La DIGNITY Act (H.R. 4393), impulsada por la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, continúa sumando apoyos significativos a nivel nacional y consolidándose como una de las propuestas de reforma migratoria bipartidista más completas de los últimos años.
De acuerdo con un comunicado oficial, más de 50 organizaciones de diferentes sectores —incluyendo cámaras de comercio, asociaciones de empleadores, sectores agrícolas, grupos religiosos, organizaciones comunitarias y entidades de defensa migratoria— han respaldado formalmente la iniciativa.
Esta diversidad de apoyos refleja un inusual consenso en un tema históricamente polarizado y evidencia que distintos sectores del país perciben la necesidad urgente de modernizar y estabilizar el sistema migratorio, así como de atender la escasez laboral que afecta a numerosas industrias.
«La Ley de Dignidad aporta una solución urgentemente necesaria al sistema migratorio roto de Estados Unidos. Asegura nuestras fronteras, restaura la ley y el orden, y proporciona un proceso responsable y ganado para millones de personas trabajadoras que han vivido aquí durante años y contribuido a nuestro país. La Ley de Dignidad reduce los costes para los estadounidenses, fortalece nuestra fuerza laboral y ofrece a hombres y mujeres trabajadores un camino a seguir. No es ciudadanía. No es amnistía. Es dignidad», dijo Salazar.
Un nuevo sondeo nacional muestra mayoría a favor
La oficina de Salazar también destacó los resultados de la primera gran encuesta nacional sobre el proyecto, realizada por McLaughlin & Associates, que encontró que el 51 % de los estadounidenses apoya la DIGNITY Act, frente a un 33 % que se opone.
El estudio revela que el respaldo trasciende regiones y afiliaciones políticas, con niveles de aprobación significativos entre independientes y republicanos, y una aceptación considerable entre votantes demócratas.
Los encuestados coincidieron en que una reforma migratoria viable debe incluir un fuerte componente de seguridad fronteriza, garantías para proteger al trabajador estadounidense y un proceso responsable para que inmigrantes indocumentados de larga permanencia puedan regularizar su situación sin que ello implique amnistía o acceso automático a la ciudadanía.
Los pilares centrales del proyecto de ley
La propuesta se organiza en torno a cuatro pilares principales diseñados para equilibrar seguridad, justicia y estabilidad económica. El primero es el refuerzo de la seguridad fronteriza, con medidas que incluyen aumento de personal, inversiones en tecnología y vigilancia, y la obligatoriedad nacional del sistema E-Verify, con el fin de reducir la contratación irregular y restablecer lo que el proyecto denomina un “control operacional” efectivo en la frontera.
El segundo pilar se enfoca en la protección del trabajador estadounidense, buscando eliminar la mano de obra ilegal y crear el American Worker Fund, un fondo destinado al reentrenamiento y actualización de habilidades para trabajadores nacionales en sectores afectados por la automatización o la demanda creciente de mano de obra especializada.
El tercer pilar es el Dignity Program, un proceso riguroso mediante el cual inmigrantes que llevan años en el país sin estatus legal, pero con historial limpio, podrían pagar una multa de restitución, superar verificaciones de antecedentes y cumplir compromisos laborales como parte de un camino hacia un estatus legal que no incluye ciudadanía.
Por último, el proyecto destaca que, al ordenar y regularizar la fuerza laboral, se ofrecería mayor estabilidad a los empleadores y se atendería la escasez de trabajadores que afecta a sectores como la agricultura, la construcción, el turismo y los cuidados.
Una lista de respaldos poco común en materia migratoria
La coalición que respalda la DIGNITY Act incluye organizaciones empresariales nacionales, asociaciones del sector agroindustrial, redes religiosas, grupos comunitarios y entidades de defensa migratoria, todas con argumentos convergentes sobre la urgencia de una reforma integral.
Para muchos de estos sectores, la iniciativa representa una solución pragmática que combina el interés económico, la necesidad de seguridad y la realidad humana de millones de inmigrantes que llevan años contribuyendo a la economía estadounidense sin acceso a un estatus legal formal.
La oficina de Salazar subraya que este nivel de respaldo bipartidista y multisectorial es poco común en el debate migratorio y que constituye una señal de que existe un amplio deseo nacional de avanzar hacia una solución que proporcione orden, responsabilidad y estabilidad.
Contexto histórico de la reforma migratoria en Estados Unidos
La reforma migratoria en Estados Unidos ha pasado por ciclos de apertura y restricción desde la Ley de Inmigración de 1965, que transformó el sistema al basarlo en reunificación familiar y necesidades laborales, hasta la histórica IRCA de 1986, la última reforma integral aprobada, que combinó amnistía, sanciones a empleadores y mayor seguridad fronteriza.
Desde entonces, el país ha intentado repetidamente modernizar su sistema migratorio —incluidos los proyectos bipartidistas de los años 2000 y la propuesta del “Gang of Eight” en 2013—, pero la polarización política ha impedido acuerdos duraderos. Entre medidas parciales como DACA, aumentos en la vigilancia fronteriza y órdenes ejecutivas variables, el sistema actual continúa rezagado frente a la demanda laboral, los cambios demográficos y el aumento de solicitudes de asilo, creando el escenario en el que propuestas como la DIGNITY Act buscan retomar el enfoque bipartidista de décadas pasadas.
Un intento por reducir la polarización política
En un escenario político dominado por tensiones en torno a la inmigración y con múltiples intentos fallidos de reforma durante las últimas décadas, la DIGNITY Act se presenta como un esfuerzo para acercar posiciones. Salazar ha defendido públicamente que la propuesta “no es amnistía, no es ciudadanía, es dignidad”, un mensaje dirigido a enfatizar que el proyecto exige responsabilidad tanto del gobierno como de los inmigrantes.
Para sus promotores, la iniciativa constituye una vía viable para construir un puente entre preocupaciones republicanas sobre la seguridad fronteriza y demandas demócratas relacionadas con la inclusión de inmigrantes de larga permanencia. Si logra avanzar en el Congreso, podría convertirse en el primer gran acuerdo migratorio con respaldo bipartidista en muchos años, abriendo la puerta a una reforma que ha sido postergada repetidamente.
