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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la revocación de la ciudadanía estadounidense de la venezolana Marieva Briceno, luego de confirmar que la mujer ocultó información clave sobre su participación en un esquema de fraude millonario al sistema federal de salud. La decisión, emitida el 17 de noviembre, concluye que la naturalización fue obtenida mediante declaraciones falsas y la omisión deliberada de hechos que la habrían descalificado automáticamente como candidata a convertirse en ciudadana.
Las autoridades federales subrayaron que, al mentir en su proceso migratorio, Briceno violó uno de los principios esenciales de la naturalización: la obligación de mantener un buen carácter moral y de responder con total veracidad a cada pregunta del proceso.
Una red de clínicas fraudulentas en Michigan
Marieva Briceno era propietaria de tres supuestas clínicas médicas en el área de Detroit, Michigan, desde donde dirigió una operación que utilizaba pacientes reales para facturar servicios falsos o médicamente innecesarios. Las investigaciones revelaron que los centros médicos pagaban a beneficiarios de Medicare para que asistieran a citas y se sometieran a pruebas sin justificación clínica. Estas prácticas son frecuentes en esquemas de fraude que buscan aumentar las reclamaciones a Medicare, uno de los programas federales más vulnerables a este tipo de delitos económicos.
Entre mayo de 2007 y enero de 2010, Briceno y sus cómplices presentaron reclamaciones fraudulentas por un valor aproximado de 5.460.323 dólares. Medicare terminó pagando 2.998.321,94 dólares por esos servicios ficticios, de los cuales Briceno recibió personalmente alrededor de 513.200 dólares. Este tipo de fraude afecta directamente a un sistema diseñado para beneficiar a adultos mayores y personas vulnerables, y representa pérdidas significativas para el presupuesto federal.
Un proceso penal que terminó en condena federal
Aunque los hechos ocurrieron en Michigan, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida asumió el caso debido a la magnitud del fraude y a la participación de otros implicados en ese distrito. El 12 de septiembre de 2011, un gran jurado acusó formalmente a Briceno de fraude al sistema de salud y conspiración para cometer fraude al sistema de salud. Posteriormente, el 14 de marzo de 2012, la mujer se declaró culpable de conspiración y fue sentenciada a 60 meses de prisión, además de ser obligada a pagar restitución y cumplir otras condiciones impuestas por la corte federal.
En ese momento, las autoridades migratorias no fueron notificadas de inmediato sobre la investigación y la condena. Esta falta de información permitió que Briceno avanzara en su proceso de naturalización sin revelar sus antecedentes criminales, lo cual se convirtió en el eje del procedimiento que más tarde llevaría a su desnacionalización.
Cómo logró naturalizarse pese a tener una condena federal
Durante su proceso migratorio, Marieva Briceno omitió información fundamental sobre la investigación criminal en su contra, los cargos federales y su participación en el esquema de fraude. Las autoridades determinaron que mintió en formularios oficiales y durante las entrevistas con inmigración, ocultando hechos que la habrían dejado ineligible para recibir la ciudadanía.
La ley estadounidense establece que una naturalización puede ser revocada si se demuestra que la persona la obtuvo mediante fraude, tergiversación intencional o el ocultamiento de hechos materiales. En este caso, el Departamento de Justicia concluyó que Briceno engañó deliberadamente al gobierno y que su ciudadanía nunca debió haber sido aprobada.
Consecuencias migratorias tras la desnacionalización
Con la pérdida de la ciudadanía, Briceno vuelve a la condición de no ciudadana y queda sujeta a las leyes migratorias. Esto significa que puede enfrentar un proceso de remoción o deportación, especialmente porque su historial criminal incluye delitos graves contra programas federales.
La desnacionalización no implica automáticamente la expulsión, pero sí coloca a la persona en una posición legal vulnerable, donde los servicios de inmigración deben evaluar si representa un riesgo o si cometió violaciones migratorias adicionales. Casos como este suelen derivar en procesos de expulsión, aunque cada caso se analiza de manera individual según las circunstancias y el historial legal del implicado.
La desnacionalización en el contexto legal estadounidense
La revocación de la ciudadanía es una herramienta poco utilizada, pero el gobierno la ha aplicado en situaciones donde existen pruebas claras de que la naturalización fue obtenida de manera fraudulenta. En los últimos años, el Departamento de Justicia ha intensificado la revisión de casos en los que solicitantes ocultaron condenas, identidades falsas o actividades delictivas graves.
Aunque la desnacionalización no es un proceso común, sí ha sido utilizada en casos de terrorismo, crímenes de guerra, fraude masivo y, como en este caso, delitos que involucran el mal uso de fondos federales.
El impacto del fraude al sistema Medicare
El fraude a Medicare representa uno de los desafíos más importantes para el sistema de salud estadounidense y le cuesta al país miles de millones de dólares cada año. Este tipo de delitos incluye facturación por servicios no realizados, procedimientos innecesarios, robo de identidad médica y la operación de clínicas fantasma.
Las autoridades federales han incrementado los recursos para detectar y desarticular estos esquemas, especialmente en regiones con alta incidencia de fraude, como Florida, Texas y Michigan. El caso de Briceno ilustra las complejidades de estos delitos y la necesidad de reforzar la supervisión sobre los proveedores de servicios médicos.
Un mensaje firme de las autoridades
El gobierno estadounidense ha reiterado que la ciudadanía no es un beneficio irrevocable cuando se obtiene mediante fraude. La decisión contra Marieva Briceno marca un precedente para otros casos en los que individuos intentan utilizar el sistema migratorio para protegerse de las consecuencias legales de actividades criminales previas.
La revocación de su ciudadanía y la posible apertura de un proceso de deportación evidencian la determinación del Departamento de Justicia de garantizar la integridad tanto del sistema migratorio como de los programas federales.
