Ricardo Zúñiga, exasesor principal para el Hemisferio Occidental durante el gobierno de Barack Obama y uno de los diplomáticos que participó en el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, afirmó que considera probable que Washington termine recurriendo a una acción militar contra la isla si fracasan los contactos políticos y la presión sobre el régimen cubano.
La advertencia fue hecha durante una entrevista con Gloria Ordaz en el programa Encuentro Virtual, en la que el exfuncionario aclaró que su evaluación no apunta a una invasión terrestre ni a una ocupación militar, sino a un eventual ataque aéreo como parte de una estrategia de máxima presión. Aunque insistió en que se trata de un análisis personal y no de una información oficial, sus palabras han provocado atención por el momento en que se producen: una etapa de endurecimiento de Washington hacia La Habana, nuevas sanciones contra estructuras económicas del régimen y contactos bilaterales sin resultados visibles.
Zúñiga, quien conoce de cerca las negociaciones con el gobierno cubano por su papel en el deshielo diplomático de la era Obama, planteó que la administración de Donald Trump ya cuenta con instrumentos suficientes para presionar al régimen. Sin embargo, advirtió que si esas herramientas no son usadas para abrir una negociación real, el escenario podría derivar en una escalada peligrosa.
Una advertencia que eleva el tono sobre Cuba
La frase más contundente de Zúñiga fue su afirmación de que ve “probable” que Estados Unidos termine atacando a Cuba si la presión política y diplomática no produce resultados. La declaración no equivale a un anuncio de política oficial, pero resulta significativa por provenir de una figura que participó directamente en uno de los momentos más importantes de la relación bilateral en las últimas décadas.
El exasesor de Obama dejó claro que no imagina una invasión militar al estilo tradicional, sino una operación aérea limitada, diseñada para enviar un mensaje político o debilitar puntos estratégicos del aparato cubano. Aun así, subrayó que una acción de ese tipo tendría efectos inciertos y podría no conseguir el objetivo de provocar una transición política.
«Habrá frustración en las conversaciones y decidirán atacar. No sería una invasión, queda claro que sería un ataque aéreo, pero eso no llevaría la situación a un cambio. Sí es posible y yo creo que es probable que así va a terminar», advirtió.
El planteamiento introduce un elemento de alarma en medio de un debate que hasta ahora se había centrado principalmente en sanciones, restricciones económicas, presión diplomática y posibles negociaciones discretas. Con sus declaraciones, Zúñiga puso sobre la mesa la pregunta de qué podría ocurrir si Washington concluye que los mecanismos tradicionales de presión no han logrado modificar el comportamiento del régimen cubano.
Zúñiga no cree que un ataque garantice un cambio político
Aunque consideró posible un ataque aéreo, Zúñiga fue igualmente claro al advertir que una acción militar no garantizaría un cambio de régimen ni una transición democrática en Cuba. Para el exdiplomático, el sistema cubano no depende de una sola persona ni de un objetivo militar específico, sino de una estructura de poder mucho más amplia y resistente.
En su análisis, un bombardeo o una operación aérea podría generar un impacto político inmediato, pero no necesariamente modificaría la correlación interna de fuerzas. La cúpula cubana, sostuvo, está organizada alrededor de instituciones que han demostrado capacidad para resistir crisis económicas, sanciones, protestas sociales y aislamiento internacional.
Esa lectura diferencia la situación cubana de otros escenarios donde Washington ha intentado presionar a gobiernos adversarios mediante acciones militares puntuales. En el caso de Cuba, según Zúñiga, el verdadero centro de poder está distribuido entre las Fuerzas Armadas, el Partido Comunista, el Ministerio del Interior, GAESA y otros actores del aparato estatal. Por eso, cualquier estrategia que ignore esa arquitectura institucional corre el riesgo de producir más tensión sin generar cambios reales.
La “palanca” de Trump: sanciones, presión económica y aislamiento
Uno de los puntos principales de la entrevista es la idea de que la administración Trump ya posee una “palanca” suficiente para intentar negociar con La Habana. Zúñiga se refirió así al conjunto de sanciones, restricciones financieras y medidas de presión que Washington ha aplicado contra el régimen y sus estructuras económicas.
