El estado de Florida comenzó oficialmente el proceso de cierre de «Alligator Alcatraz», el polémico centro de detención para inmigrantes construido en los Everglades que durante casi un año se convirtió en uno de los pilares de la estrategia migratoria impulsada por el gobernador Ron DeSantis y respaldada por la administración del presidente Donald Trump.
La decisión se comunicó el lunes a las empresas contratadas para operar el complejo. Según revelaron cuatro fuentes familiarizadas con las operaciones a CBS News Miami, los proveedores recibieron instrucciones para iniciar la denominada «desmovilización total» de las instalaciones, una medida que marca el final de uno de los proyectos migratorios más ambiciosos y controvertidos desarrollados en Estados Unidos durante los últimos años.
El anuncio lo realizó por Kevin Guthrie, director de la División de Gestión de Emergencias de Florida, durante una conferencia telefónica con contratistas y operadores. Guthrie indicó que esperaba «avances significativos para el miércoles», acelerando un proceso que podría completarse en apenas una semana.
La noticia pone fin a meses de especulaciones sobre el futuro de la instalación, especialmente después de que el propio DeSantis admitiera públicamente que el centro estaba cerca de cumplir su misión. «Si mañana apagamos las luces, podremos decir que cumplió su propósito», afirmó recientemente el gobernador durante una conferencia de prensa.
Cómo será el desmontaje de una ciudad temporal para inmigrantes
La clausura de Alligator Alcatraz implica mucho más que el traslado de los detenidos. El complejo se levantó en tiempo récord sobre una pista aérea remota en medio de los Everglades y requirió la instalación de una infraestructura temporal de gran escala para albergar, procesar y custodiar a miles de inmigrantes.
Durante los próximos días se retirarán cercas de seguridad, torres de vigilancia, remolques utilizados como dormitorios y oficinas, sistemas de iluminación, áreas de procesamiento, cocinas industriales, generadores eléctricos y otras estructuras modulares construidas específicamente para el funcionamiento del centro.
Fuentes vinculadas al proyecto explicaron que cada empresa contratada por el estado firmó acuerdos que incluían cláusulas específicas de «desmovilización». La activación de esas disposiciones contractuales no solo marca el final de las operaciones, sino que también habilita el pago de compensaciones adicionales por desmontar y retirar equipos, materiales y personal.
Se estima que esas tarifas podrían representar decenas de millones de dólares adicionales para los contribuyentes de Florida.
Una vez finalizado el proceso, el terreno volverá a funcionar como una instalación aeroportuaria de menor escala destinada principalmente al entrenamiento de pilotos, recuperando así el uso que tenía antes de convertirse en un centro de detención migratoria.
El proyecto estrella de DeSantis y Trump
Cuando abrió sus puertas el 3 de julio de 2025, Alligator Alcatraz se presentó como una demostración de fuerza política frente a la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos.
La iniciativa la impulsaron Ron DeSantis y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quienes defendieron la creación de una instalación capaz de colaborar con las operaciones federales de inmigración, acelerar deportaciones y aumentar la capacidad de detención en el estado.
El nombre «Alligator Alcatraz» surgió rápidamente debido a su ubicación aislada en los Everglades, una región rodeada de pantanos, caimanes y fauna silvestre que sus promotores describían como una barrera natural contra posibles fugas.
La instalación se inauguró con una amplia cobertura mediática y recibió el respaldo de Donald Trump, quien la presentó como un modelo que otros estados podrían replicar para enfrentar la inmigración irregular.
En aquel momento, la administración estatal argumentaba que el centro permitiría responder a la presión generada por el incremento de los cruces fronterizos y las operaciones de ICE en todo el país.
Sin embargo, lo que comenzó como un símbolo de la política migratoria republicana terminó convirtiéndose en una fuente constante de controversias políticas, legales y financieras.
Más de 22.000 inmigrantes pasaron por sus instalaciones
De acuerdo con cifras divulgadas por DeSantis, más de 22.000 inmigrantes se procesaron, detuvieron o trasladaron a través de Alligator Alcatraz desde su inauguración. Durante los períodos de mayor actividad, el complejo llegó a albergar alrededor de 1.400 personas de forma simultánea, convirtiéndose en uno de los centros de detención migratoria más activos del país.
La instalación recibió inmigrantes arrestados en operaciones realizadas tanto dentro de Florida como en otros estados, funcionando como un punto estratégico para la coordinación de traslados y deportaciones.
Las autoridades estatales sostienen que el centro cumplió un papel clave en la reducción de la presión sobre otras instalaciones federales y ayudó a agilizar los procesos migratorios.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes cuestionan esas cifras y argumentan que el elevado volumen de detenidos refleja la expansión de una política basada en la detención masiva y el endurecimiento de los procedimientos migratorios.
