El gobierno de Estados Unidos impuso este jueves sanciones directas al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, su familia y altos funcionarios del régimen, como parte de una ofensiva diplomática destinada a responsabilizar a quienes participaron en la represión de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba.
La medida, anunciada por el Departamento de Estado, prohíbe el ingreso a territorio estadounidense de Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta, y otros familiares directos. También fueron sancionados el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, junto con sus respectivos allegados.
Según la administración estadounidense, los sancionados han estado implicados en “graves violaciones de derechos humanos”, una acusación sustentada en los hechos represivos ocurridos durante las manifestaciones masivas de 2021, donde miles de cubanos fueron arrestados, golpeados y enjuiciados por expresar su descontento con el régimen.
“La represión de las libertades fundamentales no quedará impune”, aseguró un portavoz del Departamento de Estado. “Estas sanciones demuestran nuestro compromiso inquebrantable con el pueblo cubano y el respeto por los derechos humanos”.
Un Paquete Más Amplio de Medidas
Esta acción forma parte de un paquete más amplio que incluye:
- Actualización de la Lista de Alojamientos Prohibidos, añadiendo nueve hoteles en Cuba, entre ellos la emblemática Torre K de La Habana, por estar controlados por el conglomerado militar GAESA.
- Restricciones de visa a funcionarios judiciales y penitenciarios acusados de participar en juicios arbitrarios y maltratos a presos políticos.
- Aumento de sanciones económicas, reforzando las limitaciones sobre empresas estatales cubanas.
Implicaciones Políticas
La medida podría tener consecuencias diplomáticas importantes. En teoría, la prohibición de entrada aplicaría incluso si Díaz-Canel intentara asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, aunque en el pasado EE.UU. ha otorgado exenciones por razones multilaterales.
Analistas ven esta decisión como parte de una política más dura hacia Cuba bajo la administración republicana actual, en contraste con enfoques previos más conciliadores.
Por su parte, el régimen cubano no ha emitido una respuesta oficial al anuncio, aunque es previsible que se denuncie como una “agresión imperialista” en los medios estatales.
Con estas sanciones, Estados Unidos envía un mensaje claro: no habrá impunidad para quienes violen los derechos fundamentales del pueblo cubano.