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Una exjueza cubana que llegó a Estados Unidos y fue liberada con un documento I-220A permanece detenida desde hace más de dos meses en el Centro de Transición de Broward, mientras enfrenta acusaciones de fraude migratorio y de haber ocultado una supuesta vinculación con el Partido Comunista de Cuba (PCC).
Katrina Castro-Menéndez, de 41 años y natural de Matanzas, fue detenida el pasado 12 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando salía de su vivienda en Cooper City, Florida.
Su caso fue documentado por el diario español El País, que la entrevistó dentro del centro de detención y tuvo acceso a documentos presentados ante la corte de inmigración de Miami.
¿De qué acusa el Gobierno a la exjueza cubana?
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sostiene que Castro-Menéndez podría ser inadmisible por haber intentado obtener beneficios migratorios mediante fraude o una declaración deliberadamente falsa.
Las autoridades también alegan que la cubana no reveló una supuesta afiliación o asociación con el Partido Comunista durante su proceso migratorio.
El argumento del Gobierno se apoya en que Castro-Menéndez trabajó como jueza penal dentro del sistema judicial cubano, una función que, según las autoridades estadounidenses, implicaba una vinculación con el PCC que debió ser informada en sus solicitudes.
La exjueza niega rotundamente haber militado en el Partido Comunista y cuestiona que su antiguo cargo pueda utilizarse como prueba automática de una afiliación política.
De acuerdo con el reportaje, otros antiguos jueces cubanos consultados aseguraron que pertenecer al PCC no era un requisito obligatorio para ocupar una plaza dentro del sistema judicial de la isla.
Castro-Menéndez también señala que comenzó a ejercer como jueza cuando tenía 23 años. Según su versión, nunca participó en procesos contra opositores ni estuvo involucrada en casos relacionados con manifestaciones políticas.
Diferencias entre sus formularios migratorios
El origen de la acusación de fraude estaría en las respuestas incluidas en dos solicitudes migratorias presentadas en momentos diferentes.
En su solicitud de asilo se indicó que Castro-Menéndez no había pertenecido a organizaciones políticas. La cubana sostiene que pagó alrededor de 3,000 dólares a un bufete para preparar ese proceso y que la persona encargada nunca le realizó una entrevista detallada antes de completar el formulario.
Posteriormente, al presentar su solicitud de residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, reconoció haber pertenecido a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).
La diferencia entre ambas declaraciones se convirtió en uno de los fundamentos de la acusación de fraude o tergiversación deliberada.
Castro-Menéndez asegura que nunca intentó ocultar información y que desconocía que su solicitud de asilo contenía respuestas incompletas. También sostiene que su participación en los CDR, la FMC y la FEU respondía a prácticas ampliamente extendidas en Cuba y no significa que hubiera pertenecido al Partido Comunista.
La corte deberá determinar si existió una omisión intencional y si las respuestas cuestionadas fueron relevantes para la obtención de un beneficio migratorio.
También deberá evaluarse la responsabilidad de la solicitante sobre la información presentada por el bufete que preparó su caso.
Llegó a Estados Unidos y fue liberada con una I-220A
Castro-Menéndez estudió Derecho en la Universidad de La Habana y comenzó su carrera mediante el servicio social en un tribunal de Cárdenas, en Matanzas.
Según su relato, posteriormente trabajó como jueza penal, pero los casos que atendió estaban relacionados principalmente con delitos comunes y condenas que no superaban los 12 meses.
En 2014 abandonó la judicatura y comenzó a trabajar como abogada en un bufete colectivo de Centro Habana. Cinco años después viajó a México para cursar una maestría en Derechos Humanos.
El 13 de agosto de 2021 se presentó en un punto de la frontera de Arizona y fue liberada con un formulario I-220A, conocido como orden de libertad bajo palabra o reconocimiento.
La I-220A no constituye por sí sola un estatus migratorio ni equivale a un parole. Este documento ha generado prolongadas disputas legales para numerosos cubanos que solicitaron ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Castro-Menéndez solicitó posteriormente la residencia permanente, pero su pasado dentro del sistema judicial cubano y las diferencias entre sus formularios quedaron bajo el escrutinio de las autoridades migratorias.
Compareció ante el juez sin abogado
El 5 de agosto, la exjueza compareció ante un juez de inmigración en Miami sin representación legal.
Durante la audiencia negó haber sido miembro del Partido Comunista y explicó que la primera solicitud fue preparada por el bufete que contrató sin realizarle una entrevista exhaustiva.
También reconoció su participación en los CDR, la FMC y la FEU, pero insistió en que ninguna de esas afiliaciones demostraba una militancia en el PCC.
El caso llegó además a una corte federal. Los registros judiciales indican que el 10 de agosto fue presentada una petición de habeas corpus a nombre de Castro-Menéndez ante el Distrito Sur de Florida.
El expediente se mantenía activo y una jueza federal emitió una orden para que las autoridades respondieran. Este procedimiento examina la legalidad de su detención y es independiente del proceso migratorio en el que se analizan las acusaciones de fraude e inadmisibilidad.
Separada de su esposo y su hija
La detención también ha separado a Castro-Menéndez de su esposo, Deyni Rojas González, y de su hija de 15 años.
Sus familiares no han podido visitarla en el centro de Broward porque no cuentan con residencia permanente o ciudadanía estadounidense, según la información publicada.
Las comunicaciones mediante videollamadas también se habrían interrumpido después de vencer la identificación migratoria del esposo, quien recibió anteriormente protección mediante un programa de parole humanitario.
La cubana teme ser deportada y tener que regresar con su familia a una isla marcada por los apagones, la escasez y la crisis económica.
Por el momento, no existe una decisión pública definitiva sobre su posible deportación ni sobre las acusaciones formuladas por el Gobierno.
El futuro de Castro-Menéndez dependerá ahora de las determinaciones de la corte de inmigración y del tribunal federal que examina su detención. Mientras tanto, continuará bajo custodia de ICE en Broward, defendiendo que nunca perteneció al Partido Comunista y que las diferencias en sus formularios no fueron intencionales.
