La muerte de Geraldo Lunas Campos, un inmigrante cubano de 55 años que se encontraba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ha generado una nueva ola de cuestionamientos sobre las prácticas dentro de los centros de detención migratoria, luego de que el médico forense del condado de El Paso concluyera que su fallecimiento fue un homicidio.
El dictamen forense, divulgado tras la autopsia oficial, establece que Lunas Campos murió por asfixia causada por la compresión del cuello y el torso, una determinación que contradice de forma directa las explicaciones iniciales ofrecidas por las autoridades federales y coloca el foco en el uso de la fuerza durante su custodia.
Un fallecimiento ocurrido bajo custodia federal
Lunas Campos murió el 3 de enero de 2026 mientras estaba recluido en Camp East Montana, un centro de detención migratoria ubicado en terrenos de la base militar de Fort Bliss, en las afueras de El Paso. La instalación es una de las más grandes del país y opera bajo contrato privado, aunque supervisada por el gobierno federal.
Desde el primer momento, el fallecimiento ocurrió en un contexto sensible: el hombre se encontraba bajo vigilancia directa de las autoridades migratorias, lo que activa protocolos especiales de revisión y transparencia cada vez que una persona muere bajo custodia del Estado.
Qué determinó la autopsia
El informe del médico forense describe que la causa de la muerte fue asfixia por compresión, un mecanismo que suele asociarse a inmovilizaciones físicas prolongadas o a la aplicación de presión sobre zonas vitales del cuerpo que impiden la respiración adecuada.
Además de la causa principal, el documento detalla lesiones compatibles con una intervención física intensa, incluyendo marcas en el cuello, el pecho y las extremidades, así como la presencia de petequias, pequeñas hemorragias que aparecen cuando el cuerpo sufre una privación severa de oxígeno.
La clasificación de la muerte como homicidio no implica automáticamente que exista una intención criminal, pero sí deja claro que el fallecimiento fue consecuencia de acciones de terceros y no de causas naturales, accidentales ni autoinfligidas.
Contradicciones con la versión inicial de ICE
El 9 de enero tras el fallecimiento, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (Departamento de Seguridad Nacional) informaron que el detenido había sufrido una emergencia médica y que el personal del centro intentó reanimarlo. En comunicaciones posteriores, las autoridades indicaron que Lunas Campos habría mostrado una conducta agresiva, lo que llevó a su inmovilización.
En un primer momento, incluso se sugirió la posibilidad de un intento de suicidio y que se negó a que los agentes del centro de detención le ayudaran, una versión que se difundió ampliamente antes de que se conocieran los resultados de la autopsia. El dictamen forense, sin embargo, descarta esa hipótesis y plantea un escenario sustancialmente distinto al presentado de manera oficial.
Además de los hallazgos forenses, la Oficina del Forense del Condado de El Paso divulgó un informe toxicológico que aporta detalles sobre el estado de salud del Sr. Lunas Campos. Según el documento, la víctima tenía antecedentes clínicos de trastorno bipolar y ansiedad. El análisis también detectó la presencia de trazodona e hidroxizina, dos fármacos de prescripción médica comúnmente utilizados en el tratamiento de trastornos del estado de ánimo y afecciones relacionadas con la ansiedad.
El martes, en un nuevo intento por esclarecer lo ocurrido, la familia del señor Lunas Campos acudió a un juez federal para solicitar la suspensión de la deportación de dos personas que, aseguran, estuvieron presentes durante los instantes finales de su vida. De acuerdo con la petición presentada ante el tribunal, uno de los detenidos habría presenciado cómo varios guardias lo sometieron hasta el punto de asfixiarlo, mientras que otro testigo relató haber visto un forcejeo con los agentes en los minutos previos a su muerte. Para los familiares, la permanencia de estos testigos en el país resulta clave para reconstruir lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.
