Los cruces migratorios ilegales por la frontera sur de Estados Unidos han caído a su nivel más bajo en más de 50 años, marcando un punto de inflexión en la política migratoria del país. De acuerdo con datos citados por CiberCuba, el año fiscal 2025 cerró con aproximadamente 238 000 detenciones, una cifra que no se veía desde 1970, cuando se registraron poco más de 202 000.
Este descenso, calificado por el gobierno como una “victoria histórica en materia de control fronterizo”, ocurre tras la implementación de una serie de medidas que han transformado radicalmente el manejo de la migración irregular hacia Estados Unidos.
De los récords de 2022 al retroceso en 2025
Según el Departamento de Seguridad nacional de EE.UU (DHS por sus siglas en inglés) en apenas tres años, el panorama migratorio cambió drásticamente. En 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) había reportado más de 2,2 millones de detenciones, el número más alto en la historia moderna del país.
Sin embargo, el nuevo reporte indica que más del 60 % de las detenciones de 2025 ocurrieron en los últimos meses de la administración anterior, mientras que durante los primeros ocho meses del actual gobierno las cifras mensuales descendieron por debajo de las 9 000, evidenciando una tendencia sostenida a la baja.
Funcionarios federales aseguran que esta caída refleja “una nueva era de orden en la frontera”, pero organizaciones migratorias advierten que los números pueden estar vinculados a políticas disuasorias que limitan severamente el acceso al asilo y restringen el ingreso por motivos humanitarios.
Políticas más duras: militarización, deportaciones y límites al asilo
Entre las medidas implementadas destacan la militarización de amplios tramos de la frontera, el uso de poderes de emergencia para suspender temporalmente el derecho a solicitar asilo y la detención prolongada de migrantes mientras se procesan sus casos.
El gobierno también eliminó las liberaciones automáticas bajo supervisión, aplicadas durante años a quienes cruzaban sin documentos, y amplió las deportaciones expeditas, priorizando la expulsión inmediata de quienes no puedan demostrar un temor creíble de persecución en su país de origen.
La administración actual sostiene que estas políticas “han devuelto el control a las autoridades y reducido los incentivos para la migración irregular”. Sin embargo, expertos señalan que también han generado un aumento de los riesgos en rutas alternativas, así como un crecimiento de los campamentos improvisados en el norte de México, donde miles de migrantes permanecen varados sin posibilidad de cruzar ni regresar.
El analista Ariel Ruiz Soto, del Instituto de Política Migratoria, señaló que las recientes medidas implementadas tanto en la frontera como dentro del país han tenido un marcado efecto disuasorio. No obstante, recordó que la tendencia a la baja comenzó desde el verano de 2024, cuando la administración saliente impuso nuevas restricciones al acceso al asilo.
Impacto entre los cubanos y otras nacionalidades
Uno de los descensos más pronunciados se observa entre los migrantes cubanos, históricamente entre los grupos más numerosos en los últimos años. En enero de 2025 se registraron 6 136 detenciones de cubanos en la frontera sur, pero en agosto apenas fueron 105, una caída superior al 98 %.
La tendencia también se repite entre venezolanos, nicaragüenses y haitianos, naciones que habían protagonizado los mayores flujos migratorios durante el periodo 2021-2023. Muchos de ellos habían cruzado a través de México o aprovechando las rutas del parole humanitario, programa que actualmente enfrenta revisiones judiciales y restricciones adicionales.
Para los cubanos, el endurecimiento ha implicado más deportaciones desde EE. UU. y México, así como mayores rechazos en los puntos fronterizos. Organizaciones del exilio en Florida han denunciado que las nuevas políticas “ponen en riesgo a personas perseguidas por razones políticas” y que la eliminación de las entrevistas de miedo creíble viola principios del derecho internacional.
Críticas, demandas y protestas
Las reacciones no se han hecho esperar. Grupos de derechos humanos califican las medidas como “draconianas e inhumanas”, asegurando que limitan el acceso al asilo y criminalizan la migración. En ciudades como Chicago, Los Ángeles y Nueva York se han registrado protestas contra las redadas y deportaciones internas, en las que han participado tanto activistas como familias de migrantes detenidos.
Diversas ONG, incluyendo la ACLU y Human Rights Watch, han presentado demandas judiciales alegando que las restricciones violan la Ley de Inmigración y Nacionalidad y los compromisos internacionales asumidos por Estados Unidos.
Por su parte, el presidente defendió públicamente su política afirmando que “por primera vez en décadas, la frontera está bajo control y el país está más seguro”. Añadió que el objetivo no es cerrar la puerta a la migración, sino ordenarla y priorizar vías legales.
Factores externos y el papel de América Latina
Pese a la caída de los cruces, los especialistas advierten que el fenómeno sigue siendo altamente sensible a los cambios políticos y económicos en América Latina. La inflación, la inseguridad y la inestabilidad política en países del Caribe y Centroamérica podrían reactivar los flujos si las condiciones no mejoran.
El éxito o fracaso de la política actual también dependerá de la cooperación de los gobiernos de México, Guatemala y Cuba, con quienes Washington mantiene acuerdos de repatriación y contención migratoria.
En paralelo, la falta de opciones legales —como visados de reunificación familiar o cupos de refugiados— empuja a muchos a buscar rutas clandestinas o depender de redes de tráfico humano, que siguen operando activamente en la región.
Un logro político, pero con costo humanitario
Aunque la administración celebra el descenso como un logro de gestión, el debate sobre el precio humano y ético de esta política sigue abierto. Los defensores de los migrantes advierten que los datos no reflejan a las miles de personas varadas en el extranjero, ni las muertes registradas en el desierto o en el Río Bravo.
Mientras tanto, los números de 2025 marcan un hito: la frontera más tranquila en medio siglo, pero también una de las más militarizadas y restrictivas.
