Dos jóvenes hermanos que participaron en las protestas del 11 de julio podrían ser deportados a Cuba tras arresto de ICE

Un caso ha generado preocupación entre activistas y la comunidad cubana en Estados Unidos, dos hermanos manifestantes del 11 de julio en Cuba, Osmel Sánchez y Liosbel Sánchez, quedaron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en territorio estadounidense y ahora enfrentan la posibilidad de que sean deportados a la isla.

El activista de redes sociales y defensor de la libertad de Cuba, Cristian González advirtió en una entrevista con el periodista Mario J. Pentón las consecuencias que podría tener el regreso de estos muchachos a la isla. Según refiere el cubano los jóvenes estuvieron cerca de un año residiendo en México y aplicaron a la CBP One lo que les permitió ingresar a EE.UU por eta vía el 3 de diciembre del pasado año. Durante el proceso asistieron a tres audiencias de inmigración buscando regularizarse en EE.UU.


Sin embargo, en la tercera audiencia, celebrada el 20 de mayo, el caso fue cerrado abruptamente con una «dismissal» (desestimación), y justo después, fueron detenidos por agentes de ICE fuera de la corte. Posteriormente, fueron trasladados al centro de detención de Florence, en Arizona, donde fueron separados: Liosbel permaneció en Florence, mientras que Osmel fue enviado al centro de Eloy.

Esta estrategia, que consiste en cerrar el caso judicial y proceder a la detención inmediata, se ha convertido en una práctica común en el manejo de casos migratorios recientes. Según González, esta medida representa un riesgo especial para los hermanos Sánchez, quienes debido a su participación en las protestas del 11 de julio en Cuba, enfrentan un peligro real si son deportados a la isla.

Cristian González denunció que el proceso legal no se está llevando a cabo con el debido respeto a los derechos de los detenidos. En particular, señaló que a los hermanos no se les está permitiendo contar con la presencia de sus abogados durante las entrevistas de miedo creíble, una etapa crucial para la evaluación de su solicitud de asilo.

En el caso de Liosmel Sánchez, la entrevista de miedo creíble fue realizada un domingo, un día en que, según la abogada, no hay disponibilidad habitual para atender llamadas legales. Además, durante esta entrevista, no se permitió el contacto entre Liosmel y su representante legal, lo que vulnera sus derechos y dificulta la defensa adecuada de su caso.


Los hermanos Sánchez son jóvenes que han demostrado ser personas trabajadoras y honestas. Liosmel, por ejemplo, era estudiante de medicina en Cuba, cursando hasta el tercer o cuarto año, y no tenía antecedentes penales ni problemas con la ley. Su único “delito” ha sido su participación en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio y su crítica abierta al régimen cubano.

Según González, la situación política en Cuba los ha puesto en una posición de vulnerabilidad, ya que la represión y las amenazas constantes hacia quienes disienten del gobierno son una realidad palpable. Además, la relación de amistad con activistas y opositores en Cuba también ha generado problemas para ellos, ya que el régimen utiliza estas conexiones para intimidar y coaccionar.

Activistas como Cristian González insisten en que la comunidad internacional y las autoridades migratorias deben respetar el debido proceso y garantizar que quienes solicitan asilo puedan presentar sus casos con todas las garantías legales. El temor más grande es que, sin un proceso justo, estos jóvenes sean deportados a países donde enfrentan persecución política, cárcel o incluso peor, lo que violaría los principios de derechos humanos y protección internacional.

González subraya que no está pidiendo la liberación inmediata de los hermanos Sánchez, sino que se respete el proceso legal establecido. Si se siguiera el debido proceso, explica, no habría problema para que su caso sea revisado y evaluado con justicia, ya que existen evidencias claras de su participación en las protestas y del riesgo que enfrentan en Cuba.

Estas evidencias incluyen fotografías, conversaciones y testimonios que demuestran su activismo y la persecución política que han sufrido. Por lo tanto, el respeto al debido proceso es fundamental para garantizar que no sean devueltos a un entorno donde su vida y libertad estarían en peligro.

Recientemente, se dio a conocer la situación del rapero El Funky, una figura destacada en el movimiento contestatario de Patria y Vida, quien se encuentra en el exilio y enfrenta una orden de deportación. En mayo de 2025, el músico compartió en sus redes sociales que contaba con 30 días para dejar el país o enfrentar su deportación, después de haber vivido tres años en los Estados Unidos.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *