España podría dar un paso histórico en su relación con las comunidades de descendientes de emigrantes al plantearse una reforma permanente del Código Civil que permita acceder a la nacionalidad española sin límite de generaciones. La propuesta, impulsada por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), busca reconocer el derecho a todos los descendientes de españoles, sin importar si son hijos, nietos, bisnietos o tataranietos, siempre que puedan acreditar su ascendencia.
Una iniciativa que rompe con las leyes temporales
Hasta hoy, el acceso a la nacionalidad española por descendencia ha dependido de leyes temporales, como la Ley de Memoria Democrática (2022) y la anterior Ley de Nietos (2007), que establecieron plazos concretos de solicitud. Esa intermitencia ha generado confusión, inequidades y sobrecarga en los consulados.
El CGCEE propone acabar con esas “ventanas temporales” y convertir el derecho en permanente, incorporándolo directamente al Código Civil. La nacionalidad se obtendría de manera indefinida, sin depender de la aprobación periódica de nuevas leyes. “El sistema actual ha generado una presión excesiva sobre las oficinas consulares y una gran incertidumbre entre los solicitantes”, destaca el consejo.
El Consejo sostiene que mantener el actual límite generacional —que en la práctica permite acceder a la nacionalidad solo a nietos y, en algunos casos, a bisnietos de españoles— “crea desigualdades sin fundamento” y termina separando a familias con raíces comunes fuera de España.
Reparación histórica y equidad de género
Uno de los principales objetivos es eliminar las desigualdades históricas derivadas de antiguas normas que discriminaban a las mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978. Sus hijos quedaron excluidos de la posibilidad de obtener la ciudadanía, a diferencia de los descendientes de varones españoles.
La reforma busca reconocer por igual la transmisión de nacionalidad tanto por línea materna como paterna, reparando una injusticia que ha afectado a miles de familias en Cuba, Argentina, México, Venezuela y otros países con fuerte presencia de descendientes de españoles.
Crisis de gestión y millones de solicitudes
Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, más de 1,5 millones de personas han presentado solicitudes de nacionalidad, según datos oficiales. Esta cifra ha provocado un colapso en los consulados españoles en Latinoamérica, con listas de espera que superan los dos años en ciudades como La Habana y Buenos Aires.
En Buenos Aires, por ejemplo, la demanda de gestiones vinculadas a la nacionalidad es tan intensa que, de acuerdo con cálculos oficiales, la capital argentina podría llegar a ser la tercera ciudad con mayor número de ciudadanos españoles en el mundo, solo por detrás de Madrid y Barcelona.
Los representantes del CGCEE sostienen que una reforma estructural del Código Civil es la única forma de aliviar la saturación y garantizar seguridad jurídica a los solicitantes. “No se puede seguir gestionando el derecho a la nacionalidad como una oportunidad pasajera. Debe ser permanente y transparente”, señalaron en su reunión en Madrid.
Modificaciones al Código Civil y pérdida involuntaria
Además del acceso sin límite generacional, la propuesta incluye cambios al régimen de pérdida involuntaria de nacionalidad, eliminando el requisito de declarar la voluntad de conservar la ciudadanía antes de los 21 años. Actualmente, muchos jóvenes nacidos fuera de España pierden la nacionalidad por no realizar ese trámite a tiempo.
La nueva versión eliminaría esa exigencia, consolidando el principio de que la nacionalidad española es un derecho de origen, no una concesión revocable por formalidades administrativas.
Apoyo político y desafíos legislativos
Aunque el planteamiento ha recibido buena acogida entre representantes del PSOE y del Partido Popular. No obstante, las divergencias ideológicas y la fragmentación del Parlamento podrían complicar la posibilidad de alcanzar un consenso amplio.
El Ministerio de Justicia advierte que la modificación del Código Civil exige consenso político y una tramitación compleja. De aprobarse, España sería uno de los pocos países europeos con un modelo de nacionalidad por descendencia sin restricciones de generaciones.
Para los defensores de la propuesta, se trata no solo de una cuestión jurídica, sino también de identidad y reparación histórica. “España tiene una deuda con sus emigrantes y sus hijos. Este paso la situaría al nivel de países que reconocen plenamente su diáspora”, señaló un portavoz del CGCEE.
Impacto en América Latina y especialmente en Cuba
La reforma tendría efectos profundos en América Latina, donde millones de personas conservan documentación familiar que acredita su ascendencia española. En Cuba, se estima que más de 200 000 solicitudes se han presentado bajo la Ley de Memoria Democrática, y miles más esperan turno consular.
Para muchos descendientes, la nacionalidad española significa una conexión con sus raíces, pero también una puerta de entrada a la Unión Europea, al trabajo, la educación y la movilidad internacional.
“Ser español no es solo un pasaporte, es recuperar una parte de nuestra historia familiar”, expresó un solicitante cubano entrevistado por medios locales.
Un cambio con alcance generacional
Si la propuesta prospera, España no solo consolidaría su vínculo con la diáspora, sino que también fortalecería su proyección cultural y demográfica en el mundo. La comunidad española en el exterior podría multiplicarse en las próximas décadas, transformando la relación entre el país y su vasta red de descendientes repartidos por América y Europa.
