El sistema migratorio de Estados Unidos enfrenta una nueva controversia tras conocerse que fiscales del gobierno están solicitando en tribunales de inmigración que ciudadanos cubanos en proceso de asilo continúen la defensa de sus casos fuera del país, específicamente desde Uganda o Ecuador. La práctica, que ha comenzado a aplicarse recientemente a solicitantes cubanos, ha encendido alertas entre abogados especializados y comunidades migrantes.
Se trata de un procedimiento que, de aprobarse por los jueces, interrumpe el proceso judicial dentro de EE.UU. y obliga a los solicitantes a litigar su caso desde un tercer país, aun cuando nunca hayan residido allí ni mantengan vínculos legales, familiares o de seguridad.
Un giro reciente en la política migratoria aplicada a cubanos
Según explicó la abogada de inmigración Liudmila Marcelo, este tipo de solicitudes representa un cambio significativo en la forma en que se están manejando los casos de asilo de ciudadanos cubanos. Aunque la figura de los llamados acuerdos de cooperación para asilo no es nueva y fue aplicada en años anteriores a migrantes de Centroamérica, su extensión a cubanos es un fenómeno reciente.
«Y en otros casos lo he recibido por escrito y en este caso tengo la corte mañana y estoy preparando la moción hoy para responder antes de la corte. Entonces, con esto, las personas, si no tienen miedo a permanecer en Uganda o Ecuador, pues son enviados a Uganda o Ecuador y tienen que defender entonces un asilo en Uganda y Ecuador», dijo Marcelo.
Históricamente, los solicitantes de asilo de Cuba han sido evaluados bajo un marco diferenciado, debido al reconocimiento internacional de la persecución política y las restricciones a derechos fundamentales en la isla. La nueva práctica rompe con esa tradición y abre un escenario inédito para muchos migrantes.
Cómo actúa el gobierno en las audiencias migratorias
De acuerdo con testimonios de abogados defensores, los fiscales del gobierno están presentando estas mociones horas o días antes de las audiencias, e incluso directamente durante la sesión ante el juez de inmigración. En algunos casos, los magistrados han aceptado la solicitud sin que el proceso llegue a una audiencia final en Estados Unidos.
El argumento central del gobierno es que el solicitante puede continuar su proceso de asilo desde un tercer país considerado “seguro”, lo que permitiría cerrar el caso en territorio estadounidense sin un fallo de fondo sobre la solicitud.
El impacto en cubanos con documento I-220A
Uno de los grupos más afectados por esta medida son los cubanos que se encuentran bajo el documento I-220A, una orden de supervisión que les permite permanecer en libertad mientras su caso migratorio se resuelve.
Para estos solicitantes, la aprobación de la moción implicaría trasladarse fuera de EE.UU. antes de que su solicitud de asilo se evalúe en profundidad. Desde el país designado, tendrían que seguir defendiendo su caso a distancia, enfrentando obstáculos como barreras idiomáticas, falta de representación legal local y condiciones de seguridad inciertas.
Uganda y Ecuador: países sin vínculo previo con los solicitantes
Uno de los aspectos que más inquieta a la defensa es que los países propuestos —Uganda y Ecuador— no guardan relación directa con los solicitantes. En muchos casos, los cubanos nunca han vivido allí ni cuentan con redes de apoyo.
Abogados señalan que esta situación puede afectar gravemente la capacidad de los solicitantes para reunir pruebas, presentar testigos y mantener contacto con sus representantes legales, elementos esenciales en un proceso de asilo.
Cuestionamientos al debido proceso
Desde el punto de vista legal, la práctica se califica como problemática y potencialmente lesiva del debido proceso. La defensa argumenta que los solicitantes tienen derecho a que su caso se escuche de manera completa ante un juez de inmigración en Estados Unidos, especialmente cuando ya se encuentran dentro del país y bajo supervisión de las autoridades.
La abogada Marcelo describió la situación como “muy grave” y advirtió que podría sentar un precedente que modifique de forma estructural el tratamiento de los casos de asilo cubanos, generando un clima de incertidumbre jurídica.
Estrategias legales para frenar las remisiones
Ante este escenario, abogados de inmigración están desplegando estrategias de defensa que incluyen comparaciones detalladas entre las condiciones de protección en Cuba y las de los países receptores. El objetivo es demostrar que Uganda o Ecuador no ofrecen garantías suficientes para personas que alegan persecución política, vigilancia estatal o represalias por su activismo.
También se están planteando argumentos relacionados con la falta de acuerdos formales plenamente transparentes, así como la imposibilidad práctica de que los solicitantes ejerzan sus derechos desde un tercer país.
Incertidumbre y temor en la comunidad migrante
La aplicación de esta medida ha generado preocupación creciente entre cubanos con casos abiertos, especialmente en estados como Florida, donde reside una de las mayores comunidades de solicitantes de asilo de la isla.
Para muchos, la posibilidad de trasladarse a un país desconocido antes de obtener una decisión judicial representa no solo un riesgo legal, sino también humano. Mientras el gobierno continúa presentando estas solicitudes, abogados y organizaciones migratorias advierten que el alcance real de esta práctica podría ampliarse en los próximos meses.