De acuerdo con funcionarios federales, el señor Lunas Campos fue arrestado en julio pasado en la ciudad de Rochester, Nueva York, antes de ser trasladado en septiembre a la instalación de detención de El Paso. Las autoridades indicaron que, desde su ingreso a Estados Unidos en 1996, había acumulado al menos una decena de condenas penales, entre ellas cargos por posesión criminal de un arma, conducción temeraria y hurto menor, un historial que, según el gobierno, formaba parte de los antecedentes considerados en su proceso migratorio.
Testimonios internos y señales de alerta
El caso adquirió mayor relevancia tras conocerse el testimonio de otro detenido que presenció el incidente. Según su relato, varios guardias sujetaron a Lunas Campos contra el suelo y aplicaron presión sobre su cuerpo y su cuello mientras intentaban controlarlo.
De acuerdo con ese testimonio, el inmigrante cubano repetía que no podía respirar antes de quedar inconsciente. Estas declaraciones coinciden con los hallazgos médicos y refuerzan la hipótesis de que la inmovilización fue un factor determinante en su muerte.
«Estaba siendo maltratado, golpeado y estrangulado hasta la muerte», denunció la madre de dos de sus hijos, Jeanette Pagan Lopez quien agregó además que hasta este miércoles no tenía acceso al informe de la autopsia.
Camp East Montana bajo creciente escrutinio
El centro donde ocurrió el fallecimiento, Camp East Montana (Camp East Montana), ha sido objeto de críticas reiteradas por parte de organizaciones de derechos humanos y defensores de inmigrantes. La instalación, construida inicialmente como un complejo temporal de carpas, alberga a miles de personas en procesos migratorios diversos.
Activistas han denunciado en el pasado condiciones de reclusión precarias, acceso limitado a atención médica y un uso frecuente del confinamiento solitario, factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas detenidas.
Un contexto más amplio de muertes en detención
La muerte de Lunas Campos se produce en un momento de creciente preocupación por el número de fallecimientos bajo custodia de ICE a nivel nacional. En las primeras semanas de 2026 ya se han registrado varios casos, y Camp East Montana ha concentrado al menos tres muertes en menos de dos meses, según recuentos de prensa.
El 14 de enero, Víctor Manuel Díaz, un ciudadano nicaragüense de 36 años, falleció en circunstancias que las autoridades federales describieron inicialmente como un “presunto suicidio”, mientras la causa oficial de su muerte continuaba bajo investigación.
Según explicaron funcionarios del gobierno, el procedimiento forense no se llevó a cabo en la oficina del forense local, sino en el William Beaumont Army Medical Center, donde se realizaba la autopsia. Esta información fue confirmada por Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, en medio de un proceso que aún no ha arrojado conclusiones definitivas.
Este patrón ha intensificado el debate sobre la gestión de los centros de detención, especialmente aquellos operados por contratistas privados y ubicados en terrenos con jurisdicción compleja, como bases militares.
Reacciones y llamados a la rendición de cuentas
Tras conocerse el resultado de la autopsia, organizaciones civiles, abogados de derechos humanos y algunos legisladores han exigido investigaciones independientes, acceso a grabaciones de cámaras de seguridad y la publicación completa de los informes internos elaborados por ICE tras el incidente.
Las demandas también incluyen la revisión de los protocolos de uso de la fuerza y de los procedimientos aplicados cuando un detenido muestra signos de angustia física o psicológica.
Implicaciones más allá del caso individual
Más allá de las posibles consecuencias legales o administrativas, el fallecimiento de Geraldo Lunas Campos ha vuelto a colocar bajo escrutinio el sistema de detención migratoria de Estados Unidos y la responsabilidad del Estado en la custodia de personas que no han sido condenadas por delitos penales.
El dictamen forense, al establecer que la muerte fue un homicidio, deja una pregunta central abierta: si los mecanismos actuales de supervisión y control son suficientes para garantizar la seguridad y los derechos básicos de quienes permanecen detenidos por razones migratorias.
