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El régimen cubano reconoció oficialmente que el cargamento de petróleo venezolano incautado recientemente por Estados Unidos en el Caribe estaba destinado a Cuba, una admisión que aporta nuevos elementos al incidente y subraya la delicada situación energética que atraviesa la isla, así como la persistente dependencia de los suministros provenientes de Venezuela.
La confirmación fue realizada mediante declaraciones públicas del ministro del canciller Bruno Rodríguez Parrilla y una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), en las que La Habana condenó la operación estadounidense y la calificó como un “acto de piratería” y una violación del Derecho Internacional, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima y la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Hasta ahora, el discurso oficial cubano se había limitado a rechazar la incautación sin reconocer explícitamente que el crudo tenía como destino final el país.
Asalto por fuerzas militares de #EEUU de un buque petrolero en aguas internacionales en el Mar Caribe, cerca de las costas de #Venezuela, constituye un acto de piratería y terrorismo marítimo, una violación grave del Derecho Internacional, incluidas la Convención de las Naciones… https://t.co/2wxAYyTXPi
De acuerdo con la información difundida, el buque interceptado transportaba petróleo venezolano que formaba parte de los envíos utilizados para alimentar el sistema energético cubano. La admisión oficial despeja dudas sobre el destino del cargamento y confirma que Cuba seguía recibiendo, o esperaba recibir, suministros energéticos clave desde Venezuela en medio de una crisis prolongada de combustible.
El reconocimiento llega en un momento especialmente sensible para la isla, marcada por apagones recurrentes, limitaciones en el transporte público y privado, y dificultades para mantener en funcionamiento sectores estratégicos de la economía, como la industria, los servicios básicos y la generación eléctrica.
La postura del régimen cubano
En su reacción, el gobierno cubano acusó a Estados Unidos de obstaculizar deliberadamente los acuerdos energéticos entre países aliados y de intentar asfixiar económicamente tanto a Venezuela como a Cuba mediante sanciones y acciones de interdicción marítima.
Según el MINREX, la incautación del petróleo afecta directamente la capacidad de Cuba para enfrentar la crisis energética y repercute en la vida cotidiana de la población. Las autoridades sostienen que la interrupción de estos suministros tiene consecuencias inmediatas en la estabilidad del sistema eléctrico nacional, ya de por sí debilitado por la falta de mantenimiento, la escasez de piezas y la obsolescencia de las plantas termoeléctricas.
La postura del régimen surge en un momento marcado por fuertes tensiones regionales, luego de que el presidente Donald Trump anunciara que su administración se apropiará del petróleo que transportaba el buque capturado en una operación conjunta de la Guardia Costera, el FBI, el HSI y personal del Departamento de Guerra.
La versión de Washington y el marco de sanciones
Desde Estados Unidos, la incautación se presentó como parte de una estrategia más amplia para combatir el comercio ilegal de petróleo procedente de países sancionados. El presidente Donald Trump calificó la operación como la captura del “mayor petrolero jamás incautado”, destacando su relevancia dentro de los esfuerzos para frenar redes internacionales dedicadas al transporte de crudo venezolano e iraní.
Según informes oficiales citados en la cobertura, el buque formaría parte de una estructura logística diseñada para evadir las sanciones estadounidenses, utilizando rutas marítimas y mecanismos financieros opacos para colocar el petróleo en mercados aliados, en pocas palabras el petróleo Cuba lo revendería en el mercado negro de Asia a través del aparto de Raúl Castro.
De acuerdo con la fiscal general Pamela Bondi el buque detenido llevaba varios años bajo sanciones por vínculos con organizaciones terroristas del mundo. Igualmente aclaró que el operativo lo realizó el FBI de conjunto con la guardia Costera y el HSI, así como algunos efectivos militares y que pudiera sentar las bases para futuras operaciones similares en el área.
Dependencia energética y antecedentes Cuba–Venezuela
La admisión cubana vuelve a poner en evidencia la estrecha relación energética entre La Habana y Caracas, construida durante décadas sobre acuerdos de cooperación que permitieron a Cuba recibir petróleo venezolano en condiciones preferenciales, a cambio de servicios profesionales y apoyo político.
Sin embargo, la crisis económica venezolana, la caída en su producción petrolera y el endurecimiento de las sanciones han reducido significativamente el volumen y la regularidad de estos envíos, dejando a Cuba con una capacidad limitada para sustituirlos en el mercado internacional debido a restricciones financieras y crediticias.
Impacto interno y contexto social
Antes de la incautación del buque el presidente Díaz-Canel ya había reaccionado sobre la operación afirmando que se trataba de un acto de piratería y por tanto respaldaba al mandatario venezolano. Rodríguez Parrilla habría hecho lo mismo, pero en ese entonces ninguno de los dos admitió que el crudo tenía como destino intermedio a la isla.
La interrupción de un cargamento de este tipo tiene implicaciones directas para la población cubana. En los últimos años, los apagones prolongados se han convertido en un elemento constante del día a día, afectando la conservación de alimentos, la actividad económica, el funcionamiento de hospitales y escuelas, y el ánimo social en general.
Analistas señalan que cada interrupción en el suministro de combustible incrementa la presión sobre un sistema energético ya frágil y reduce el margen de maniobra del gobierno para estabilizar la situación en el corto plazo.
Un episodio con implicaciones regionales
Más allá del impacto inmediato, la admisión del régimen cubano eleva el perfil político del incidente y refuerza las tensiones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, en un contexto regional marcado por disputas geopolíticas, sanciones y alineamientos estratégicos.
El caso también pone de relieve los límites de la estrategia energética cubana, altamente dependiente de aliados específicos, y deja al descubierto la vulnerabilidad estructural de la isla ante interrupciones externas, en momentos en que la crisis económica continúa profundizándose.
