Durante la mañana del cinco de noviembre del 2013, el escampavías Rush del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos patrullaba las aguas del Océano Pacífico frente a las costas de América Central en busca de embarcaciones involucradas en el narcotráfico.

El teniente Ryan Hawn, comandante del escuadrón táctico de interceptación en el Rush, y su tripulación abordaron un helicóptero y volaron dentro de las nubes para no alertar a un grupo de embarcaciones sospechosas que habían sido avistadas a 120 millas náuticas al sudoeste de la costa entre El Salvador y Guatemala.

Lo que se pasó a continuación fue como una escena de una película de Hollywood. El helicóptero persiguió a uno de los botes, el Cristiano Ronaldo, por más de dos horas, poniendo fin a la persecución sólo cuando uno de los tripulantes del helicóptero hizo disparos que desactivaron los motores de la embarcación.

El episodio es hoy el foco principal de atención de una polémica tras bambalinas en círculos legales sobre el creciente número de casos similares que se radican la Corte Federal de Miami.


Precisamente cuántos de estos casos han surgido en el tribunal no está claro, pero podrían ser cientos o miles en los últimos 10 años: un reflejo de la implacable e inacabable lucha contra las drogas por parte del gobierno de Estados Unidos.

La Oficina del Fiscal Federal en Miami dijo no tener las cifras disponibles.

Aunque no está claro cuándo los fiscales comenzaron a presentar estos casos, en los últimos años se han vuelto bastante frecuentes. Uno o dos, a veces más, surgen semanalmente en los expedientes de los jueces de turno en el tribunal de Miami.

A veces hay tantos detenidos en las embarcaciones interceptadas ​​que llenan la sala del tribunal, ocupando la mayoría de los asientos del jurado que es donde los acusados suelen esperar para ser llamados.

El 28 de abril, por ejemplo, había 10 acusados –todos detenidos en el Pacífico– ante el juez de turno Jonathan Goodman. Uno de los acusados, Rubén Hernando Bustos Pereira, de Ecuador, estaba representado por el abogado defensor Marc David Seitles, que también representa a uno de los cuatro guatemaltecos del Cristiano Ronaldo.

Cuando se le preguntó sobre el caso de Bustos Pereira, Seitles dijo: “Otro pescador empobrecido con una educación de segundo grado que enfrenta un mínimo de 10 años en una prisión federal. ¿Es esto luchar contra las drogas? Es algo risible”.

Bustos Pereira fue uno de tres tripulantes a bordo de un bote interceptado recientemente a 450 millas al noroeste de las Islas Galápagos, según una denuncia penal.

La reacción de Seitles refleja la opinión de otros abogados defensores que frecuentemente son designados por el tribunal para representar a los acusados detenidos a bordo de embarcaciones interceptadas mientras transportan cocaína –que en su mayoría los tripulantes son pescadores o agricultores, no acaudalados traficantes de drogas.

Aunque casos similares han sido presentados en tribunales federales de otras ciudades, los fiscales prefieren radicarlos en la Florida, dicen algunos abogados, porque el estado se encuentra dentro de la jurisdicción del Onceno Circuito de Apelaciones en Atlanta, donde los jueces son percibidos como más dispuestos a favorecer al gobierno federal y donde el estándar legal es menos estricto en cuanto los casos de embarcaciones que transportan drogas.

En el Noveno Circuito de California, por ejemplo, los fiscales tienen que probar un nexo entre las drogas y Estados Unidos.

En cuanto a los guatemaltecos del Cristiano Ronaldo, estos han apelado sus condenas en un caso cuyo resultado, si ganan, podría cambiar la forma en que se maneja este tipo de casos.

El bote llevaba el nombre del mundialmente famoso jugador de fútbol portugués, pero no tenía ninguna conexión directa con él.

El capitán del barco era Saulo Aharón Hernández Almaraz, y los tripulantes: Samuel Savala Cisneros, José Luis Aguilar López y Elden Nehemías López Hernández.

Hernández Almaraz actualmente cumple una pena de prisión de 200 meses, o sea más de 16 años, mientras que los otros fueron condenados a 188 meses o más de 15 años cada uno.

El caso desafía las tácticas del gobierno federal, que durante años han sistemáticamente llevado a la captura de miles de extranjeros durante interceptaciones en alta mar, muchos de los cuales han sido luego transportados a Miami para ser juzgados o persuadidos a declararse culpables.

La cuestión clave de la apelación es si el gobierno federal actuó legalmente al interceptar al Cristiano Ronaldo y declararlo sujeto a la jurisdicción estadounidense por ser una embarcación sin nacionalidad.

Otra disputa es si el comandante de la Guardia Costera. Salvatore Fazio, quien se puso en contacto con Guatemala sobre el Cristiano Ronaldo, cometió un error al “no informar” sobre su registro.

Ashley Litwin, la abogada de la defensa que abordó el tema en la audiencia de apelación, dijo que Hernández Almaraz proporcionó al equipo de embarque de la Guardia Costera un documento con información de registro.

El texto del MDLEA dice que un bote puede ser considerado sin nacionalidad cuando el “capitán o individuo responsable hace un reclamo de registro pero que la presunta nación de registro no afirma o niega tal reclamo de nacionalidad”.

Eso parece reflejar la secuencia precisa de los hechos en el caso del Cristiano Ronaldo: Hernández Almaraz le dio al personal de Guardacostas el documento de registro, pero Guatemala no pudo confirmar ni negar tal información a Fazio.

Una vez que los jueces tomen su decisión, es posible que el caso continúe en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos –ya sea porque los tripulantes del barco o el gobierno federal lo lleven allí. Entonces la corte superior decidirá si revisa el caso o lo ignora y deja que la decisión de los jueces de apelación sea la que prevalezca.

Al salir del tribunal, después de la audiencia, los abogados de la defensa dijeron que recurrirían a la Corte Suprema si pierden en el tribunal de apelaciones.

Un fallo de la Corte Suprema favorable a los guatemaltecos podría alterar la forma en que el gobierno maneja otros temas relacionados con el programa.

Entre estos: si los funcionarios estadounidenses pueden llevar ante un tribunal de Miami, o cualquier otra ciudad, a extranjeros detenidos a cientos o miles de millas de distancia en alta mar cuando no hay evidencia directa de que sus embarcaciones o cargamentos de cocaína se dirigen a los Estados Unidos.

En muchos de los casos radicados en Miami, no ha surgido evidencia directa que vincule los botes interceptados, las cargas incautadas o los tripulantes extranjeros detenidos al territorio de los Estados Unidos.

Gran número de interceptaciones tienen lugar en el Pacífico, cerca de las Islas Galápagos, o cerca de las costas de Centroamérica y el sur de México.

Bajo el MDELA, es irrelevante si la cocaína incautada en alta mar se dirige a los Estados Unidos.

Requiere solo que un bote interceptado esté sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos, si se le considera sin nacionalidad.

Aunque el Cristiano Ronaldo parecía responder al perfil que los funcionarios estadounidenses asocian con el tráfico marítimo de drogas, sus tripulantes insisten que pescaban a bordo de una embarcación no sin nacionalidad, sino registrada en Guatemala.

(Con información de el Nuevo Herald)