La deportación de Josué Rodríguez Pérez, un cubano que residió en Estados Unidos durante más de tres décadas, ha reavivado el debate sobre los vacíos del sistema migratorio estadounidense y las consecuencias humanas de las deportaciones dirigidas a países donde los migrantes no tienen vínculos ni estatus legal.
Su caso, marcado por una detención sorpresiva, traslados continuos y la imposibilidad de regresar al país donde construyó su vida, expone un fenómeno cada vez más frecuente entre cubanos con órdenes de deportación antiguas.
Un arresto inesperado en plena renovación de documentos
Rodríguez llevaba una vida estable en Florida. Había trabajado, pagado impuestos y formado una familia tras haber cumplido en el pasado una condena por fraude. Con ese historial superado y sin incidentes recientes, acudió en julio a renovar su permiso de trabajo creyendo que se trataba de un trámite rutinario.
Sin embargo, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron de inmediato, sin previo aviso y sin explicación clara para su familia. La detención marcó el comienzo de un proceso incierto y desgastante, que él describe como un golpe inesperado después de haber pasado tanto tiempo integrado a la vida estadounidense.
Traslados constantes y una detención que parecía no tener fin
Tras su arresto, Rodríguez fue trasladado entre centros de detención en Florida, Texas, Colorado y Wyoming. La constante movilidad afectó su acceso a asesoría legal, a su familia y a cualquier tipo de continuidad en su proceso. En la cárcel del condado de Natrona, en Wyoming, relató haber vivido 40 días en condiciones muy duras, que incluyeron largos periodos de aislamiento, escaso acceso a llamadas y una sensación persistente de abandono.
La falta de información y la incertidumbre le hicieron temer que podía permanecer detenido indefinidamente, sin una ruta clara para resolver su situación migratoria. Esa presión acumulada lo llevó a considerar una huelga de hambre y, finalmente, a firmar un documento de deportación que, según dice, aceptó porque no veía otra salida.
Una firma bajo presión y un país de origen que no lo acepta
Aunque Rodríguez firmó la orden de deportación para tratar de poner fin a su encierro, su caso se complicó aún más cuando Cuba se negó a recibirlo. Se trata de una negativa que se ha vuelto habitual en deportados con condenas pasadas, lo que provoca que ICE mantenga a personas bajo custodia por tiempo indefinido debido a la falta de un destino aceptado.
Este escenario lo dejó atrapado en el llamado “limbo migratorio”, una situación en la que el detenido no puede permanecer en Estados Unidos, pero tampoco puede ser enviado a su país de origen. La incertidumbre legal y administrativa se prolongó hasta que autoridades estadounidenses tomaron una decisión inesperada: enviarlo a México.
México: un destino improvisado sin vínculos ni seguridad
Rodríguez fue trasladado primero a la frontera de El Paso y luego enviado a Cancún, México, donde fue liberado con un documento migratorio válido solo por 10 días. Llegó sin pasaporte, sin identificación, sin permiso de trabajo y sin contactos. Manifestó sentirse profundamente desamparado en un territorio desconocido y sin herramientas para comenzar de nuevo.
En su relato, describió un entorno hostil en el que enfrentó precios abusivos, estafas comunes contra migrantes y un ambiente de vigilancia policial que lo mantenía en constante tensión. Lo poco que tenía en Estados Unidos también desapareció durante este proceso. Su camión, adquirido con esfuerzo tras años de trabajo, fue embargado por el banco al no poder seguir realizando los pagos desde la cárcel.
El costo emocional: una familia fracturada y un hermano en fase terminal
Más allá del deterioro económico y migratorio, el impacto emocional ha sido devastador. Su hermano, residente en Florida, enfrenta un cáncer avanzado, y Rodríguez teme no poder verlo nunca más. La separación de su esposa e hijas añade un dolor adicional a una historia que ya de por sí está marcada por la incertidumbre.
“Todos los días me siento triste, me cuesta pensar. Tengo miedo de no verlo con vida nunca más”, relató Rodríguez quien recibió unos días a su esposa, pero tuvo que regresar porque en Florida están sus hijas.
Desde México mantiene comunicación ocasional con otros cubanos deportados que se encuentran en situaciones similares, pero esa solidaridad improvisada no suple la falta de apoyo institucional ni la angustia de la separación familiar.
En el ámbito digital, la historia de Rodríguez no pasó desapercibida. El influencer Alexander Otaola llevó el caso a sus plataformas, donde afirmó que el joven era afín al proyecto Puentes de Amor y simpatizante de Carlos Lazo. Desde allí, Otaola no solo amplificó la noticia, sino que incluso celebró públicamente la detención, convirtiéndola en tema de debate entre sus seguidores.
Un fenómeno en crecimiento entre los migrantes cubanos
La situación de Rodríguez no es casual, cada vez más cubanos con órdenes de deportación antiguas terminan en terceros países debido a la negativa de La Habana de recibirlos. Esto ha generado un patrón preocupante: personas que han vivido décadas en Estados Unidos, trabajado y formado familias, terminan dejadas en territorios donde no tienen estatus legal, ni redes de apoyo, ni seguridad alguna.
Diversas organizaciones migratorias critican esta práctica, alertando sobre el riesgo de explotación, detención local y marginación que enfrentan quienes quedan deportados a países donde no poseen derechos reconocidos.
El trasfondo legal: órdenes antiguas que resurgen décadas después
A muchos cubanos que llegaron en los años 80, 90 y 2000 los incluyeron en órdenes de deportación que quedaron sin efecto práctico debido a la falta de cooperación entre Estados Unidos y Cuba. Con el paso del tiempo formaron hogares, consiguieron trabajos estables y en algunos casos obtuvieron permisos temporales que les permitieron vivir con normalidad.
Sin embargo, cuando ICE reactiva estos casos, las personas pueden ser detenidas sin aviso previo. En ocasiones no se permite reabrir la orden de remoción, y al no existir un país dispuesto a recibirlos, las autoridades buscan destinos alternativos que no siempre garantizan protección o derechos.
Una vida suspendida y un sistema bajo cuestionamiento
El caso de Josué Rodríguez Pérez ilustra la complejidad y, en muchos aspectos, la fragilidad del sistema de deportación estadounidense cuando se enfrenta a personas que llevan décadas en el país y cuya vida entera está enraizada en él. Su deportación a México, sin documentos ni vínculos, representa no solo una fractura personal, sino también un reflejo del vacío legal y diplomático en el que quedan atrapados muchos migrantes.
Mientras continúa enfrentando la incertidumbre en un país desconocido, su historia suma un nuevo capítulo al debate sobre la necesidad de revisar procedimientos migratorios que pueden dejar a seres humanos sin patria, sin derechos y sin un camino claro para reconstruir su futuro.
