Un exoficial cubano de alto rango, identificado como Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, de 64 años, fue detenido en Estados Unidos acusado de ocultar su pasado militar al solicitar la residencia permanente. El caso ha generado amplio interés por los antecedentes del acusado, quien sirvió durante casi tres décadas en la Fuerza Aérea Revolucionaria y en la Defensa Antiaérea de Cuba, y podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión federal.
Acusaciones formales del Departamento de Justicia
Según el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense, González-Pardo terminó arrestado tras una investigación iniciada por la oficina del FBI en Miami, con apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS).
El exmilitar presentó el formulario I-485 el 20 de abril de 2025, solicitando la residencia permanente bajo supuestos falsos. En el documento declaró que nunca había recibido entrenamiento con armas ni había pertenecido a ninguna fuerza militar o de seguridad, pese a haber desarrollado una prolongada carrera dentro de las estructuras castrenses de Cuba entre 1980 y 2009.
“El pasado de este hombre como piloto militar del malvado régimen de Castro, que ha causado tanto sufrimiento al pueblo cubano, debía haber sido clave en su expediente migratorio”, dijo la fiscal adjunta Pamela Bondi quien agregó que el Departamento de Justicia se mantendrá investigando el pasado de quienes llegan a EE.UU tras servir a la dictadura cubana.
Los fiscales sostienen que González-Pardo mintió deliberadamente para obtener un beneficio migratorio y eludir posibles restricciones que se aplican a exmilitares de regímenes señalados por violaciones de derechos humanos. De ser hallado culpable, podría recibir hasta 10 años de prisión por fraude migratorio y 5 años adicionales por falsedad en declaraciones ante el gobierno federal.
Un pasado militar con peso político
A González-Pardo lo describen como un coronel retirado de la Fuerza Aérea cubana. Diversas fuentes periodísticas y testimonios en el exilio lo vinculan con la Defensa Antiaérea en el período en que ocurrió el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996.
Aquel ataque, ejecutado por cazas MIG-29 y MIG-23 de la FAR, provocó la muerte de cuatro pilotos civiles cubanoamericanos, un hecho que generó una fuerte condena internacional y agravó la tensión entre Washington y La Habana.
Aunque el artículo no especifica la responsabilidad directa de González-Pardo en ese operativo, su rango y trayectoria dentro de la estructura militar han reavivado el debate sobre la presencia en Estados Unidos de antiguos cuadros militares del régimen cubano que habrían ingresado bajo programas de parole o refugio humanitario.
Tras concluir su carrera militar, continuó vinculado al sector aéreo asumiendo responsabilidades en la aviación civil cubana. En ese ámbito llegó a ocupar, entre otros puestos, el de segundo jefe de la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional José Martí —reconocida como la Terminal de Carga Internacional—, un espacio estratégico donde trabajaba en coordinación con empresas extranjeras dedicadas al transporte aéreo y la logística.
Su vida en Florida antes del arresto
González-Pardo llegó a Estados Unidos bajo un permiso de “parole humanitario” aprobado durante la administración de Joe Biden, mecanismo que ha permitido a miles de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses residir temporalmente en el país mientras tramitan su estatus migratorio.
De acuerdo con reportes de medios locales, residía en Jacksonville, Florida, y trabajaba en una panadería mientras aguardaba la llegada de su esposa, que permanece en Cuba. Vecinos describieron su vida como tranquila y discreta, sin antecedentes de conflictos o detenciones previas en territorio estadounidense.
Repercusiones políticas y migratorias
El caso ocurre en un contexto de mayor escrutinio sobre las solicitudes de residencia y asilo político de ciudadanos cubanos con pasado militar o gubernamental. Expertos legales señalan que, si se confirma que el acusado ocultó su historial, podría ser descalificado permanentemente de cualquier beneficio migratorio, además de enfrentar procesamiento penal.
La detención también podría reabrir el debate en el Congreso sobre los mecanismos de verificación de antecedentes en programas como el parole humanitario, especialmente cuando los solicitantes provienen de países con estructuras militares cerradas y con registros de control estatal sobre sus ciudadanos.
La defensa y el proceso judicial
Hasta el momento, no se ha confirmado si González-Pardo cuenta con representación legal privada o un abogado público. Las autoridades no han detallado si permnecerá bajo custodia mientras se desarrolla el proceso judicial ni la fecha de su primera comparecencia ante el tribunal federal.
El Departamento de Justicia recordó que una acusación formal no implica culpabilidad, y que el acusado conserva su derecho a la presunción de inocencia hasta que concluya el juicio.
Contexto: antecedentes similares
Casos anteriores de exmilitares cubanos que llegaron a Estados Unidos han despertado inquietud entre la comunidad del exilio. En los últimos años, se han documentado situaciones en que antiguos funcionarios del régimen solicitaron beneficios migratorios sin revelar su historial dentro de las fuerzas armadas o los organismos de seguridad del Estado.
Las agencias federales han intensificado los controles tras descubrir varios episodios de fraude en solicitudes de asilo y residencia, particularmente entre solicitantes que ocuparon cargos sensibles en Cuba antes de emigrar.
Un caso que revive heridas históricas
Más allá del aspecto judicial, el arresto de González-Pardo vuelve a poner sobre la mesa uno de los capítulos más oscuros de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos: el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Para muchos exiliados, la posibilidad de que un oficial vinculado a esa estructura haya logrado establecerse en el país representa una contradicción moral y política.
El proceso judicial definirá no solo el destino del acusado, sino también la manera en que las autoridades estadounidenses gestionan la presencia de antiguos cuadros del aparato militar cubano en territorio nacional.
