El Departamento de Justicia ha sacado a la luz pública una serie de memorandos legales que recientemente fueron rechazados, concluyendo que los presidentes no pueden nombrar a sus familiares como personal de la Casa Blanca ni a las comisiones presidenciales, ni siquiera a los puestos no remunerados.
A principios del 2017, un funcionario del Departamento de Justicia declaró esencialmente erróneas u obsoletas las anteriores opiniones, despejando el camino para que el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, asumiera un cargo de consejero mayor en la Casa Blanca. Ivanka Trump, hija del presidente tomó más tarde un camino similar, bajo la misma razón legal.
Este lunes a través de una solicitud de Ley de Libertad de Información, detallan cómo los abogados del Departamento de Justicia concluyeron durante décadas que tales nombramientos de miembros de la familia eran ilegales bajo el anti-nepotismo, ley aprobada en 1967.
En el caso de la administración Carter
“Usted ha pedido nuestra opinión sobre la cuestión de si el Presidente podría nombrar a la Sra. Carter para ser Presidente de una Comisión de Salud Mental que se propone establecer en una próxima Orden Ejecutiva. Es nuestra opinión que ella no puede”, escribió el general John Harmon en un memorándum de febrero de 1977 al consejero asociado de Carter, en aquel entonces, Douglas Huron.
Edwin Kneedler, el abogado de carrera más antiguo en la Oficina del Procurador General, concluyó que un puesto honorario para la Sra. Carter no iría en contra de una ley aprobada en 1967.
“Aunque el asunto no está totalmente libre de duda, no creo que [la legislación de 1967] prohibiría a la señora Carter de ocupar un cargo esencialmente honorífico, como el presidente honorario, relacionado con el trabajo de la Comisión”, escribió Kneedler.
Al mes siguiente, Rosalynn Carter, fue nombrada para ocupar ese puesto honorífico.
“Aunque la Sra. Carter funge como presidenta honoraria de la Comisión, participará activamente en todos los aspectos de la labor de la Comisión”, reveló un comunicado de la Casa Blanca.
En 1983, los abogados del Departamento de Justicia parecen haber desaconsejado a la Casa Blanca bajo la administración Reagan de nombrar a un miembro de la familia Reagan no identificado a un panel consultivo sobre los esfuerzos del voluntariado del sector privado. “Creemos que la propuesta de que un miembro de la familia del Presidente sirva activamente en la Comisión de Iniciativas del Sector Privado plantea virtualmente los mismos problemas planteados por el servicio propuesto para la Sra. Carter”, acotó el Subprocurador Asistente Robert Shanks.
Este lunes se publicaron unos documentos que incluyen también el texto completo de un dictamen jurídico emitido en 2009 a la administración Obama, concluyendo que la ley no permitía el nombramiento de la media hermana del presidente Maya Soetoro-Ng a una comisión de becas de la Casa Blanca o el nombramiento del cuñado del presidente Conrad Robinson a una comisión sobre aptitud física.
A petición del gobierno de Trump en enero, el abogado del Departamento de Justicia, Daniel Koffsky dijo que otra ley aprobada en 1978 y otorgando amplia autoridad al presidente para nombrar a funcionarios de la Casa Blanca anula esencialmente la medida anti-nepotismo anterior.
“Creemos que la autoridad de contratación especial del Presidente (en la ley de 1978) le permite hacer nombramientos a la Oficina de la Casa Blanca que la ley contra el nepotismo podría prohibir de otra manera”, escribió Koffsky.
La existencia de la mayoría de los memorandos legales emitidos a anteriores administraciones se conoció después de que los documentos fueron citados en la opinión de Koffsky, que fue hecha pública por la administración de Trump poco después de que fue formalmente emitida. Sin embargo, el texto de las opiniones anteriores no se reveló en aquel momento.
Un abogado de Kushner, Jamie Gorelick, no hizo comentarios inmediatos sobre los memorandos cuando lo contactaron el lunes por la noche, pero en enero dio la bienvenida a la revocación del Departamento de Justicia.
“Creíamos que teníamos el mejor argumento al respecto”, dijo Gorelick. “La Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia – en una opinión de un Procurador General Adjunto muy respetado, adoptó una posición consistente con la nuestra”.
Politico, fuente de prensa, solicitó los memorandos entregados a Obama y presidentes anteriores del Departamento de Justicia en noviembre pasado, aproximadamente una semana después de la elección de Trump.
En una carta que acompaña a publicación del lunes, el abogado Paul Colborn dijo que la mayoría de los memorandos estaban cubiertos por el privilegio de abogado-cliente o privilegio ejecutivo aplicable a los consejos prestados al presidente o a sus ayudantes. Colborn dijo que el Departamento de Justicia estaba divulgando las opiniones “como una cuestión de discreción”.
Sin embargo, una vez que se hizo pública la opinión de Koffsky citando los memorandos anteriores y su fundamento, la justificación legal para mantenerlos en secreto pudo haber sido menoscabada.
(Con información de www.politico.com)