En los últimos meses, Estados Unidos ha reforzado las acciones contra entidades vinculadas a GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas y señalado por Washington como uno de los principales pilares económicos del sistema. La presión contra ese entramado busca limitar el acceso de la élite gobernante a recursos, financiamiento y beneficios derivados de sectores estratégicos como el turismo, el comercio, la logística y otros negocios estatales.
Para Zúñiga, esa presión acumulada podría ser útil si se emplea como instrumento para forzar una negociación seria. Pero también advirtió que continuar sumando sanciones sobre una economía ya profundamente dañada no necesariamente resolverá la crisis ni producirá por sí solo un cambio político.
«Seguir acumulando sanciones sobre una economía que está muy afectada tampoco hace sentido. Ahora es el momento de usar esa palanca que ha acumulado el gobierno del presidente Trump», explicó.
Su argumento apunta a una diferencia clave entre presión y estrategia. La presión puede debilitar al régimen, pero sin una ruta política clara podría terminar aumentando el sufrimiento de la población sin abrir una salida concreta. Por eso, el exfuncionario sugirió que Washington debería transformar esa “palanca” en una negociación que obligue a La Habana a tomar decisiones reales.
Cuba enfrenta una crisis más profunda que durante el deshielo
Zúñiga comparó el escenario actual con el período del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba durante la administración Obama, y afirmó que la isla se encuentra ahora en una situación mucho más grave que entonces.
Durante el deshielo, iniciado formalmente en diciembre de 2014, ambos gobiernos apostaron por una etapa de acercamiento diplomático, reapertura de embajadas, flexibilización de ciertos viajes y expectativas económicas. Aunque ese proceso no eliminó las diferencias políticas entre Washington y La Habana, sí abrió un margen de diálogo que generó esperanzas dentro y fuera de Cuba.
El panorama actual es muy distinto. Cuba atraviesa una crisis marcada por apagones prolongados, deterioro de los servicios básicos, escasez de alimentos y medicinas, inflación, colapso de infraestructura, migración masiva y creciente frustración social. La economía continúa debilitada, mientras sectores clave como el turismo y la inversión extranjera enfrentan severas limitaciones.
Para Zúñiga, el régimen desaprovechó oportunidades durante los años de apertura. En lugar de impulsar reformas profundas, mantuvo el control político y económico, lo que contribuyó a que la crisis actual sea más severa. Esa falta de cambios estructurales, según su análisis, dejó al gobierno cubano con menos margen de maniobra frente a una nueva etapa de presión estadounidense.
El temor central de la élite cubana: perder el poder
El exasesor de Obama también profundizó en lo que considera el principal temor de la dirigencia cubana. A su juicio, la cúpula del régimen no solo teme el deterioro económico, sino sobre todo perder el control político.
Según Zúñiga, los sectores que integran el núcleo de poder podrían estar calculando que cualquier apertura real o concesión profunda podría poner en riesgo su supervivencia. Esa percepción ayuda a explicar por qué el régimen ha evitado reformas políticas significativas, incluso cuando la situación interna se ha vuelto cada vez más difícil para la población.
«Lo que están pensando ahora es que la única opción que tienen es mantener el control político central y autoritario o posiblemente perder sus vidas e ir a la cárcel en Estados Unidos», sostiene Zúñiga.
La lógica de preservación del poder ha sido una constante del sistema cubano. La apertura económica ha sido limitada, controlada y subordinada a la estabilidad política del régimen. Cada vez que una reforma amenaza con crear espacios autónomos o reducir el control del Estado, las autoridades han optado por frenar, regular o revertir el proceso.
En ese contexto, Zúñiga plantea que la resistencia del gobierno cubano a negociar cambios de fondo no obedece únicamente a razones ideológicas, sino también al temor de sus dirigentes a perder privilegios, protección institucional y control sobre el país.
