migrantes irregulares.
En ciudades tradicionales de acogida como Nueva York, algunos impactos a corto plazo sí han sido visibles en el sistema de refugios y albergues, especialmente después de los picos migratorios de los últimos dos años. No obstante, los expertos distinguen entre presión temporal sobre servicios sociales y efectos estructurales sobre el mercado de vivienda privada.
«Uno de los mayores desafíos que tenemos en el mercado de la vivienda, aparte de demasiados extranjeros ilegales que están tomando las casas de ciudadanos estadounidenses, es que en los estados azules, no se están construyendo suficientes casas», explicó J.D.
Dimensión política: un tema que moviliza electores
Las palabras de Vance llegan en un contexto político tenso, donde la inmigración ha sido uno de los ejes más polarizantes en la narrativa republicana y un elemento clave para movilizar votantes en estados decisivos. Su declaración coincide con la estrategia de presentar la inmigración irregular como un problema multidimensional que afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos.
Este enfoque se ha vuelto especialmente relevante en debates nacionales, donde la crisis de vivienda —con alquileres récord y precios de compra inaccesibles para muchas familias jóvenes— figura entre las principales preocupaciones de los votantes.
Durante la administración del expresidente Joe Biden, Estados Unidos vivió un periodo marcado por una llegada de inmigrantes sin precedentes, considerada una de las más significativas en su historia reciente.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre 2021 y 2024 ingresaron a Estados Unidos alrededor de 2.4 millones de inmigrantes por año. De acuerdo con un análisis realizado por Goldman Sachs, cerca del 60% de ellos lo hizo mediante cruces no autorizados.
«Bajo la administración Biden, el precio de una casa nueva literalmente se duplicó en cuatro años. «Subió un 100%», destacó Vance. «Bajo la administración Trump, los precios de la vivienda y el alquiler han subido entre un 1% y un 2%, en línea con lo que le gustaría ver», agregó quien aseguró que la administración actual está enfocada en favorecer la construcción de viviendas, pero el país necesita muchas más, en su criterio alrededor de 5 millones.
Un debate que seguirá creciendo
Aunque la postura de Vance encuentra eco entre sectores conservadores preocupados por los cruces ilegales en la frontera sur, los especialistas insisten en que cualquier debate serio sobre vivienda debe centrarse en aumentar la oferta, modernizar las regulaciones urbanas y financiar mayor construcción pública y privada.
La relación entre inmigración y precios de vivienda, afirman, es mucho más matizada y depende de numerosos factores económicos y demográficos. Aun así, las declaraciones de Vance confirman que este vínculo —real o percibido— seguirá ocupando un papel central en la conversación política rumbo al 2026.





