EE.UU. exigirá fianza de hasta $15,000 a ciertos solicitantes de visa como parte de un nuevo programa piloto que busca frenar estadías ilegales

En un giro significativo en su política migratoria, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementará a partir del 20 de agosto de 2025 un programa piloto que exigirá a algunos solicitantes de visas de turismo y negocios (categorías B‑1 y B‑2) el pago de una fianza reembolsable de entre $5,000 y $15,000 para poder ingresar al país.

La iniciativa, de carácter experimental y con una duración inicial de 12 meses, busca reducir las tasas de sobreestadía —cuando los visitantes permanecen en EE.UU. más allá del tiempo autorizado por su visa—, un problema que las autoridades consideran persistente y costoso tanto desde el punto de vista migratorio como de seguridad nacional.

¿En qué consiste el programa?

La medida permitirá a funcionarios consulares exigir una fianza a solicitantes de países considerados de “alto riesgo” en cuanto al incumplimiento de plazos de visa. Aunque aún no se ha revelado la lista definitiva de nacionalidades afectadas, el enfoque está dirigido a países con:

• Altas tasas de permanencia ilegal según estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS),
• Controles documentales débiles o poco confiables,
• Ciudadanía por inversión sin requisitos reales de residencia, un mecanismo utilizado por algunos países del Caribe, África y Medio Oriente.

El monto exacto de la fianza será determinado caso por caso, según el criterio del oficial consular. La suma deberá ser depositada antes del viaje y será devuelta únicamente si el visitante cumple rigurosamente con las condiciones de su entrada y salida del país.

¿Quiénes están exentos?

Los viajeros que ingresan a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program) —que abarca a ciudadanos de países como Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Australia, entre otros— no estarán sujetos a esta fianza.

Asimismo, la medida no aplica a visas de estudiantes, trabajo o reunificación familiar, aunque expertos temen que el precedente pueda extenderse en el futuro a otras categorías migratorias si se considera exitoso.

La iniciativa se impulsó tras una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el día en que asumió su segundo mandato. Esta directriz, alineada con una de las principales prioridades de su política —la lucha contra la inmigración ilegal—, instruyó al secretario del Tesoro, en conjunto con los titulares de Estado y Seguridad Nacional, a desarrollar un sistema de garantías financieras vinculado a la emisión de visas.

Dentro del marco de su política migratoria, el presidente ha intentado desmantelar programas humanitarios destinados a migrantes de determinados países. En junio, firmó una proclamación que restringe el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos provenientes de una docena de naciones. Además, su administración ha puesto especial atención en los portadores de visas estudiantiles y ha impulsado reformas para hacer más estrictos los requisitos para quienes solicitan visas.

«El resultado será una industria turística diezmada. Los turistas gastan más de $ 200 mil millones anuales en los EE. UU., Gasto que cuenta como exportaciones. La propuesta de la administración no solo socavará gran parte de la industria turística, sino que contrarrestará los objetivos de la administración de reducir el déficit comercial. El talento de la administración Trump está proponiendo y promulgando las restricciones migratorias más punitivas, costosas e innecesarias imaginables», dijo Alex Nowrasteh, vicepresidente de estudios de política económica y social del Instituto Cato.

Condiciones para el reembolso

La fianza será reembolsable siempre y cuando el solicitante:

• Ingrese a Estados Unidos dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de la visa,
• Utilice únicamente los puntos de entrada y salida autorizados,
• Y abandone el país antes de que expire su estadía legal, sin haber violado ninguna otra ley migratoria.

En caso de incumplimiento, el gobierno podrá retener el depósito y emprender procedimientos de remoción o futuras restricciones de visa.

Impacto estimado y costo

Según proyecciones preliminares, la política podría afectar a unos 2,000 viajeros durante su primera fase, generando potencialmente hasta 20 millones de dólares en depósitos temporales. No obstante, a esto se suma una nueva tarifa consular no reembolsable de $250, implementada este mismo año para cubrir «costos administrativos», lo que eleva el umbral económico para obtener una visa.

Reacciones mixtas

El anuncio ha generado fuertes reacciones por parte de organizaciones defensoras de migrantes, abogados de inmigración, y representantes de sectores como el turismo, la educación y el comercio internacional.

“Esto es un muro financiero”, expresó un abogado migratorio en Miami. “Muchos ciudadanos de países en desarrollo que vienen a visitar familiares o a hacer negocios legítimos simplemente no podrán costearlo”.

El Consejo Nacional de Viajes de EE.UU. alertó que la medida podría disuadir a viajeros legítimos, afectando la economía nacional. Solo en 2024, el turismo internacional generó más de $210,000 millones para el país, y las visitas de corta duración representaron el 70% de ese total.

Un precedente de la era Trump

Esta política tiene raíces en una medida propuesta en noviembre de 2020, durante la administración de Donald Trump, bajo una orden ejecutiva que buscaba responsabilizar a los países por sus ciudadanos que sobrepasaban su estadía. En ese momento, la medida fue criticada como punitiva y discriminatoria, y no llegó a implementarse completamente debido a la pandemia de COVID‑19 y al cambio de administración.

Con el regreso de propuestas de este tipo, analistas señalan un giro hacia enfoques más restrictivos dentro del Departamento de Estado, a pesar de que el número de sobre estancias ha disminuido en algunos sectores tras la digitalización de los registros de entrada y salida.

¿Y América Latina?

Aunque aún no se ha publicado la lista oficial de países afectados, algunos países latinoamericanos podrían estar en la mira, especialmente aquellos con índices significativos de sobreestadía o sin programas sólidos de verificación documental.

Cuba, República Dominicana, Venezuela, Nicaragua y Haití —que tradicionalmente enfrentan altas tasas de denegación de visas— podrían ser considerados para esta política. Sin embargo, la medida también podría afectar a países como Colombia, Perú o Ecuador si las estadísticas migratorias lo justifican.

Organizaciones latinas en EE.UU. ya han manifestado su preocupación por el impacto que esto tendría en las familias separadas por la migración, especialmente en contextos donde los viajes familiares o humanitarios son fundamentales.

¿Qué sigue?

El programa piloto entrará en vigor oficialmente el 20 de agosto de 2025 y se aplicará durante un año. Durante ese tiempo, el gobierno evaluará su efectividad en reducir las sobreestadías y decidirá si expandir la política, modificarla o cancelarla.

El Departamento de Estado ha dicho que en los próximos días emitirá un aviso formal con detalles técnicos, posibles países objetivo, y el procedimiento administrativo para gestionar el depósito y su eventual devolución.

Conclusión

La imposición de fianzas migratorias marca un cambio profundo en la manera en que EE.UU. gestiona las visitas temporales. Aunque se presenta como una herramienta para reforzar el cumplimiento de la ley, sus críticos la consideran una barrera financiera que podría limitar injustamente el acceso a miles de personas con intenciones legítimas de viaje.

En un contexto de crecientes tensiones migratorias globales, la medida refleja una tendencia más amplia hacia políticas migratorias condicionadas por el poder adquisitivo de los solicitantes y por criterios diplomáticos y de seguridad regional.