El poder cubano no está concentrado en Díaz-Canel
Otro elemento clave del análisis de Zúñiga es que el poder real en Cuba no se reduce a la figura de Miguel Díaz-Canel. Aunque Díaz-Canel ocupa la presidencia y representa formalmente al Estado, el exdiplomático considera que las decisiones fundamentales pasan por una estructura más compleja.
Esa estructura incluye al Partido Comunista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, los servicios de inteligencia, GAESA y sectores históricos vinculados al castrismo. Todos esos actores tienen intereses políticos, económicos y de seguridad que pesan en cualquier decisión estratégica.
«No hay una sola persona. Tiene que ser una delegación que represente a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior y al Partido Comunista, porque son ellos quienes realmente están en control», afirmó.
Por esa razón, Zúñiga sostuvo que no existe un interlocutor único capaz de negociar por todo el régimen. Una conversación seria con Washington tendría que involucrar a representantes de los sectores que realmente controlan el aparato estatal y económico.
Este punto es especialmente importante porque cuestiona la idea de que un acuerdo pueda alcanzarse únicamente mediante contactos diplomáticos formales. Para el exfuncionario, cualquier pacto viable tendría que incluir garantías, concesiones y compromisos asumidos por quienes poseen capacidad efectiva de decisión dentro del sistema cubano.
GAESA, las Fuerzas Armadas y el centro económico del régimen
La mención a GAESA resulta fundamental en el contexto de las sanciones recientes y del análisis de Zúñiga. El conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas ha sido señalado durante años como una de las piezas centrales del poder económico cubano.
A través de empresas vinculadas a sectores estratégicos, GAESA ha tenido presencia en actividades relacionadas con el turismo, el comercio exterior, las finanzas, la logística, las tiendas recaudadoras de divisas y otros negocios clave. Para Washington, este entramado no solo sostiene económicamente al régimen, sino que permite a las élites militares y políticas beneficiarse mientras la población enfrenta escasez y deterioro.
Las sanciones contra entidades relacionadas con GAESA buscan cortar flujos de recursos y aumentar el costo de mantener el sistema sin reformas. Sin embargo, Zúñiga advierte que golpear ese núcleo económico puede aumentar la presión, pero no necesariamente produce por sí solo una salida política si no va acompañado de una estrategia negociadora.
La importancia de GAESA también explica por qué cualquier eventual negociación tendría que incluir a figuras vinculadas al poder militar y económico. En Cuba, la economía estatal y la seguridad nacional están profundamente entrelazadas.
Alejandro Castro Espín y el recuerdo de las negociaciones secretas
Durante la entrevista, Zúñiga recordó el papel de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, en las conversaciones secretas que precedieron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos durante la administración Obama.
El exdiplomático señaló que Castro Espín encabezó la delegación cubana en aquellas negociaciones y lo describió como una figura ortodoxa, formada dentro de la visión política del gobierno de Fidel Castro. Su participación mostró que, incluso en una etapa de apertura, La Habana confió la negociación a representantes directamente vinculados al núcleo duro del poder.
«Era una persona súper ortodoxa, con una formación del gobierno de Fidel Castro y con una visión del mundo que jamás compartíamos y que jamás íbamos a compartir», agrega.
Ese antecedente permite entender cómo opera el régimen en momentos decisivos. Las conversaciones sensibles no suelen depender únicamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino de figuras asociadas a la seguridad, la inteligencia y la continuidad del sistema.
La referencia a Alejandro Castro Espín también conecta el pasado del deshielo con el presente de tensión. Si entonces La Habana aceptó negociar desde una posición de control, ahora cualquier eventual diálogo ocurriría en un contexto mucho más adverso para el régimen, con una economía debilitada y una presión internacional más intensa.
De la apertura de Obama a la máxima presión de Trump
El contraste entre la política de Obama y la de Trump atraviesa todo el análisis. Durante la administración Obama, Washington apostó por el acercamiento diplomático y la idea de que el contacto, los viajes, las remesas y la cooperación limitada podían crear condiciones para una evolución gradual en Cuba.
