La cooperación entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para compartir información de pasajeros aéreos ha reavivado el debate nacional sobre inmigración, privacidad y límites legales del intercambio de datos entre agencias federales. Según un reportaje de CNBC, esta práctica ha permitido la detención de personas con órdenes finales de deportación en aeropuertos estadounidenses, incluso cuando se disponían a abordar vuelos domésticos.
De acuerdo con la información publicada, la TSA entrega a ICE listas de pasajeros varias veces por semana. ICE cruza esos datos con sus registros internos para identificar a personas con órdenes vigentes de expulsión y, en determinados casos, envía agentes a aeropuertos para efectuar detenciones antes del abordaje.
«ICE puede entonces comparar la lista con su propia base de datos de personas sujetas a deportación y enviar agentes al aeropuerto para detenerlas», dice un artículo de The New York Times del viernes pasado. Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional comentó a CNBC que esta medida siempre ha existido en la actual administración como parte del desmantelamiento de las políticas migratorias del expresidente Biden.
«En febrero, revocó la horrenda política de la era Biden que permitía a extranjeros en nuestro país volar ilegalmente por nuestro país sin identificación. Bajo el presidente Trump, la TSA y el DHS ya no tolerarán esto. Esta administración está trabajando con diligencia para asegurar que los extranjeros en nuestro país ilegalmente ya no puedan volar a menos que salgan de nuestro país para autodeportarse, destacó el funcionario.
Según el periódico, documentos a los que tuvo acceso muestran que el programa culminó en la detención de una estudiante universitaria el 20 de noviembre en el aeropuerto Logan de Boston. Apenas dos días después, la joven fue deportada a Honduras. En ese momento, López se encontraba viajando a Texas con la intención de reunirse con su familia durante las celebraciones de Acción de Gracias.
El marco legal del intercambio de datos
Desde el punto de vista jurídico, el intercambio de información entre la TSA e ICE se sustenta en las amplias facultades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que agrupa a ambas agencias. Funcionarios federales han señalado que la práctica se ampara en normas internas que permiten compartir datos con fines de seguridad nacional y cumplimiento de la ley migratoria.
No obstante, abogados especializados en inmigración subrayan que el uso de datos recopilados con fines de seguridad aérea para ejecutar detenciones migratorias plantea interrogantes legales. Algunos expertos señalan posibles tensiones con principios de debido proceso, especialmente en casos de personas con procesos migratorios abiertos, solicitudes pendientes o situaciones legales complejas que no siempre quedan reflejadas de forma actualizada en las bases de datos de ICE.
Además, juristas advierten que, aunque la detención de personas con órdenes finales de deportación es legal, el método —interceptarlas en aeropuertos mediante listas de pasajeros— podría ser objeto de futuros litigios, particularmente en lo relativo a privacidad, uso secundario de datos y posibles errores administrativos.
Florida, un punto clave del impacto
El impacto de esta política resulta especialmente relevante en Florida, uno de los estados con mayor población inmigrante del país y un alto volumen de tráfico aéreo doméstico. Aeropuertos como Miami International (MIA), Fort Lauderdale-Hollywood International (FLL), Orlando International (MCO) y Tampa International concentran millones de pasajeros al año, incluidos miles de inmigrantes que se desplazan por motivos laborales, familiares o legales.
Abogados migratorios en el sur de Florida señalan que la medida ha incrementado la ansiedad entre comunidades inmigrantes, incluso entre personas que cuentan con permisos temporales, casos en corte o estatus humanitarios. En ciudades como Miami, Hialeah, Doral y Orlando, se han multiplicado las consultas legales de personas preocupadas por viajar dentro del país por temor a ser detenidas en un aeropuerto.
Reacciones de abogados migratorios
Especialistas en inmigración consultados por distintos medios han advertido que la práctica puede generar confusión y riesgos innecesarios para personas que no tienen claridad sobre su situación legal exacta. Señalan que existen casos en los que una orden de deportación puede haber sido suspendida, apelada o reabierta, pero que esa información no siempre se refleja de inmediato en los sistemas utilizados por ICE.
Los abogados recomiendan a inmigrantes con antecedentes migratorios complejos, órdenes antiguas o procesos pendientes que consulten asesoría legal antes de viajar, incluso en vuelos domésticos. También alertan sobre el riesgo de detenciones erróneas, que podrían derivar en procesos largos y costosos para demostrar la situación legal real de una persona.
Organizaciones civiles alertan sobre efectos colaterales
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han criticado la medida por considerar que genera un efecto disuasorio generalizado. Aseguran que el uso de listas de pasajeros con fines migratorios puede llevar a que personas eviten viajar para asistir a audiencias judiciales, citas médicas, funerales o reuniones familiares, afectando su vida cotidiana y sus derechos básicos.
Estas organizaciones también han advertido que la práctica erosiona la confianza en las instituciones federales y amplía el temor en comunidades ya vulnerables, especialmente en estados como Florida, donde la retórica y las políticas migratorias a nivel estatal han sido particularmente restrictivas en los últimos años.
Un debate con posibles repercusiones legales y políticas
Aunque el gobierno federal defiende la cooperación entre TSA e ICE como una herramienta legítima para hacer cumplir la ley, el debate está lejos de cerrarse. Expertos anticipan que, a medida que se conozcan más casos y aumente el escrutinio público, podrían surgir demandas judiciales que cuestionen la legalidad o los límites de esta práctica.
En un contexto de endurecimiento migratorio y creciente polarización política, el uso de datos de pasajeros aéreos para ejecutar deportaciones se perfila como un nuevo frente de controversia, con especial resonancia en Florida y otros estados con grandes comunidades inmigrantes.
