Florida aprobó una nueva restricción que impedirá que determinadas universidades públicas del estado matriculen por primera vez a personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos.
La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal aprobó la modificación el jueves 3 de septiembre. La medida comenzará a aplicarse durante el curso académico 2027-2028, por lo que no entra en vigor inmediatamente.
La nueva disposición establece que una persona “presente ilegalmente en Estados Unidos” no podrá realizar su matrícula inicial en una universidad estatal que, durante los dos cursos académicos más recientes, no haya aceptado a todos los solicitantes que reunían los requisitos académicos.
La excepción utilizada para determinar qué instituciones están alcanzadas corresponde a los aspirantes rechazados por razones no académicas, según precisa el texto de la Regulación 6.001 de la Junta de Gobernadores.
La prohibición no se aplica de igual manera a todas las universidades
Aunque la medida ha sido presentada como una prohibición para que los estudiantes indocumentados asistan a las universidades estatales, su alcance contiene varios matices importantes.
La regulación se dirige a las instituciones que no admitieron a todos los aspirantes académicamente calificados durante los dos años anteriores. Esto significa que su aplicación dependerá de las estadísticas de admisión de cada universidad.
El documento tampoco ordena expresamente expulsar a estudiantes indocumentados que ya se encuentren matriculados. La disposición utiliza específicamente el término “matrícula inicial”, por lo que se concentra en las nuevas admisiones a partir del curso 2027-2028.
La regulación aprobada no incluye una lista de las universidades que estarán sujetas a la prohibición. Cada institución deberá determinar si cumple la condición establecida, tomando como referencia sus procesos de admisión de los dos años académicos anteriores.
La propuesta había recibido aprobación preliminar el 25 de junio de 2026 y fue sometida posteriormente a un periodo de comentarios públicos. De acuerdo con los documentos oficiales de la Junta, se recibieron opiniones sobre el proyecto, pero estas no provocaron cambios en el texto que llegó a la votación final.
DeSantis celebra la decisión
El gobernador Ron DeSantis respaldó públicamente la aprobación y aseguró que la política busca priorizar a los residentes de Florida y a los ciudadanos estadounidenses.
“Me alegra ver que la Junta de Gobernadores ratificó la prohibición de estudiantes extranjeros ilegales en nuestros colegios y universidades”, escribió DeSantis en sus redes sociales, antes de añadir que siempre se debe poner “a los floridanos y a los estadounidenses primero”.
La decisión fue criticada por organizaciones sindicales vinculadas al sector educativo, entre ellas United Faculty of Florida y Florida Education Association.
Robert Cassanello, presidente de United Faculty of Florida, afirmó que la Junta perdió de vista su responsabilidad de proteger la educación superior como un bien común.
El dirigente advirtió que la regulación podría limitar la formación de futuros trabajadores y profesionales en momentos en que Florida enfrenta escasez de personal en sectores como la salud, la educación y los oficios especializados.
Florida amplía las restricciones educativas
La decisión sobre las universidades forma parte de una política estatal más amplia dirigida a limitar el acceso de inmigrantes indocumentados a instituciones públicas de enseñanza.
Meses antes, la Junta de Educación de Florida había aprobado restricciones similares para los state colleges y los programas públicos de educación para adultos.
Con la nueva medida, Florida se suma a Alabama, Georgia y Carolina del Sur, estados que ya cuentan con políticas que restringen la matrícula universitaria de personas sin estatus migratorio legal, de acuerdo con FOX 35 Orlando.
La modificación podría afectar a jóvenes que terminaron la secundaria en Florida, pero que no poseen un estatus migratorio que les permita demostrar una presencia legal en Estados Unidos.
Sin embargo, todavía quedan preguntas sobre la implementación práctica, la forma en que las universidades verificarán el estatus migratorio y cuáles instituciones quedarán incluidas cuando la prohibición entre en vigor.
Hasta el momento, la regulación oficial no explica qué documentos deberán presentar los solicitantes ni describe un procedimiento para estudiantes con trámites migratorios pendientes. Las universidades deberán publicar sus criterios, políticas y procedimientos de admisión, de acuerdo con las reglas generales del sistema estatal.
