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Treinta años después del derribo de las avionetas de la organización humanitaria “Brothers to the Rescue”, el caso vuelve a ocupar el centro del debate político en Washington y el sur de Florida. Un grupo de legisladores federales ha solicitado que se evalúen cargos criminales contra el dictador cubano Raúl Castro, a quien señalan como responsable político de la decisión que terminó con la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses el 24 de febrero de 1996.
El reclamo fue impulsado públicamente por la congresista María Elvira Salazar, quien, junto a otros legisladores federales, conmemoró el aniversario acompañando a las familias de las víctimas y reiteró el llamado a la rendición de cuentas.
El pronunciamiento desde el Capitolio
En su cuenta de Facebook, Salazar afirmó que, junto a Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y la senadora Ashley Moody, recordó el episodio que marcó profundamente la relación entre Estados Unidos y Cuba.
“Cuatro estadounidenses fueron asesinados deliberadamente en espacio aéreo internacional por el régimen cubano. Fue una orden que vino desde la cúpula. Es hora de que Raúl Castro rinda cuentas. Por las familias. Por la justicia. Por una Cuba libre”, escribió la legisladora.
El mensaje no solo tiene una carga simbólica por el aniversario redondo, sino que también se produce en un contexto político en el que la política hacia Cuba vuelve a ser un tema central en el debate legislativo y electoral, especialmente en Florida.
El antecedente histórico: el derribo de 1996
El 24 de febrero de 1996, aviones militares cubanos interceptaron y derribaron dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate. La organización realizaba vuelos de búsqueda y asistencia a balseros en el Estrecho de la Florida. Las autoridades cubanas argumentaron que las aeronaves habían violado su espacio aéreo. Sin embargo, investigaciones estadounidenses concluyeron que el derribo ocurrió en espacio aéreo internacional.
El incidente provocó una fuerte condena internacional y aceleró la aprobación de la Ley Helms-Burton en Estados Unidos, endureciendo aún más el embargo contra Cuba. Desde entonces, el caso ha permanecido como un símbolo de confrontación bilateral y un punto de dolor persistente para las familias de las víctimas.
¿Qué implicaría un proceso penal?
El llamado de los congresistas plantea la posibilidad de explorar mecanismos judiciales bajo jurisdicción estadounidense, considerando que las víctimas eran ciudadanos de ese país.
Expertos en derecho internacional han señalado que un eventual proceso enfrentaría obstáculos legales significativos, incluyendo cuestiones de inmunidad soberana, jurisdicción y viabilidad práctica de ejecución. No obstante, el impulso político podría traducirse en investigaciones adicionales o en la revisión de mecanismos legales existentes para casos vinculados a presuntas violaciones de derechos humanos con víctimas estadounidenses.
Por ahora, no se ha anunciado formalmente la apertura de un caso judicial, pero el pronunciamiento coloca nuevamente sobre la mesa la discusión sobre responsabilidades individuales dentro de la cadena de mando del gobierno cubano en 1996.
Impacto en Florida y la comunidad cubanoamericana
En Miami-Dade, donde reside una amplia comunidad cubanoamericana y familiares de las víctimas, el aniversario tradicionalmente se conmemora con actos públicos y declaraciones institucionales.
El reclamo de justicia es constante durante tres décadas y forma parte del discurso político de varios representantes del sur de Florida en el Congreso. La reactivación del tema podría tener implicaciones tanto en la agenda legislativa federal como en el escenario electoral estatal, donde la política hacia Cuba continúa siendo un asunto movilizador.
Memoria, justicia y contexto geopolítico
Treinta años después, el derribo de las avionetas sigue siendo uno de los episodios más sensibles en la historia reciente de las relaciones entre Washington y La Habana.
El pedido de cargos criminales contra Raúl Castro no solo responde a una demanda histórica de las familias, sino que también se inserta en un contexto geopolítico más amplio, marcado por tensiones persistentes, sanciones y debates sobre responsabilidad internacional.
Más allá de los desafíos jurídicos, el pronunciamiento de los congresistas vuelve a colocar el caso en el debate público y reabre preguntas sobre justicia transnacional, rendición de cuentas y memoria histórica en las relaciones entre ambos países.
