Job Garcia jamás pensó que documentar una redada migratoria le cambiaría la vida. La tarde del 18 de junio, este fotógrafo de 37 años y estudiante de doctorado en Claremont Graduate University, decidió acercarse al Home Depot de Hollywood, en Los Ángeles, atraído por el estruendo de patrullas y agentes federales. Lo que empezó como una inquietud periodística terminó en esposas, una celda fría y la firme convicción de que sus derechos, pese a su ciudadanía estadounidense, no lo protegieron de un arresto violento e injusto.
Garcia estaba filmando con su cámara cómo agentes federales rompían la ventanilla de un vehículo para sacar por la fuerza a un hombre, en medio de un operativo masivo que, según los propios oficiales, dejó al menos 31 detenidos ese día. Entre gritos y golpes, Job capturaba cada detalle. No imaginó que pronto él sería el objetivo.
“¿Quieres ir a la cárcel? Bien, allá vas”, recuerda que le gritó uno de los agentes. Antes de poder mostrar su documento de identidad, varios oficiales lo tacklearon, lo tiraron al suelo y lo inmovilizaron con una presión tan fuerte sobre la espalda y el cuello que, dice, apenas podía respirar. Los testigos quedaron atónitos. Él mismo repetía, entre jadeos, que era ciudadano estadounidense. Pero nadie escuchó.
Lo trasladaron inicialmente a un sitio improvisado en el Dodger Stadium, convertido en centro de detención temporal durante la operación. Allí, Job cuenta que escuchó a los agentes celebrar el número de detenidos: “¡Buen día, agarramos a 31!”, gritaban algunos, chocando los puños como si se tratara de un trofeo. Aquella imagen lo marcaría más que los golpes.
Durante casi 24 horas, Job permaneció encerrado en el Metropolitan Detention Center de Los Ángeles. Según las autoridades, se le llegó a considerar la posibilidad de acusarlo de asalto a un agente federal. Sin embargo, las dudas crecieron tras la difusión del video que él mismo había logrado capturar antes de su arresto, mostrando claramente su rol de simple observador.
Finalmente, lo liberaron sin cargos. Pero el daño ya estaba hecho. Hoy, Job evalúa una demanda federal contra el gobierno, buscando un millón de dólares en compensación por violaciones a sus derechos civiles, detención ilegal, arresto falso y los daños psicológicos y físicos que sufrió.
“Si mi arresto sirvió para que, aunque sea una persona indocumentada escapara y pudiera reunirse con su familia, valió la pena”, dice con voz serena. No hay rencor en su tono, aunque el cansancio y la incredulidad se reflejan en su mirada.
Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) sostiene que García fue arrestado “sin causa justificada, de manera racista y como represalia” por ejercer su derecho a grabar en un lugar público. En un reclamo formal presentado bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), la organización detalla que agentes federales violaron múltiples derechos constitucionales de García, incluyendo su libertad de expresión, protección contra detenciones arbitrarias y su derecho al debido proceso.
MALDEF ha solicitado al gobierno federal un millón de dólares en compensación por los daños físicos, emocionales y la violación de derechos sufrida por García. Además, ha advertido que si en seis meses el gobierno no responde al reclamo, procederán a presentar una demanda civil ante los tribunales.
Su caso ha encendido las alarmas sobre las prácticas de las autoridades migratorias, especialmente en Los Ángeles, donde las redadas se han intensificado en lugares como estacionamientos de Home Depot. Grupos de derechos civiles denuncian que los operativos, en los que participan ICE, FBI, ATF y la Guardia Nacional, se desarrollan con fuerza excesiva y sin distinción entre inmigrantes indocumentados y ciudadanos estadounidenses.
“Detener a un ciudadano simplemente por grabar es una afrenta a derechos fundamentales. Esto no solo es un ataque contra el señor García, sino contra cualquiera que busque documentar el actuar de las autoridades”, señaló Thomas A. Saenz, presidente de MALDEF, en declaraciones a la prensa.
Job Garcia, que llegó ese día solo con la intención de registrar la realidad, se convirtió él mismo en parte de la historia. Una historia que, para muchos, revela cómo la frontera entre proteger la ley y violentar derechos se vuelve dolorosamente difusa en la América contemporánea.
