El testimonio de un ciudadano cubano detenido en el polémico centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, en el corazón de los Everglades de Florida, ha vuelto a poner en el centro del debate las condiciones y el limbo legal que enfrentan numerosos migrantes en Estados Unidos. Aris Reyes, arrestado por conducir sin licencia, denunció en un video enviado desde el interior del centro el abandono, la desinformación y el trato que reciben los detenidos, muchos de ellos cubanos, que aguardan sin respuestas en instalaciones que ya han sido cuestionadas por legisladores y organizaciones de derechos humanos.
“Estamos aquí como si fuéramos animales, peor que indocumentados”, declaró Reyes en su mensaje, visiblemente agotado. Según explica, desde su arresto no ha tenido contacto con abogados ni ha sido informado sobre los pasos a seguir para resolver su situación. “No sabemos si vamos a ser deportados, si nos van a dejar salir o si nos van a dejar aquí a morir”, expresó. Su denuncia se suma a las de otros migrantes retenidos en el mismo centro, quienes también aseguran que no reciben información, asistencia legal ni visitas.
“Alligator Alcatraz”, construido en una antigua pista aérea dentro del frágil ecosistema de los Everglades, comenzó a funcionar a inicios de 2025 como parte de una iniciativa del gobierno de Florida para acelerar detenciones migratorias tras cambios legislativos impulsados por el gobernador Ron DeSantis. Aunque oficialmente se trata de un centro temporal de tránsito previo a la deportación o liberación, en la práctica se ha convertido en una cárcel migratoria donde decenas de personas permanecen por semanas o meses sin procesos claros ni garantías mínimas.
El gobernador DeSantis ha defendido públicamente el centro, asegurando que a los migrantes detenidos se les ofrece el regreso voluntario a sus países de origen sin costo. “Nadie está obligado a quedarse. Les damos la opción de volver en avión si lo desean”, declaró en una reciente conferencia. Sin embargo, los testimonios de los detenidos desmienten esta versión: no tienen acceso a servicios de orientación ni a canales para solicitar el retorno voluntario. «No se nos dice nada, no hay información, no pasa nada… aquí lo único que pasa es que se pone la cosa peor», afirmó Reyes.
La situación ha llamado la atención de congresistas demócratas, quienes realizaron una inspección en el lugar semanas atrás y quedaron “escandalizados” por las condiciones de detención. Reportaron hacinamiento, falta de higiene, alimentación inadecuada y la negación de visitas, incluso para abogados y familiares. El centro también ha recibido fuertes críticas por parte de organizaciones ecologistas que denuncian el impacto ambiental de su construcción en un área protegida, hábitat de especies en peligro de extinción.
«Muchos están atrapados en un vacío legal. Están detenidos administrativamente, pero sin claridad sobre su futuro ni acceso efectivo al debido proceso», advirtió el abogado de inmigración John De La Vega.
A todo esto se suma el costo millonario de su operación. Según datos oficiales, mantener a cada detenido cuesta entre 245 y 411 dólares diarios, una cifra que ha generado cuestionamientos sobre la viabilidad y eficiencia del programa, especialmente cuando existen alternativas legales menos onerosas y más humanitarias para gestionar procesos migratorios.
El caso de Reyes contrasta con el de otros cubanos que, tras presentarse ante las cortes de inmigración, han sido puestos en libertad bajo palabra o mediante la entrega de dispositivos de monitoreo electrónico mientras continúan sus procesos. Sin embargo, las autoridades de Florida han endurecido su postura, y cada vez son más frecuentes los reportes de personas que son detenidas inmediatamente después de salir de audiencias judiciales, sin posibilidad de apelar ni presentar nueva documentación.
“Es como si quisieran castigarnos solo por haber venido aquí”, lamenta Reyes. Su voz, al igual que la de muchos otros, parece resonar desde una prisión invisible en medio del pantano, un espacio legalmente ambiguo donde la desesperanza se impone y la espera se vuelve interminable.
La creciente ola de denuncias plantea interrogantes urgentes sobre la legalidad, la transparencia y la humanidad del sistema de detención migratoria en Florida, así como sobre las responsabilidades del gobierno estatal y federal ante las violaciones potenciales a los derechos fundamentales de los migrantes.
Esta semana se conoció el caso de Pedro Lorenzo, un migrante cubano y padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos, quien ya había saldado cuentas con la justicia por un delito cometido tiempo atrás. El pasado 8 de julio acudió voluntariamente a las oficinas del ICE en Miramar para una cita de seguimiento rutinaria. Desde entonces, se encuentra bajo detención, sin que se le hayan formulado nuevas acusaciones ni se le haya brindado información legal sobre su situación.
«Él no está preso por un crimen. Se estaba reportando como le exigieron y lo detuvieron sin motivo», dijo la esposa de Lorenzo, Daymaris Lorenzo.
Se han reportado múltiples quejas sobre las condiciones en que se encuentran los detenidos: 32 personas hacinadas en espacios cerrados, descansando en literas sin ningún tipo de privacidad, soportando altas temperaturas sin aire acondicionado, con duchas e inodoros al descubierto, y con solo tres lavamanos disponibles por celda.
