La política migratoria de Estados Unidos enfrenta un nuevo punto de inflexión tras la suspensión de visas de inmigrante por reunificación familiar para padres e hijos de ciudadanos estadounidenses. La medida, que comenzó a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, está vinculada a la ampliación del Travel Ban y ha dejado en pausa miles de procesos legales que se encontraban en distintas etapas de tramitación.
El impacto de esta decisión va más allá de lo administrativo, afecta directamente a ciudadanos estadounidenses que habían iniciado peticiones legales para reunirse con sus familiares inmediatos, muchos de los cuales llevaban años esperando una resolución favorable tras cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley migratoria.
La reunificación familiar, un pilar ahora debilitado
Históricamente, la reunificación familiar ha sido uno de los ejes centrales del sistema migratorio estadounidense. Las leyes federales han otorgado prioridad a los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses —padres, hijos menores y cónyuges— bajo el principio de mantener la unidad familiar.
Incluso en contextos de restricciones migratorias anteriores, estas categorías solían contar con excepciones explícitas que permitían la continuidad de los procesos. La nueva directriz rompe con esa tradición al eliminar dichas excepciones, situando a los familiares inmediatos en el mismo nivel de restricción que otras categorías migratorias.
Qué cambia con la ampliación del Travel Ban
La ampliación del Travel Ban introduce controles más estrictos y suspensiones automáticas para ciudadanos de determinados países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. En este nuevo escenario, la política ya no distingue entre tipos de visas de inmigrante, lo que ha provocado la suspensión total del procesamiento consular de múltiples categorías, incluidas las de reunificación familiar.
Esto significa que, aunque una petición haya sido aprobada por USCIS, el proceso puede quedar bloqueado en la fase consular, sin una fecha clara de reanudación ni garantías de continuidad.
En noviembre pasado, la Casa Blanca dio a conocer una ampliación significativa de las restricciones de viaje impulsadas por el presidente Donald Trump, casi duplicando el número de países afectados, que pasó de 19 a 39. La proclamación presidencial introdujo medidas más severas para cinco naciones —Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria— cuyos ciudadanos quedaron sujetos a restricciones totales para ingresar a Estados Unidos.
La suspensión de visas de reunificación familiar se inscribe dentro de un marco legal complejo, donde confluyen la autoridad ejecutiva del presidente, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y precedentes judiciales que han definido el alcance de las restricciones migratorias por razones de seguridad nacional.
Base legal del Travel Ban
El fundamento jurídico principal del Travel Ban se encuentra en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que otorga al presidente de Estados Unidos la facultad de suspender la entrada de cualquier clase de extranjeros cuando considere que su ingreso sería “perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.
Esta disposición ha sido utilizada históricamente para imponer restricciones selectivas por país, tipo de visa o circunstancias específicas. La Corte Suprema respaldó su uso amplio en el caso Trump v. Hawaii (2018), estableciendo que el poder presidencial bajo la Sección 212(f) es considerable, incluso cuando las restricciones afectan categorías tradicionalmente protegidas, como la reunificación familiar.
Diferencia entre aprobación de la petición y emisión de la visa
Uno de los puntos clave para entender el impacto de la medida es la distinción legal entre la aprobación de una petición migratoria y la emisión final de una visa. La aprobación de una petición por parte de USCIS —por ejemplo, el formulario I-130 presentado por un ciudadano estadounidense— solo reconoce la existencia del vínculo familiar. No garantiza, por sí misma, la emisión de una visa de inmigrante.
La decisión final corresponde al Departamento de Estado, a través del proceso consular, que puede suspender o negar la visa si existen restricciones presidenciales vigentes, como el Travel Ban. Por esta razón, incluso peticiones completamente aprobadas pueden quedar bloqueadas en la fase consular.
Visas aprobadas que quedaron sin efecto
Uno de los elementos más controvertidos de la medida es que afecta incluso a visas que ya se habían aprobado antes de la entrada en vigor de la nueva política. Solicitantes que completaron entrevistas consulares en 2025 y recibieron confirmaciones preliminares se notificaron posteriormente de que sus visas quedaron suspendidas o invalidadas.
En algunos casos, las notificaciones llegaron directamente en el consulado, cuando los solicitantes acudían a retirar sus documentos. En otros, las cancelaciones se produjeron de manera electrónica, sin explicaciones detalladas más allá de la referencia a las nuevas restricciones federales.
Categorías más afectadas: padres e hijos
Entre las visas más impactadas se encuentran las de la categoría IR5, destinadas a padres de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años. También se han visto afectadas peticiones para hijos que aguardaban completar su proceso de inmigración legal.
Para muchas familias, estos trámites representaban la culminación de años de separación, viajes constantes, gastos legales y planificación económica. La suspensión repentina ha obligado a reorganizar proyectos de vida que ya estaban en marcha.
Países bajo mayores restricciones migratorias
La lista de países afectados por la ampliación del Travel Ban incluye a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, entre otros. Estas naciones concentran una alta proporción de solicitudes de reunificación familiar, especialmente en comunidades establecidas en Florida y otras zonas con fuerte presencia migrante.
En el caso cubano y venezolano, la medida tiene un impacto particularmente sensible, debido a la prolongada crisis política y económica que ha impulsado la migración y la separación familiar en los últimos años.
Un impacto humano que trasciende lo legal
Más allá de los formularios y procedimientos, la suspensión de estas visas tiene un profundo impacto humano. Padres que esperaban reunirse con hijos ciudadanos estadounidenses, abuelos que planeaban apoyar a sus familias y personas mayores que dependían del reencuentro familiar como red de apoyo, enfrentan ahora una espera indefinida.
Especialistas en inmigración advierten que la ausencia de plazos claros y de criterios transparentes agrava la sensación de incertidumbre, especialmente entre personas que siguieron todas las vías legales establecidas.
Efecto dominó en otros trámites migratorios
La suspensión de visas de reunificación familiar se produce en un contexto más amplio de endurecimiento y revisión del sistema migratorio. De forma paralela, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reforzado los controles en otros procesos, como ajustes de estatus, solicitudes de residencia permanente y ciertos casos de asilo.
Este endurecimiento ha provocado retrasos adicionales en un sistema ya sobrecargado, incrementando la acumulación de casos pendientes tanto en consulados como en oficinas migratorias dentro de Estados Unidos.
Excepciones limitadas y vacíos de información
Algunos abogados de inmigración señalan que personas con doble nacionalidad podrían tener opciones limitadas si utilizan el pasaporte de un país no incluido en las restricciones. Sin embargo, estas situaciones son excepcionales, se analizan caso por caso y no ofrecen garantías de éxito.
Hasta el momento, las autoridades federales no han anunciado exenciones humanitarias amplias, ni han definido mecanismos claros para la reactivación de los procesos suspendidos.
Ciudadanos estadounidenses también afectados
Un aspecto clave de esta medida es que no solo impacta a extranjeros, sino también a ciudadanos estadounidenses que ejercían su derecho legal a solicitar la inmigración de sus familiares inmediatos. Para muchos, la suspensión representa una limitación indirecta a ese derecho, al dejar sin efecto peticiones aprobadas conforme a la ley.
Un escenario abierto y sin plazos definidos
La falta de información oficial sobre la duración de la suspensión mantiene a miles de familias en un escenario de incertidumbre prolongada. Mientras no se emitan nuevas directrices o aclaraciones por parte del Departamento de Estado o el DHS, los procesos permanecerán detenidos.
La situación refuerza el debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y reunificación familiar, en un momento en el que la política migratoria vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública estadounidense.
