Un jurado federal de Miami falló a favor de Expedia Group en una demanda presentada por dos cubanoamericanos que acusaban a la plataforma de beneficiarse de hoteles construidos sobre terrenos confiscados por el régimen cubano.
La decisión, emitida este lunes, representa una nueva derrota para quienes intentan obtener compensación mediante el Título III de la Ley Helms-Burton, aunque el jurado no llegó a determinar si Expedia había “traficado” ilegalmente con las propiedades.
El caso se detuvo en un punto anterior y decisivo: Mario Echevarría, de 91 años, y Maricela Mata, de 66, no consiguieron demostrar suficientemente que poseían derechos legales sobre los terrenos reclamados, según informaron The New York Times y Law360.
Las pruebas de propiedad decidieron el juicio
Echevarría sostenía que su familia había sido propietaria de terrenos en Cayo Coco antes de las confiscaciones ejecutadas por el régimen instaurado tras la revolución de 1959.
Sobre esos terrenos se levantaron posteriormente complejos turísticos cuyas habitaciones fueron ofrecidas mediante las plataformas de Expedia. Sin embargo, el demandante no pudo presentar documentación que demostrara de forma concluyente la titularidad de su familia.
El abogado de Expedia, David Shank, resumió el problema durante sus argumentos ante el jurado: “¿De quién es? No tengo ni idea. Eso lo deciden ustedes”.
Mata, por su parte, reclamaba el terreno donde se encuentra el Hotel San Carlos de Cienfuegos, construido en 1928. La demandante presentó documentos relacionados con su abuelo Antonio, pero la defensa sostuvo que se trataba de registros mercantiles y no de títulos legales de propiedad.
Al no quedar acreditado ese requisito, el jurado no tuvo que resolver si las reservas gestionadas por Expedia constituían tráfico con bienes confiscados.
Expedia alegó que desconocía las reclamaciones
Los abogados de la compañía afirmaron que Expedia no sabía que los cinco hoteles incluidos en el litigio estaban construidos sobre propiedades reclamadas por familias cubanoamericanas.
La defensa también argumentó que sus operaciones se realizaron bajo las licencias de viaje vigentes durante el acercamiento impulsado por la Administración de Barack Obama. Expedia comenzó a ofrecer reservas en hoteles cubanos en 2017 y dejó de hacerlo en 2025. La compañía celebró el resultado y aseguró que la decisión respalda la posición mantenida durante el proceso.
El abogado de los demandantes, Andrés Rivero, rechazó esa interpretación y sostuvo que las empresas acusadas utilizaron los bienes confiscados “en alianza con los socios comunistas cubanos”.
El fallo no legitima las confiscaciones del régimen cubano
La victoria de Expedia no determina que los terrenos pertenecieran legítimamente al Estado cubano ni cuestiona que el régimen realizara expropiaciones masivas sin indemnizar a sus propietarios.
La decisión refleja, en cambio, la dificultad de reconstruir cadenas de titularidad más de seis décadas después de los despojos, especialmente cuando las familias abandonaron el país sin poder conservar escrituras, registros y otros documentos.
El Título III de la Ley Helms-Burton permite a ciertos ciudadanos estadounidenses demandar a empresas o personas que se beneficien de propiedades confiscadas en Cuba. La disposición permaneció suspendida durante más de dos décadas hasta que la primera Administración Trump permitió su aplicación en mayo de 2019.
Para ganar, los demandantes deben demostrar tanto sus derechos sobre el bien como el conocimiento y la participación de la empresa acusada en su explotación comercial.
Segunda victoria de Expedia en estos litigios
El fallo representa el segundo triunfo consecutivo de Expedia en procesos relacionados con propiedades confiscadas en Cuba. En julio de 2025, un jurado federal de Delaware rechazó una reclamación conocida como Sánchez Hill, en la que los demandantes solicitaban más de 1,700 millones de dólares.
La compañía también enfrentó un resultado inicialmente adverso en Miami. En abril de 2025, otro jurado concedió a Echevarría aproximadamente 29.8 millones de dólares por reservas realizadas en hoteles de Cayo Coco.
El juez federal Federico Moreno anuló posteriormente aquel veredicto al concluir que Expedia había suspendido las reservas dentro del plazo legal de 30 días establecido después de recibir la notificación. Ese caso continúa en apelación. La resolución judicial explicó que la compañía cesó las reservas dentro del período permitido por la ley y ordenó dictar sentencia a favor de Expedia y sus subsidiarias.
Miles de propiedades confiscadas continúan sin compensación
Los registros oficiales muestran la magnitud del conflicto patrimonial provocado por las confiscaciones del régimen cubano.
La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos recibió 8,821 reclamaciones y reconoció 5,913 indemnizaciones, con un valor principal superior a 1,902 millones de dólares. Estados Unidos todavía no ha alcanzado un acuerdo con Cuba para pagar esas deudas, según el Departamento de Justicia.
Con los intereses acumulados durante décadas, diferentes estimaciones sitúan el valor actual por encima de los 9,000 millones de dólares.
Especialistas consideran que el resultado favorable a Expedia evidencia uno de los principales obstáculos de estos procesos: no basta con probar que el régimen confiscó una propiedad; cada demandante también debe reconstruir documentalmente la titularidad y demostrar que heredó legalmente los derechos reclamados.
La derrota, por tanto, limita este caso concreto, pero no cierra las puertas a otras acciones bajo la Helms-Burton. Las reclamaciones respaldadas por certificaciones oficiales o títulos suficientemente documentados pueden tener un recorrido judicial diferente.
