El formulario I- 220 A es una «Orden de Libertad Bajo Palabra» que otorga el gobierno estadounidense a determinadas personas que fueron detenidas por las autoridades migratorias y posteriormente fueron liberadas. No obstante, este documento supone cumplir una serie de requisitos y condiciones a cambio de la libertad provisional, entre los cuales se encuentra la asistencia obligatoria a audiencias de corte de inmigración y mantener un comportamiento ejemplar durante el período en que se resuelve la situación migratoria.
Uno de los aspectos que ha generado el establecimiento de una demanda colectiva por un grupo de abogados de Miami contra el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, es que el I-220 A no permite a los cubanos aplicar a la Ley de Ajuste Cubano y por tanto impide que estos puedan solicitar la residencia americana. Es por ello que dicha demanda colectiva está encaminada a lograr que el permiso de liberación bajo supervisión, I- 220 A , sea equivalente a un parole, es decir, que sea aceptado oficialmente como un documento de admisión para procesar la residencia permanente al amparo de la Ley de Ajuste Cubano.
El pasado 11 de septiembre, la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un fallo a cuyo tenor la forma I- 220 A se considera parole condicional y es legalmente distinta de la libertad bajo parole humanitario. Como resultado solo el parole humanitario emitido bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos permite que los cubanos ajusten su estatus migratorio según la mentada Ley de Ajuste Cubano.
Sin embargo, recientemente la congresista republicana María Elvira Salazar, quien ha luchado incansablemente porque los cubanos a los que les fue otorgado el formulario I- 220 A sean beneficiados con el parole humanitario, ha realizado declaraciones sobre el asunto en una entrevista con el periodista cubano Mario J. Pentón. En esta ocasión, Salazar afirmó que a pesar de la decisión de la Corte, tenía plena seguridad de que antes de culminar el año esta controversia sería resuelta a favor de todos los cubanos que se encuentran en tal situación y que como resultado podrían acogerse a la Ley de Ajuste Cubano a fin de obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
Su convicción radica en que el tema es del conocimiento del Departamento de Seguridad Nacional y, fundamentalmente, de su Secretario y que él no permitiría que medio millón de cubanos quedase en un limbo jurídico. A su vez, recalcó que ya habían muchas personas que estaban recibiendo el parole a través del correo sin ni siquiera solicitarlo y que ello constituía un avance significativo en medio de este proceso tan intenso y extenso por alcanzar dicho beneficio migratorio.