La administración Trump, en cambio, ha priorizado la presión directa, las sanciones y el aislamiento de las estructuras vinculadas al poder militar cubano. El objetivo declarado de esa línea más dura es impedir que la élite gobernante se beneficie económicamente mientras mantiene un sistema represivo y sin libertades políticas.
«Estamos hablando de un momento donde la situación es bastante peor en Cuba que en 2016. Ya tomaron las decisiones equivocadas después de la apertura iniciada por el presidente Obama. Ahora tienen que mejorar las condiciones para la población con medidas que antes resistieron y que hoy probablemente ni siquiera sean suficientes», añade el exfuncionario.
Zúñiga no defiende una vuelta simple al modelo de Obama ni descarta la necesidad de presión. Su planteamiento es más matizado: considera que Washington ya tiene herramientas suficientes para presionar, pero debe decidir cómo convertirlas en resultados políticos concretos.
La tensión entre ambos enfoques sigue marcando el debate sobre Cuba en Estados Unidos. Mientras algunos sectores defienden la máxima presión como única forma de debilitar al régimen, otros advierten que la presión sin negociación puede prolongar el conflicto y agravar la situación humanitaria.
Contactos sin avances y una relación cada vez más tensa
Las declaraciones de Zúñiga ocurren mientras se reconoce la existencia de contactos entre Estados Unidos y Cuba, aunque sin avances significativos. Ese detalle es importante porque indica que, pese al discurso duro, los canales de comunicación no están completamente cerrados.
Sin embargo, la falta de resultados mantiene la incertidumbre. Washington exige señales concretas, mientras La Habana intenta resistir la presión sin realizar concesiones de fondo. En ese equilibrio inestable, cualquier movimiento puede ser interpretado como provocación, debilidad o escalada.
El escenario se vuelve aún más complejo porque la crisis interna cubana reduce la capacidad del régimen para ofrecer soluciones rápidas. La economía no muestra señales claras de recuperación, la población continúa enfrentando carencias severas y la migración ha vaciado a muchas comunidades de jóvenes y trabajadores.
En paralelo, la presión externa aumenta. Las sanciones contra entidades estatales, las advertencias de funcionarios estadounidenses y los debates sobre posibles escenarios de fuerza colocan a la relación bilateral en uno de sus momentos más delicados de los últimos años.
El riesgo de una escalada militar
Aunque Zúñiga no afirmó que un ataque sea inminente, sí consideró que puede convertirse en una posibilidad si se agotan las demás opciones. Su advertencia apunta al riesgo de que la presión diplomática y económica desemboque en una escalada militar si no aparece una salida negociada.
Un eventual ataque aéreo tendría consecuencias imprevisibles. Podría reforzar el discurso del régimen cubano sobre la amenaza externa, provocar una reacción nacionalista, aumentar la represión interna o generar una crisis regional. También podría deteriorar aún más la situación humanitaria de la población si afecta infraestructura o agrava el aislamiento del país.
Al mismo tiempo, para sectores duros en Washington, una acción de fuerza podría ser vista como una forma de demostrar que Estados Unidos no aceptará indefinidamente la resistencia del régimen. Esa diferencia de lecturas es precisamente lo que hace peligroso el momento actual.
Zúñiga parece advertir que la política estadounidense necesita una estrategia clara antes de llegar a ese punto. Sin un objetivo político realista, una operación militar podría producir impacto simbólico, pero no necesariamente un cambio sostenible.
La población cubana, atrapada entre crisis interna y presión externa
Más allá del debate entre Washington y La Habana, el drama principal sigue siendo el de la población cubana. Millones de personas viven bajo una crisis prolongada que afecta la alimentación, el transporte, la electricidad, los hospitales, los salarios y la vida cotidiana.
La falta de oportunidades ha impulsado una de las mayores olas migratorias de la historia reciente de Cuba. Familias enteras han quedado divididas, comunidades se han vaciado y miles de jóvenes ven la salida del país como única alternativa.
