El gobierno de Estados Unidos ha elevado el tono de su política hacia Cuba al emitir una advertencia pública dirigida a potenciales inversionistas internacionales, en la que expone con claridad los peligros legales, financieros y éticos de hacer negocios con el régimen comunista de La Habana. En paralelo, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart ha propuesto una enmienda legislativa para bloquear el acceso a fondos federales de empresas o individuos que colaboren, directa o indirectamente, con las fuerzas armadas cubanas o el aparato represivo estatal.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado utilizó sus redes sociales oficiales para difundir un mensaje claro y sin ambigüedades: “¡Cuidado, comprador! Cuba no está abierta a los negocios; está manipulada para favorecer a los compinches del régimen. Cuba obliga a empresas extranjeras privadas a formar empresas conjuntas con el régimen, se queda con al menos el 60% de las ganancias y mantiene al resto como rehén”.
El texto señala que cualquier empresa extranjera interesada en operar en la isla debe constituir una empresa mixta (joint venture) con el Estado cubano, el cual se queda con al menos el 60 % de las ganancias y retiene el resto bajo condiciones desventajosas para el inversor.
Según la advertencia, además de estas prácticas poco equitativas, el gobierno cubano “rara vez paga sus obligaciones contractuales”, lo que convierte cualquier inversión en una operación de alto riesgo. A ello se suma la ausencia de un sistema judicial independiente, la falta de acceso a mecanismos de arbitraje internacional y un entorno económico dominado por la corrupción y el control centralizado.
Contexto económico: represión y falta de transparencia
Cuba ocupa el último lugar entre los países del hemisferio occidental en el Índice de Libertad Económica 2025 elaborado por la Fundación Heritage. El informe destaca que el país mantiene niveles extremadamente bajos (0.3 puntos) de respeto a los derechos de propiedad, una burocracia opaca, y un clima de negocios hostil, lo que se traduce en una represión sistemática de la libre empresa y la iniciativa privada. La clasificación de “economía reprimida” se ha mantenido inalterable durante décadas, reflejando el inmovilismo del modelo económico cubano.
«La ausencia de un poder judicial independiente y justo debilita el Estado de derecho y que el rígido control estatal ha limitado durante mucho tiempo al sector privado. La eficiencia regulatoria sigue siendo deficiente y la iniciativa empresarial privada es limitada. La aplicación de las regulaciones es inconsistente y poco transparente», señala el reporte de Fundación Heritage.
Diversas estimaciones sugieren que Cuba mantiene una deuda cercana a los 11.000 millones de dólares con naciones europeas. En el caso específico de los países de Europa del Este, el monto adeudado supera los 2.200 millones. Por su parte, la deuda con Rusia —su principal aliado— se calcula en alrededor de 20.000 millones de dólares, una cifra que incluye compromisos pendientes desde la era soviética.
En este contexto, aunque el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha impulsado una campaña para atraer inversión extranjera como vía para reanimar una economía en crisis crónica, las condiciones legales siguen siendo consideradas desventajosas por expertos y organismos internacionales. La participación obligatoria del Estado en cualquier emprendimiento, las severas restricciones a la repatriación de beneficios, y los frecuentes impagos a acreedores han disuadido a múltiples empresas foráneas de mantener operaciones en la isla.
Iniciativa legislativa en el Congreso
A la par de esta advertencia diplomática, el congresista republicano Mario Díaz-Balart presentó una disposición clave en el proyecto de ley de asignaciones presupuestarias de seguridad nacional para el año fiscal 2026, con el objetivo de cerrar el flujo de fondos que puedan llegar a beneficiar al aparato militar cubano.
La enmienda propuesta prohíbe expresamente que recursos federales estadounidenses sean utilizados para asistir o beneficiar, directa o indirectamente, a entidades controladas por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) o el Ministerio del Interior (MININT), dos pilares clave en el sistema represivo cubano. Estas instituciones han sido señaladas en múltiples informes internacionales por su participación en violaciones a los derechos humanos, represión política y vigilancia masiva contra la población civil.
“La comunidad internacional no puede seguir financiando, voluntaria o involuntariamente, a un régimen que se sostiene sobre la represión y el miedo”, afirmó Díaz-Balart durante el debate legislativo. El congresista, conocido por su firme postura contra el castrismo, advirtió que permitir negocios con empresas militares cubanas significa, en la práctica, apoyar la represión contra el pueblo.
Impacto potencial en la política exterior y los negocios
La advertencia oficial del Departamento de Estado y la ofensiva legislativa en el Congreso podrían tener consecuencias directas sobre la percepción de riesgo en torno a Cuba como destino de inversión. Analistas señalan que estas acciones buscan aislar aún más al régimen y limitar su acceso a divisas duras, especialmente en un momento en que la crisis económica interna se ha profundizado, con escasez de alimentos, medicinas, apagones generalizados y un éxodo migratorio sin precedentes.
Asimismo, el mensaje de Washington apunta a influir sobre otros países y entidades privadas que pudieran estar considerando acuerdos con empresas controladas por las FAR o el MININT, muchas de las cuales operan bajo nombres comerciales que ocultan su conexión con las fuerzas represivas cubanas.
En años recientes, Estados Unidos ha mantenido una política de “máxima presión” contra el régimen cubano, endureciendo sanciones, ampliando listas negras de entidades cubanas, y restringiendo la participación de empresas estadounidenses en negocios con la isla. No obstante, el creciente interés de algunas compañías extranjeras en aprovechar oportunidades en sectores como el turismo, la biotecnología o la energía ha generado preocupación en Washington por la posibilidad de que esos fondos terminen fortaleciendo la infraestructura represiva del régimen.
Conclusión
La reciente advertencia del Departamento de Estado y la iniciativa legislativa de Díaz-Balart refuerzan el mensaje de que invertir en Cuba no solo representa un grave riesgo financiero y legal, sino también un compromiso ético con un régimen que restringe libertades fundamentales y explota a sus ciudadanos. En este sentido, Estados Unidos busca alinear su política exterior con los principios democráticos y de derechos humanos, mientras envía un mensaje firme a quienes consideren apoyar económicamente a un sistema autoritario en crisis.
