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El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) alertó que España podría tardar hasta el año 2050 en procesar todas las solicitudes de nacionalidad presentadas por descendientes de emigrantes, tras el cierre del plazo de la Ley de Memoria Democrática (LMD).
Según estimaciones del organismo, más de 1,5 millones de expedientes quedaron acumulados en los consulados del país, la mayoría en América Latina. Argentina, Cuba y México concentran la mayor cantidad de peticiones, con el Consulado de Buenos Aires como el más saturado del mundo.
Dos años de vigencia y una avalancha de solicitudes
La Ley de Memoria Democrática entró en vigor en octubre de 2022 y se mantuvo activa por dos años, hasta el 22 de octubre de 2025, con una prórroga adicional de algunos meses. Durante ese período, miles de descendientes de exiliados y emigrantes aprovecharon la oportunidad de reclamar la ciudadanía española por “derecho de sangre”, una reparación histórica impulsada por el Gobierno español para reconocer los efectos del exilio republicano y las migraciones del siglo XX.
Sin embargo, la alta demanda superó toda previsión. En países como Cuba, se formaron largas filas frente al consulado en La Habana, y en Argentina las citas se agotaron con meses de antelación. En México, Caracas, Santo Domingo y Montevideo, la situación fue similar.
Retrasos que podrían extenderse hasta 2050
El CGCEE advirtió que, al ritmo actual de trabajo consular, las últimas solicitudes no se resolverían hasta dentro de dos décadas. El atasco administrativo se debe a la falta de personal, recursos tecnológicos y espacio físico en las oficinas consulares, muchas de las cuales siguen trabajando con sistemas manuales o mixtos.
El Ministerio de Justicia de España reconoció la complejidad del escenario y exhortó a los solicitantes a mantener la calma, mientras se analizan cambios profundos en el sistema. Sin embargo, el organismo pidió una intervención urgente: aumentar el personal temporal, reforzar la digitalización del proceso y destinar más fondos al refuerzo consular. Sin estas medidas, alertó, “el colapso será irreversible”.
Petición de una reforma estructural
Más allá del cuello de botella, el CGCEE planteó un cambio de fondo: reformar el Código Civil español para permitir que los descendientes de emigrantes puedan solicitar la nacionalidad sin depender de leyes temporales ni plazos excepcionales.
La propuesta busca transformar la concesión de ciudadanía en un derecho permanente y simplificado, eliminando la incertidumbre que ha acompañado a los descendientes de españoles en el exterior durante décadas.
El consejo también solicitó corregir discriminaciones históricas en la normativa, como los casos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978, cuyos hijos aún enfrentan trabas legales que no afectan a los descendientes de varones españoles.
El caso cubano y latinoamericano
En Cuba, donde existe una de las comunidades más numerosas de descendientes de españoles, abogados y gestores han advertido que las demoras podrían ser aún mayores. Muchos solicitantes entregaron sus expedientes hace más de un año y aún no reciben respuesta ni fecha de resolución.
La Embajada de España en La Habana, pese a haber reforzado el personal durante 2024 y 2025, sigue recibiendo miles de expedientes mensuales. Organizaciones de cubanos descendientes piden mantener abierta la posibilidad de solicitar la nacionalidad para quienes no alcanzaron a hacerlo dentro del plazo.
En Argentina, donde se calcula que más de 400 000 personas presentaron solicitudes, las asociaciones de descendientes reclaman transparencia y plazos claros. En México, el CGCEE reconoció que la sobrecarga documental es tal que algunas oficinas solo podrán resolver expedientes dentro de varios años.
Una deuda pendiente con la diáspora española
La Ley de Memoria Democrática fue celebrada en su inicio como una herramienta para saldar la deuda histórica con los hijos y nietos del exilio, pero su ejecución ha evidenciado las limitaciones estructurales del sistema consular.
El CGCEE sostiene que, sin una reforma integral y sostenida, España corre el riesgo de “perder una oportunidad histórica” de reconectar con millones de descendientes que mantienen viva la identidad y cultura españolas en América Latina.
Por ahora, el Ministerio de Justicia ha pedido “paciencia” a los solicitantes, mientras evalúa opciones para reducir los tiempos de respuesta y modernizar el sistema. Pero los expertos coinciden: si no se implementan medidas urgentes, la nacionalidad española prometida podría seguir siendo una esperanza lejana hasta bien entrada la mitad del siglo XXI.