En ese contexto, cualquier escalada entre Estados Unidos y el régimen cubano tendría impacto directo sobre los ciudadanos. Las sanciones, la falta de reformas, el deterioro económico y la posibilidad de una confrontación militar forman parte de un mismo escenario de incertidumbre para una población que ya enfrenta enormes dificultades.
Por eso, la advertencia de Zúñiga no solo tiene relevancia diplomática. También pone en primer plano la urgencia de una salida política que evite que la crisis cubana siga profundizándose o derive en una confrontación de consecuencias imprevisibles.
Qué podría buscar Washington
A partir del análisis de Zúñiga, una posible estrategia de Washington sería usar la presión acumulada para exigir concesiones concretas al régimen. Entre ellas podrían estar reformas económicas reales, apertura a actores privados, liberación de presos políticos, garantías para la sociedad civil, reducción de la represión y compromisos verificables en materia de derechos humanos.
El problema es que el régimen cubano ha mostrado históricamente resistencia a aceptar cambios que puedan debilitar su control político. Incluso cuando ha realizado aperturas económicas parciales, las ha mantenido bajo fuerte supervisión estatal y sin permitir pluralismo político.
Por eso, cualquier negociación enfrentaría obstáculos importantes. Washington tendría que definir qué concesiones considera suficientes, qué garantías está dispuesto a ofrecer y qué mecanismos usaría para verificar los compromisos de La Habana. El régimen, por su parte, tendría que decidir si está dispuesto a ceder algo sustancial para evitar una presión aún mayor.
Qué podría hacer La Habana
Desde la perspectiva del régimen cubano, las opciones también son limitadas. Mantener la resistencia sin reformas puede prolongar el control político, pero agrava la crisis económica y aumenta el descontento social. Ceder demasiado podría abrir fisuras internas y poner en riesgo la cohesión de la élite gobernante.
La Habana podría intentar ganar tiempo mediante contactos discretos, gestos parciales o reformas económicas limitadas. Sin embargo, Zúñiga sugiere que el momento actual exige decisiones más profundas que las tomadas en el pasado.
El gobierno cubano enfrenta una presión simultánea: externa, por parte de Washington; interna, por el deterioro de la vida cotidiana; y estructural, por el agotamiento de su modelo económico. Esa combinación reduce el margen para soluciones superficiales.
Una advertencia con peso político
La importancia de las declaraciones de Ricardo Zúñiga radica en su trayectoria. No se trata de un comentarista ajeno al tema, sino de un exfuncionario que participó en conversaciones sensibles con el gobierno cubano y conoce las dinámicas internas de la relación bilateral.
Su advertencia no debe interpretarse como una confirmación de planes militares, pero sí como una señal del nivel de preocupación que existe en torno al futuro de Cuba y a la posibilidad de que la política de presión desemboque en una fase más agresiva.
El mensaje de fondo es que Estados Unidos ya dispone de suficientes mecanismos para presionar, pero necesita una ruta política que evite una escalada sin resultados claros. Para Zúñiga, el desafío no es solo castigar al régimen, sino encontrar una forma de obligarlo a negociar cambios reales.
Un escenario abierto y cargado de incertidumbre
La relación entre Estados Unidos y Cuba entra así en una etapa marcada por sanciones, advertencias, contactos sin avances y escenarios cada vez más duros. La posibilidad de un ataque aéreo, aunque planteada como hipótesis, refleja hasta qué punto se ha deteriorado el margen diplomático.
Mientras Washington evalúa cómo usar su presión, La Habana intenta preservar el control en medio de una crisis que se profundiza. Entre ambos polos queda la población cubana, afectada por la represión, la escasez, los apagones y la falta de futuro.
La advertencia de Zúñiga deja una conclusión inquietante: si no se produce una negociación real y si el régimen cubano continúa sin ofrecer cambios significativos, la confrontación podría entrar en una fase mucho más peligrosa. No porque un ataque militar garantice una salida, sino precisamente porque podría abrir un escenario de consecuencias difíciles de controlar.
