Las autoridades federales de Estados Unidos revocaron la ciudadanía estadounidense a un residente del sur de Florida que figuraba como ofensor sexual registrado, luego de determinar que obtuvo la naturalización de manera fraudulenta, al ocultar información clave sobre su historial criminal durante el proceso migratorio.
El caso, anunciado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, pone de relieve la revocación de la ciudadanía como herramienta legal para retirar la ciudadanía a personas que la obtuvieron mediante engaño, omisiones deliberadas o declaraciones falsas, especialmente cuando se trata de delitos graves.
Quién es el implicado y qué ocultó ante Inmigración
El hombre fue identificado como Renzo William Alegre, de 25 años, nacido en Perú y residente en Fort Lauderdale, en el condado de Broward. Según los documentos judiciales, Alegre solicitó la ciudadanía estadounidense el 16 de marzo de 2019.
Durante ese proceso, tanto en el formulario de naturalización como en la entrevista con las autoridades migratorias, negó que cometió delitos en EE.UU ni tampoco ayudó a que otros lo cometieran, una pregunta clave en el trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
En octubre de 2019, el señor Alegre reiteró la negación de la comisión de cualquier conducta delictiva durante una entrevista ante autoridades migratorias. Con base en dicha declaración y conforme al procedimiento correspondiente, le otorgaron la ciudadanía el 31 de octubre de 2019.
Sin embargo, los fiscales sostienen que esa respuesta fue falsa y constituyó una violación directa de las normas de naturalización, ya que los solicitantes están obligados a revelar cualquier conducta criminal relevante, independientemente de si hubo o no arresto previo.
Delitos federales y condena por pornografía infantil
Tiempo después de haber obtenido la ciudadanía, a Alegre lo arrestaron en septiembre de 2020 y enfrentó cargos federales relacionados con pornografía infantil. La investigación determinó que poseía aproximadamente 600 imágenes de abuso sexual infantil, un delito considerado de extrema gravedad por la legislación federal.
El acusado se declaró culpable y un tribunal lo condenó a 48 meses de prisión, además de 20 años de supervisión federal tras su liberación. Como parte de la sentencia, también fue inscrito de manera obligatoria en el registro de ofensores sexuales, lo que implica severas restricciones legales y de residencia.
Proceso de denaturalización: ciudadanía anulada
Tras la condena penal, el gobierno federal inició un proceso separado para revisar cómo Alegre había obtenido la ciudadanía estadounidense. La Fiscalía concluyó que la naturalización nunca debió haberse concedido, ya que se basó en información falsa.
Un juez federal ordenó entonces la revocación formal de la ciudadanía, así como la anulación del certificado de naturalización, devolviendo al acusado a su estatus migratorio previo. Además, Alegre se declaró culpable de fraude en el proceso de naturalización, lo que derivó en una sanción adicional que incluyó detención domiciliaria y un nuevo período de libertad supervisada.
Advertencia de las autoridades federales
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida subrayó que la ciudadanía estadounidense es un privilegio legal, no un derecho automático, y que debe obtenerse bajo estrictos principios de honestidad y transparencia.
«Este acusado mintió para obtener la ciudadanía mientras cometía delitos que explotan a niños. Cuando la ciudadanía se obtiene mediante fraude, la ley exige que se revoque. Nuestra Oficina actuará con decisión para proteger a los niños y preservar la integridad de nuestro sistema de inmigración y naturalización», advirtió el letrado.
Contexto legal y posibles consecuencias migratorias
El caso se procesó en la Corte del Distrito Sur de Florida y se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio del gobierno para preservar la integridad del sistema migratorio estadounidense. Aunque la pérdida de la naturalización es una medida poco frecuente, la ley permite su aplicación cuando se demuestra fraude sustancial en el proceso de obtención de la ciudadanía.
Una vez revocada la ciudadanía, el afectado queda expuesto a posibles procesos de deportación, dependiendo de su estatus migratorio previo y de las decisiones que adopten las autoridades de inmigración en etapas posteriores.
