Según una investigación realizada por The Associated Press, el gobernador de la Florida Rick Scott y otros funcionarios republicanos han gastado más de 237 millones de dólares en abogados privados para promover sus prioridades.

Los contribuyentes de la Florida también se han visto obligados a pagar casi 16 millones de dólares a los abogados del otro bando. Eso quiere decir que se ha gastado 253 millones en querellas legales en los últimos seis años.

«Doscientos cincuenta millones de dólares es un montón de dinero», expresó Dominic Calabro, presidente de Florida TaxWatch, una organización que monitorea el gasto público.

Pam Bondi, fiscal general supervisa un presupuesto legal de casi 309 millones al año, que contribuye al pago de los salarios de 450 abogados estatales, pero ese poder legal interno no evita que los líderes del estado puedan contratar abogados privados. Nadie en el gobierno estatal está siguiendo de cerca ni sumando las horas de servicio que les cobran.


Contratar abogados privados fuera del proceso presupuestario normal es algo común en gobiernos estatales de todo el país, pero posiblemente no a la misma medida que en Florida.