Inmigrantes que aplican para la residencia, tendrían que proporcionar a las autoridades de Inmigración sus historiales de crédito, según una regla del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.


«Los informes de crédito pueden revelar información sobre el historial de pago de una persona, su deuda actual, historial de trabajo y residencia, demandas o arrestos y bancarrotas en Estados Unidos, así como si el inmigrante solicitante es o no financieramente autosuficiente» dijo el informe del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

La regla propuesta define un “buen” historial crediticio como “generalmente cercano o ligeramente superior al promedio que tienen los consumidores de EE.UU.”. Los puntajes FICO oscilan entre 300 y 850, y los prestamistas generalmente consideran que un puntaje entre los 670 y 739 es “bueno”, según cita la propuesta.

La medida servirá para medir si los solicitantes han usado beneficios del programa WIC de estampillas de comida para evitar problemas con las autoridades de Inmigración, aseguró Cameron lo que los descalificaría para obtener la residencia permanente.

«El DHS reconoce que no todos tienen un informe de crédito en los Estados Unidos. La ausencia de un historial crediticio establecido en los EE. UU. no sería necesariamente un factor negativo al evaluar carga pública en la totalidad de las circunstancias. Ausente un informe o puntaje de crédito de los EE. UU., USCIS puede dar un peso positivo a un extranjero que puede mostrar poca o ninguna deuda y un historial de pago de facturas oportuno. Un extranjero puede proporcionar evidencia del pago regular y puntual de las facturas, y limitado saldos en tarjetas de crédito y préstamos. Además, USCIS no consideraría ningún error en un crédito puntaje que ha sido verificado por la agencia de crédito para determinar si un extranjero es probable que convertirse en una carga pública en el futuro» dijo el reporte de DHS.


El mismo documento de DHS aclara que los cubanos que califican bajo categoría de refugiado o que aplican bajo la ley de ajuste cubano no estarán sujetos a las nuevas medidas que evaluarán si un inmigrante es carga pública.