El debate sobre inmigración vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política de Florida tras el anuncio del Chief Financial Officer (CFO) del estado, Blaise Ingoglia, quien presentó un paquete de ocho propuestas legislativas orientadas a endurecer el marco legal contra la inmigración irregular y limitar el acceso de personas sin estatus migratorio legal a servicios, beneficios y sistemas estatales.
Las iniciativas, que serán evaluadas durante la próxima sesión legislativa, buscan —según el funcionario— “cerrar vacíos legales” que permitirían a inmigrantes indocumentados integrarse a la vida económica y financiera del estado, y reforzar una política de disuasión alineada con el enfoque adoptado por Florida en los últimos años.
«Mientras todavía los tengamos aquí, técnicamente seguimos en estado de emergencia, y el estado debería usar todos los poderes que tenga para asegurarse de que estamos en contra de nuestras comunidades de inmigrantes ilegales especialmente criminales», dijo Ingoglia.
Un nuevo capítulo en la política migratoria de Florida
Las propuestas del CFO se inscriben en una estrategia estatal más amplia que ha convertido a Florida en uno de los estados con las políticas migratorias más restrictivas del país. En años recientes, el gobierno estatal ha aprobado leyes que amplían el uso obligatorio del sistema federal E-Verify, refuerzan la cooperación con autoridades federales de inmigración y endurecen las sanciones contra empleadores que contraten a trabajadores sin autorización legal.
Ingoglia sostiene que las nuevas medidas buscan proteger a los contribuyentes, reducir presiones sobre los sistemas públicos y evitar que el estado se convierta en un destino atractivo para la inmigración irregular.
Restricciones laborales y de compensación por accidentes
Uno de los ejes más sensibles del paquete legislativo está relacionado con el ámbito laboral y la compensación por lesiones en el trabajo. Entre las propuestas destaca la exclusión de inmigrantes indocumentados de la cobertura del sistema de workers’ compensation, lo que implicaría que no tendrían derecho a beneficios estatales en caso de accidentes laborales.
Al mismo tiempo, se plantea que las empresas que empleen a personas sin estatus legal deban asumir directamente los costos médicos y legales derivados de lesiones en el trabajo, sin recurrir al sistema estatal. El objetivo declarado es incrementar la responsabilidad de los empleadores y desalentar la contratación de mano de obra no autorizada.
Otra medida complementaria establece la obligatoriedad del uso de E-Verify en procesos vinculados a reclamaciones laborales, reforzando los mecanismos de verificación del estatus migratorio.
Licencias, idioma y regulaciones financieras
El paquete legislativo también introduce cambios en áreas administrativas y financieras. Una de las propuestas establece que los exámenes y procesos para licencias de conducir comerciales (CDL) se realicen exclusivamente en inglés, eliminando la posibilidad de ofrecerlos en otros idiomas.
Además, se busca prohibir que personas sin estatus migratorio legal puedan obtener licencias emitidas por el Departamento de Servicios Financieros de Florida, lo que afectaría actividades reguladas como seguros, corretaje y otros servicios financieros.
En el ámbito bancario, las iniciativas contemplan restricciones para la apertura de cuentas, emisión de cheques certificados y acceso a ciertos instrumentos financieros cuando se utilicen identificaciones vinculadas a estatus migratorios irregulares.
«Lo que no sabía, y sorprendentemente, es que hay algunas compañías de seguros que no solo comercializan seguros de coche para inmigrantes ilegales, sino que también escriben y suscriben las pólizas por ellos. Creo que eso está mal», agregó el economista.
Vivienda y acceso a programas estatales
Otro bloque de propuestas apunta al sector inmobiliario y de vivienda, excluyendo a inmigrantes indocumentados de programas estatales de asistencia para el pago inicial de viviendas, préstamos hipotecarios subsidiados y otras ayudas vinculadas a la compra de propiedad.
De acuerdo con el CFO, estas restricciones buscan evitar que fondos públicos sean utilizados por personas que no cuentan con estatus legal, una narrativa que ha sido recurrente en el discurso oficial del estado.
Cambios en seguros y accidentes de tránsito
Una de las medidas más controvertidas del paquete plantea modificaciones en el sistema de seguros automovilísticos. La propuesta establece que, en caso de un accidente de tránsito que involucre a una persona indocumentada, la aseguradora asuma automáticamente la responsabilidad financiera, incluso dentro del esquema de “no-fault” vigente en Florida.
Según Ingoglia, esta disposición busca reducir disputas legales y proteger a las víctimas de accidentes, aunque críticos advierten que podría generar efectos colaterales en las primas de seguros.
Reacciones y posibles desafíos legales
Aunque el anuncio ha sido respaldado por sectores conservadores y legisladores republicanos, las propuestas ya anticipan posibles impugnaciones legales. Expertos en derecho migratorio y constitucional señalan que algunas medidas podrían enfrentar cuestionamientos por conflictos con la jurisdicción federal, así como por posibles violaciones a principios de igualdad de acceso a la justicia y al debido proceso.
«Creo que la definición de ‘emergencia’ significa que es urgente. Creo que si tenemos un problema con la inmigración en Florida, debería hacerse de forma política», afirmó la senadora estatal Lori Berman.
Organizaciones defensoras de inmigrantes han advertido que las iniciativas podrían tener un impacto significativo en sectores clave de la economía de Florida, como la construcción, la agricultura, el turismo y los servicios, donde la mano de obra inmigrante es fundamental.
Un debate que trasciende Florida
El paquete presentado por el CFO no solo reaviva el debate interno en Florida, sino que también se inserta en una discusión nacional más amplia sobre el rol de los estados en la aplicación de políticas migratorias, el equilibrio entre control y derechos, y el impacto económico de la inmigración.
A medida que la Legislatura estatal analice estas propuestas, Florida se perfila nuevamente como un laboratorio político cuyas decisiones podrían influir en otros estados con agendas similares, mientras miles de familias y empleadores observan con atención un proceso legislativo que podría redefinir el alcance de la política migratoria estatal.