El costo multimillonario que terminó condenando al proyecto
Aunque Alligator Alcatraz enfrentó múltiples demandas y críticas públicas, diversas fuentes coinciden en que el principal motivo detrás de su cierre fue económico. El proyecto se concibió inicialmente como una instalación temporal de bajo costo, pero con el paso de los meses los gastos crecieron de manera exponencial.
Las estimaciones más recientes sitúan el costo total del centro en aproximadamente 1.200 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente las previsiones iniciales y que ha generado preocupación incluso entre sectores favorables a la iniciativa.
Florida financió la construcción y operación utilizando recursos estatales con la expectativa de recibir posteriormente reembolsos federales. A finales de 2025, las autoridades solicitaron al gobierno federal más de 608 millones de dólares para cubrir parte de los gastos relacionados con la instalación.
Aunque la solicitud fue aprobada, el desembolso de esos recursos se ha visto retrasado por litigios judiciales, revisiones administrativas, cuestionamientos ambientales y disputas sobre la legalidad de algunos aspectos del proyecto.
Mientras tanto, los costos continuaron acumulándose. Según CBS Miami, varias empresas contratistas enfrentaban millones de dólares pendientes de cobro, una situación que incrementó la presión sobre el estado para encontrar una salida financiera al proyecto.
Las denuncias por presuntos abusos dentro del centro
Desde sus primeros meses de funcionamiento, Alligator Alcatraz fue objeto de fuertes cuestionamientos por parte de abogados de inmigración, familiares de detenidos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Las denuncias incluían dificultades para acceder a representación legal, problemas en las comunicaciones con familiares, largas esperas para recibir atención médica y condiciones de vida consideradas inadecuadas por algunos observadores.
Exdetenidos y activistas también denunciaron restricciones en el acceso a servicios básicos y criticaron la ubicación aislada del complejo, argumentando que dificultaba la supervisión independiente de las condiciones dentro del centro.
Las autoridades estatales rechazaron sistemáticamente esas acusaciones y aseguraron que las instalaciones cumplían con los estándares establecidos para centros de detención migratoria. Sin embargo, las críticas continuaron creciendo a medida que aumentaba la visibilidad nacional del proyecto.
El duro informe de Amnistía Internacional
Uno de los momentos más delicados para la imagen pública de Alligator Alcatraz ocurrió cuando Amnistía Internacional publicó un informe ampliamente crítico sobre las condiciones observadas en la instalación.
La organización cuestionó aspectos relacionados con el trato a los detenidos, el acceso a servicios esenciales y las condiciones generales de alojamiento. El informe se sumó a las preocupaciones expresadas por otras organizaciones nacionales e internacionales que monitorean el respeto a los derechos humanos en centros de detención.
Aunque los responsables del proyecto rechazaron las conclusiones del documento, el informe aumentó la presión pública sobre las autoridades estatales y alimentó las demandas para cerrar la instalación.
Los Everglades y la batalla ambiental que aún continúa
Más allá del debate migratorio, Alligator Alcatraz también se convirtió en un foco de conflicto ambiental. Diversas organizaciones conservacionistas denunciaron que la construcción del complejo en una zona ecológicamente sensible podría haber generado impactos negativos sobre los Everglades, uno de los ecosistemas más importantes y frágiles de América del Norte.
Grupos ambientalistas, científicos y representantes de comunidades indígenas cuestionaron los procedimientos utilizados para autorizar el proyecto y argumentaron que no se realizaron estudios ambientales suficientemente exhaustivos antes de iniciar las obras.
Las demandas judiciales relacionadas con estos temas continúan activas y podrían prolongarse incluso después del cierre definitivo del centro. Algunos de los litigios buscan determinar si el estado deberá financiar medidas de restauración ambiental en las áreas afectadas.
Un símbolo de la política migratoria que desaparece
El cierre de Alligator Alcatraz representa mucho más que el fin de una instalación de detención. Para sus defensores, el centro demostró que los estados pueden desempeñar un papel más activo en el control migratorio y colaborar estrechamente con las autoridades federales para acelerar deportaciones y reforzar la seguridad fronteriza.
Para sus críticos, fue un costoso experimento político que dejó interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos, el uso de fondos públicos y el impacto ambiental de proyectos desarrollados bajo presión política.
Lo cierto es que, tras procesar a más de 22.000 inmigrantes, generar gastos cercanos a los 1.200 millones de dólares y convertirse en uno de los centros de detención más conocidos del país, Alligator Alcatraz está a punto de desaparecer del paisaje de los Everglades.
Su cierre pone fin a un capítulo que seguirá siendo objeto de debate en los próximos años, tanto por sus implicaciones migratorias como por las lecciones políticas, económicas y legales que deja detrás.
