Las autoridades del condado de Miami-Dade han puesto en marcha una de las auditorías más amplias de los últimos años tras detectar posibles irregularidades en la emisión de permisos de estacionamiento para personas con discapacidad, un beneficio clave para garantizar accesibilidad y movilidad a miles de residentes vulnerables.
La investigación surge luego de que la Oficina del Recaudador de Impuestos identificara patrones inusuales en solicitudes aprobadas durante el último año, lo que encendió las alarmas sobre un posible uso indebido o fraudulento de este tipo de permisos.
Una revisión sin precedentes: más de dos mil solicitudes bajo la lupa
El proceso comenzó con el análisis de 2,340 solicitudes de permisos emitidos en los últimos 12 meses. Tras una primera evaluación administrativa, 682 aplicaciones fueron marcadas como sospechosas y pasaron a una fase de investigación más profunda.
Según las autoridades, estas cifras no implican automáticamente culpabilidad, pero sí reflejan inconsistencias suficientes como para justificar una revisión detallada, especialmente en documentos médicos, certificaciones y formularios obligatorios.
Cómo funciona el proceso de verificación
Cada solicitud señalada es sometida a un doble control independiente, diseñado para reducir errores y descartar revisiones superficiales. En esta etapa se comprueba que los diagnósticos médicos cumplan con los criterios legales del estado de Florida y que no existan alteraciones, omisiones o falsedades en la información presentada.
Los casos que no superan esta verificación se envian al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) y a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, organismos que evalúan si corresponde abrir investigaciones administrativas o procesos penales.
“Cada solicitud recibe dos revisiones completas e independientes. La segunda revisión ya está en marcha. Cualquier solicitud sospechosa de fraude se remitirá al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) y a la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade”, declaró en un comunicado el recaudador de impuesto Dariel Fernández.
Cancelaciones inmediatas y cartas de notificación
Como resultado de la auditoría, la Oficina del Recaudador de Impuestos ha iniciado el envío de cartas formales a personas cuyos permisos se emitieron de manera irregular. En estas notificaciones se informa la cancelación inmediata del permiso y se exige su devolución, advirtiendo que conservarlo o utilizarlo tras la revocación puede agravar las consecuencias legales.
El recaudador Dariel Fernández explicó que estas medidas buscan restablecer la confianza pública y garantizar que el sistema beneficie únicamente a quienes cumplen los requisitos.
Qué establece la ley de Florida sobre este tipo de fraude
La legislación estatal es clara: obtener un permiso de estacionamiento para discapacitados mediante información falsa constituye un delito menor de primer grado. Las sanciones contempladas incluyen multas de hasta 1,000 dólares, penas de cárcel de hasta un año y la prohibición de solicitar un nuevo permiso durante cuatro años.
Asimismo, utilizar el permiso de otra persona, aunque sea un familiar o acompañante, puede acarrear una multa de 500 dólares, incluso si el titular legítimo no se encuentra presente en el vehículo.
«Los permisos de estacionamiento para personas con discapacidad son un salvavidas. Cada permiso fraudulento representa un espacio robado a un adulto mayor, a un veterano o a un residente con limitaciones serias de movilidad. Nuestra Oficina de Cumplimiento está activamente involucrada en este esfuerzo, realizando operativos de campo, verificando el cumplimiento en tiempo real y respondiendo a denuncias de abuso», agrega Fernández.
El impacto real del fraude en la comunidad
Más allá de las cifras y los procesos legales, las autoridades subrayan que el fraude tiene un impacto directo en la vida diaria de adultos mayores, veteranos y personas con discapacidades permanentes. La ocupación indebida de espacios reservados limita el acceso a centros médicos, comercios y servicios básicos, afectando la autonomía y calidad de vida de quienes dependen de estos estacionamientos.
Organizaciones comunitarias han señalado en ocasiones anteriores que la escasez de espacios accesibles se agrava cuando los permisos se utilizan sin justificación válida.
Investigación abierta y posibles cambios al sistema
La auditoría continúa en curso y no se descarta que el número de permisos investigados aumente a medida que avance la revisión. Las autoridades adelantaron que, además de sanciones, podrían implementarse ajustes en los controles y requisitos para la aprobación de nuevos permisos, con el fin de cerrar vacíos legales y prevenir futuros abusos.
El mensaje oficial es contundente: los permisos de estacionamiento para personas con discapacidad no son un privilegio discrecional, sino un derecho protegido por ley, y cualquier intento de obtenerlos o utilizarlos de forma indebida se investigará y sancionará debidamente.
