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Todo tipo de vendedores, cuentapropistas, propietarios de restaurantes y demás trabajadores son increpados por inspectores del gobierno cubano que los acusan de enriquecimiento ilícito sin importar de que posean o no licencia para poder ejercer, privando de productos y alimentos de necesidad.


Los hechos comenzaron el 20 y 21 de noviembre en la localidad situada en el centro de la isla Sancti Spiritus, con el arresto de una veintena de trabajadores junto con la confiscación de la mercancía por venta sin licencia de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria.

Entre los productos confiscados se pueden encontrar zapatos, ropa, teléfonos celulares entre otras cosas que provienen de diferentes países como Ecuador, Rusia, Panamá o Haití donde se encuentran productos con mayor calidad que los que ofrece el gobierno según la población.

Pero a estas situaciones también se enfrentan vendedores con toda la documentación en regla como Saimy Frómeta Borges «elaborador-vendedor de alimentos de forma ambulatoria» que fue arrestado por actividad económica ilícita.

Consiguió la libertad después de pagar la fianza de mil pesos cubanos, pero además se enfrentará a un proceso penal que lo puede sancionar hasta con dos años de privación de libertad.