Diez años robando bajo sus narices: familia de Miami acusada de desfalcar más de $1 millón a un concesionario de automóviles

La tranquilidad habitual de uno de los grupos automotrices más reconocidos de Miami se vio sacudida tras la revelación de un presunto fraude interno que habría drenado más de un millón de dólares a lo largo de una década. Las autoridades del condado de Miami-Dade arrestaron a tres miembros de una misma familia, acusados de operar un esquema sofisticado de desvío de fondos desde el interior del concesionario Brickell Motors, también conocido como Murgado Automotive Group.

El caso ha generado fuerte repercusión en el sector automotor y entre expertos en seguridad corporativa, quienes ven en este episodio un ejemplo claro de los riesgos que enfrentan las empresas cuando no existen controles robustos dentro de sus propios departamentos financieros.

Una empleada veterana con acceso privilegiado: el factor que permitió el fraude

La pieza central de la investigación es Yuddy Mejías, empleada del concesionario durante más de 15 años, quien ocupaba un puesto clave en el departamento de facturación. Su experiencia, antigüedad y acceso directo a los sistemas financieros internos habrían sido los elementos que hicieron posible la operación fraudulenta.

Los documentos judiciales señalan que Mejías tenía la autoridad para emitir cheques de reembolso destinados —en teoría— a clientes del concesionario. Sin embargo, desde 2014 comenzó a generar pagos falsos a nombre de su esposo, Miguel González, y de su hijo, Ángel González. Estas órdenes de pago no correspondían a ningún trámite real de devolución, servicio o transacción vinculada al concesionario.

A lo largo de diez años, la empleada habría emitido 486 cheques fraudulentos, por un total de 1,047,188 dólares, según la acusación formal.

“Ella hacía una nota como que me estaba devolviendo mil, dos mil, tres mil dólares a mí, pero el cheque ese, en vez de ir a mí, iba al esposo de ella o iba al hijo de ella. Y entonces el hijo o el esposo cambiaban el cheque y se quedaban ellos con el dinero. Estamos hablando de más de un millón de dólares”, dijo Mike Vega, portavoz de la policía de Miami.

Un esquema interno sostenido por la manipulación sistemática de documentos

El caso muestra un patrón meticuloso: Mejías no solo generaba pagos falsos, sino que además se encargaba de manipular los registros contables para ocultar la salida irregular de fondos. Esta doble acción —crear la transacción ficticia y luego encubrirla dentro de los libros financieros del concesionario— permitió que el fraude pasara inadvertido durante una década.

Fuentes cercanas al proceso señalan que el fraude se mantuvo activo gracias a una estructura interna donde un solo empleado podía controlar el flujo completo de las operaciones de reembolso. Auditores consultados coinciden en que este tipo de vulnerabilidades son más comunes de lo que se piensa en negocios que manejan miles de operaciones mensuales.

La maquinaria del fraude comenzó a desmoronarse cuando un compañero de trabajo detectó inconsistencias en los reembolsos y presentó una denuncia interna anónima, lo que detonó una auditoría interna y, posteriormente, la intervención de la policía de Miami.

Arrestos, comparecencia ante la corte y un proceso que apenas comienza

Tras analizar las evidencias aportadas por la empresa y los auditores, las autoridades ejecutaron las órdenes de arresto contra Mejías, su esposo y su hijo. Los tres fueron llevados ante un juez del condado, donde se les informaron los cargos: hurto mayor en primer grado, fraude organizado y conspiración para defraudar. En el caso de Mejías, también se sumó el delito de falsificación de registros corporativos.

Durante la audiencia inicial, la fiscalía solicitó que se examine la procedencia de los fondos utilizados para pagar las fianzas de los acusados, ya que existe la sospecha de que podrían provenir del mismo dinero desviado. Este tipo de audiencias son habituales en casos donde las acusaciones involucran ganancias ilícitas.

Por el momento, los tres siguen recluidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), donde permanecen a la espera de que se desarrollen las próximas etapas del proceso judicial que determinará su futuro.

Consecuencias legales potenciales

Los delitos imputados llevan aparejadas penas severas. En Florida el hurto mayor en primer grado puede conllevar hasta 30 años de prisión el fraude organizado se considera una ofensa grave y también puede superar los 30 años, dependiendo del monto, mientras que la conspiración para defraudar añade cargos adicionales que incrementan el nivel de responsabilidad penal.

Si el tribunal determina que existió intención deliberada, coordinación familiar y uso continuado de los sistemas internos del concesionario para mantener el esquema, los acusados podrían enfrentar sentencias particularmente severas.

Impacto en el sector y cuestionamientos a los mecanismos de control empresarial

La magnitud del fraude ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad financiera en sectores altamente transaccionales, como el automotor. Los concesionarios manejan grandes volúmenes de dinero diariamente, entre ventas, reembolsos, pagos y operaciones de servicio, lo que los convierte en un blanco ideal para estafas internas.

Expertos consultados subrayan que los fraudes cometidos por empleados con acceso interno suelen tardar años en detectarse, puesto que involucran manipulación intencional de documentos legítimos y un conocimiento profundo del sistema operativo de la empresa.

Brickell Motors, por su parte, no ha emitido una declaración detallada sobre el impacto económico o reputacional del caso, aunque es habitual que compañías afectadas por este tipo de delitos revisen sus protocolos, evalúen responsabilidades internas y emprendan acciones civiles para recuperar activos.

Un caso que podría escalar y sentar precedentes

Aunque de momento no se han señalado otros empleados como cómplices, fuentes cercanas al proceso no descartan que la investigación se expanda. En esquemas de larga duración, es común que surjan preguntas sobre supervisión, auditorías previas y la posible existencia de señales de alerta que pasaron inadvertidas.

El caso también podría derivar en litigios civiles entre la empresa y los acusados, además de la posibilidad de que se confisquen bienes para intentar recuperar parte del dinero desviado.

La familia, mientras tanto, deberá enfrentar un proceso judicial extenso, complejo y altamente mediático, que podría convertirse en uno de los fraudes internos más sonados en el sector automotriz de Miami en la última década.