La muerte de Eldis Leyva Nieves, un joven cubano de apenas 19 años, ocurrida mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio, ha reavivado el debate público sobre las condiciones de entrenamiento en las unidades militares cubanas y la forma en que el Estado gestiona este tipo de tragedias.
Según el periodista independiente Yosmany Mayeta el fallecimiento se produjo el 18 de diciembre, durante unas prácticas de tiro con cohetes en el polígono de Maqueisito, en la provincia de Guantánamo. Lo que debía ser un ejercicio rutinario terminó convirtiéndose en un hecho fatal que, hasta hoy, sigue rodeado de silencio oficial y versiones fragmentadas.
Un entrenamiento que terminó en tragedia
Según información divulgada por Mayeta, durante la práctica se produjo la detonación inesperada de un artefacto, lo que provocó heridas de extrema gravedad al joven recluta. Eldis fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, pero las lesiones resultaron irreversibles.
Los reportes médicos indican que sufrió daños severos en la columna vertebral y la ruptura de la arteria aorta, lesiones incompatibles con la vida pese a la atención recibida. El fallecimiento del joven que el 21 de enero próximo cumpliría 20 años se certificó alrededor de las 6:38 de la tarde después de tres infartos dentro del salón de operaciones.
En el mismo incidente resultó herido un capitán del regimiento, quien habría sufrido lesiones de menor consideración y permanecía bajo observación médica. No se han ofrecido detalles oficiales sobre su evolución ni sobre su rol exacto durante el ejercicio.
Falta de información oficial y hermetismo institucional
Hasta el momento, las Fuerzas Armadas Revolucionarias no han emitido un comunicado público detallado que explique qué ocurrió exactamente, si existieron fallas técnicas, errores humanos o deficiencias en los protocolos de seguridad.
La ausencia de un informe oficial ha generado incertidumbre y especulación, especialmente en un contexto donde el acceso a información independiente dentro de Cuba es limitado y los familiares dependen, en gran medida, de versiones extraoficiales para reconstruir los hechos.
Dolor familiar y un sepelio bajo supervisión
El cuerpo de Eldis Leyva Nieves lo trasladaron a su comunidad natal, Ocujal del Turquino, donde se realizaron las honras fúnebres por un espacio de dos horas hasta que su padre llegó de Venezuela. Familiares y personas cercanas han descrito un ambiente de profundo dolor y shock emocional, agravado por la falta de explicaciones claras sobre cómo y por qué ocurrió la tragedia.
El velorio y el entierro se llevaron a cabo bajo presencia de autoridades militares, e incluyeron un homenaje con honores castrenses. Para algunos allegados, estos actos protocolarios contrastaron con la ausencia de transparencia y reforzaron la sensación de que el proceso estuvo más enfocado en el control institucional que en el acompañamiento a la familia.
Leyva Nieves integraba la Unidad Militar 2431 de la Brigada de la Frontera, con sede en Guantánamo. Los primeros relatos sobre lo ocurrido apuntan a que, durante un ejercicio de instrucción, el cohete que se encontraba bajo su manipulación estalló en el aire de manera inesperada, desatando un accidente que dejó a varios militares con lesiones de consideración. Entre los heridos se encontraba también el capitán Eduardo Maturel García, quien, según la información disponible en ese momento, fue trasladado a un centro hospitalario donde permanecía ingresado con pronóstico estable.
Compensación económica y cuestionamientos sociales
De manera extraoficial, trascendió que la madre del joven recibiría una chequera de por vida como compensación. Aunque este tipo de indemnización no es inusual en casos similares, la falta de información oficial sobre sus términos ha generado críticas y cuestionamientos, especialmente en redes sociales.
Para muchos usuarios, estas compensaciones económicas no sustituyen el derecho de las familias a conocer la verdad completa, ni garantizan que se investiguen responsabilidades administrativas o penales cuando ocurren muertes en instalaciones militares. “El silencio no borra los hechos. Los honores no sustituyen la responsabilidad. Una vida perdida exige verdad», escribió el periodista en su publicación.
Un caso que no es aislado
La muerte de Eldis Leyva Nieves se suma a una serie de fallecimientos de jóvenes reclutas registrados en los últimos años en Cuba, vinculados a accidentes durante entrenamientos, enfermedades no atendidas a tiempo o presuntas negligencias.
Estos casos han alimentado un creciente malestar social, especialmente entre padres de jóvenes en edad de cumplir el servicio militar, y han reavivado el debate sobre el carácter obligatorio de esta práctica y las condiciones en que se desarrolla.
Diversas voces dentro y fuera de la isla reclaman mayores garantías de seguridad, protocolos más estrictos y, sobre todo, transparencia institucional cuando ocurren hechos de esta gravedad.
Una demanda que persiste
Más allá de los homenajes militares y las compensaciones económicas, el reclamo central sigue siendo el mismo: explicaciones claras, responsabilidades definidas y garantías de no repetición.
La muerte de un joven de 19 años durante un entrenamiento militar deja preguntas abiertas que van más allá de un caso individual. Para familiares, ciudadanos y observadores, el mensaje es contundente: una vida perdida no puede cerrarse con silencio ni protocolos formales; exige verdad y rendición de cuentas.
El marco legal del Servicio Militar Obligatorio en Cuba
El Servicio Militar Obligatorio (SMO) en Cuba está regulado principalmente por la Ley No. 75 de la Defensa Nacional y sus disposiciones complementarias. Según esta normativa, todos los ciudadanos varones cubanos están obligados a cumplir el servicio militar al cumplir los 18 años de edad, salvo excepciones médicas u otras causas debidamente certificadas por las autoridades.
La duración del SMO es, por lo general, de dos años, período durante el cual los jóvenes son asignados a distintas unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) o del Ministerio del Interior (MININT). Durante este tiempo, los reclutas quedan bajo jurisdicción militar, lo que implica que su vida cotidiana, disciplina, entrenamientos y desplazamientos están regulados por normas castrenses.
Desde el punto de vista legal, el Estado asume la responsabilidad de garantizar la seguridad, la integridad física y la atención médica de los reclutas mientras se encuentran en cumplimiento del servicio. Sin embargo, la legislación no establece mecanismos públicos claros de rendición de cuentas cuando ocurren muertes, accidentes graves o lesiones permanentes durante entrenamientos o actividades militares.
En la práctica, los procesos investigativos en casos de fallecimiento suelen desarrollarse dentro de la propia estructura militar, sin acceso a expedientes, peritajes independientes ni información detallada para las familias. Esto limita la posibilidad de que los familiares conozcan las causas exactas del hecho o puedan recurrir a instancias judiciales ordinarias.
En cuanto a las compensaciones, el ordenamiento cubano contempla la entrega de pensiones o chequeras a familiares directos en caso de muerte del recluta durante el servicio. No obstante, estas indemnizaciones no sustituyen una investigación penal pública, ni implican automáticamente el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado o de mandos militares específicos.
Expertos en derecho y activistas de derechos humanos han señalado que el carácter obligatorio del servicio, combinado con la falta de transparencia institucional, coloca a las familias en una situación de vulnerabilidad legal, donde aceptar una compensación económica suele convertirse en la única vía disponible ante la ausencia de recursos judiciales independientes.
