La historia de Moisés Ricardo, un cubano radicado en Connecticut desde hace 17 años, encarna el impacto humano de la nueva era migratoria instaurada por la administración de Donald Trump. Tras casi dos décadas trabajando, pagando impuestos y cumpliendo todas las etapas del proceso para naturalizarse, Ricardo estaba listo para presentar su examen de ciudadanía. Pero una carta de la U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), llegándole sin previo aviso, detuvo su trámite indefinidamente. “Fue devastador”, confesó.
El caso no es aislado: miles de inmigrantes de 19 países —incluidos cubanos— han visto sus procesos suspendidos, congelados o devueltos sin explicación detallada, como parte de una proclamación presidencial que prioriza revisiones de seguridad reforzadas aun para quienes ya tienen residencia permanente. La medida, presentada como temporal, está generando uno de los mayores atascos administrativos desde los cambios migratorios posteriores al 11-S.
Un camino de 17 años que se detuvo en la última curva
Ricardo había reprogramado su entrevista de ciudadanía luego de una cirugía cardíaca de emergencia; pero cuando esperaba la nueva cita, recibió una notificación inesperada: su caso era cancelado “debido a la proclamación presidencial”. No se mencionaba error, inconsistencia ni incumplimiento. Simplemente, un cierre abrupto.
“Es inimaginable cuánto puede sufrir una persona con todo lo que ocurre en su cuerpo: dolor, ansiedad, depresión. Y recibir noticias como la que recibí en ese momento fue algo realmente devastador” comentó a NBC Connecticut.
La proclamación en cuestión impone una suspensión para procesar peticiones migratorias de países clasificados como “de interés de seguridad” y ordena una auditoría exhaustiva de todos los expedientes pendientes. Cuba quedó incluida en esa lista, lo que automáticamente paralizó trámites de naturalización, asilo, parole, visas familiares y residencias —incluso aquellos en fases finales.
Abogados consultados por medios locales coinciden en que se trata de una “congelación masiva” sin precedentes en tiempos recientes, comparable solo con los frenos administrativos aplicados tras los atentados de 2001, cuando miles de casos fueron sometidos a revisiones especiales conocidas como “security hold”.
Una política con efectos nacionales
La Casa Blanca justificó la medida tras un incidente criminal aislado que involucró a un inmigrante procedente de uno de los países incluidos en la lista. Aunque no había ninguna relación con la comunidad cubana ni con la mayoría de los grupos afectados, el gobierno defendió la necesidad de un enfoque “preventivo”.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles denuncian que la proclamación se utiliza como “herramienta de suspensión masiva”, afectando por igual a personas sin antecedentes, con décadas de residencia legal y con historial laboral impecable. La orden ejecutiva no establece plazos para reanudar procesamientos, lo que deja a miles en un vacío administrativo que puede prolongarse meses o incluso años.
El impacto para los cubanos: de décadas de trato preferencial al escrutinio más estricto
El giro resulta especialmente drástico para los cubanos, históricamente beneficiados por políticas migratorias diferenciadas como la Ley de Ajuste Cubano (CAA). En los últimos años, sin embargo, Washington ha ido endureciendo las revisiones, especialmente desde la conformación de unidades especiales dentro de USCIS destinadas a detectar fraude, irregularidades documentales y vínculos de seguridad nacional.
A esto se suma un aumento en las deportaciones y en las demoras de procesamiento para quienes cuentan con documentos como I-220A o parole humanitario, creando un clima de incertidumbre sin precedentes entre la diáspora cubana.
La situación de Ricardo evidencia este nuevo paradigma: aunque su historial en EE. UU. es irreprochable y ya contaba con residencia permanente, su expediente fue detenido de manera automática por pertenecer a un país incluido en la lista de riesgo, sin un análisis individualizado.
Estadísticas recientes: dimensión del fenómeno migratorio y naturalización en EE. UU.
En el año fiscal 2024, USCIS naturalizó aproximadamente 818.500 personas en ceremonias realizadas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Entre 2022 y 2024, pese a las demoras heredadas de la pandemia, el total acumulado superó los 2.6 millones de nuevos ciudadanos, evidenciando uno de los ritmos de naturalización más altos de la última década.
Solo en 2023, unas 878.500 personas completaron el proceso, aunque esta cifra representó una disminución del 9 % respecto a 2022, cuando se registraron cerca de 969.000 naturalizaciones, el número anual más elevado desde 2008.
Al mismo tiempo, se estima que viven en el país alrededor de 12.8 millones de residentes permanentes legales con “green card”, de los cuales unos 8.7 millones cumplen actualmente los requisitos para iniciar el proceso de ciudadanía.
En el caso de los inmigrantes cubanos, el crecimiento demográfico reciente ha sido notable: entre octubre de 2021 y finales de 2023 llegaron a Estados Unidos al menos 533.000 cubanos por diversas vías, una cifra que, sumada a los flujos de parole humanitario y migración aérea, eleva el total estimado por algunos análisis a más de 850.000 en apenas dos años.
En conjunto, se calcula que la población cubana en Estados Unidos ronda los 1.3 millones de personas, representando alrededor del 3 % de todos los extranjeros en el país. De ellos, solo un 6 % sería inelegible para la naturalización, una proporción considerablemente menor que la observada en otras comunidades migrantes de tamaño similar.
Estas cifras permiten dimensionar la magnitud del freno migratorio instaurado recientemente. En un país donde cientos de miles de inmigrantes obtienen la ciudadanía cada año, la suspensión abrupta de procesos provenientes de 19 países —incluida Cuba— altera dinámicas que históricamente han sido estables y predecibles para millones de familias.
Estas estadísticas permiten dimensionar que la comunidad inmigrante —y en particular la cubana— forma parte de un flujo constante de naturalizaciones: millones de personas renuevan su estatus cada año, aspirando a integrarse plenamente a la sociedad estadounidense. El hecho de que, dentro de ese marco amplio, varias decenas o cientos de miles de expedientes queden ahora congelados refleja la magnitud del cambio institucional y sus potenciales consecuencias sociales.
Ansiedad, pérdida de derechos y vidas en pausa
La suspensión de la ciudadanía afecta mucho más que un trámite. Para Ricardo, la naturalización significaba seguridad laboral, estabilidad emocional, posibilidad de viajar libremente para ver a familiares, y ejercer derechos políticos como el voto.
Las demoras también tienen implicaciones prácticas: sin ciudadanía, muchos residentes permanentes postergan empleos que requieren clearance gubernamental, evitan viajar al extranjero para no arriesgar complicaciones migratorias, y ven limitada su movilidad económica. La incertidumbre, según expertos, puede generar estrés prolongado y sensación de desamparo institucional.
Un limbo administrativo que reabre un debate nacional
Juristas y académicos señalan que el caso plantea un dilema jurídico: ¿puede el Ejecutivo detener procesos de naturalización ya iniciados sin justificar caso por caso? La proclamación presidencial, aunque amparada en poderes ejecutivos amplios, podría enfrentar desafíos legales si se demuestra que la suspensión es arbitraria o discriminatoria.
Legisladores demócratas han solicitado supervisión del Congreso, argumentando que miles de familias están quedando atrapadas en un estado de indefinición que vulnera años de integridad administrativa. Sectores republicanos, por otro lado, apoyan el refuerzo de controles en nombre de la “seguridad nacional preventiva”.
El rostro humano de una política impersonal
Para Moisés Ricardo, el golpe fue emocional y profundo. “Es como si todo lo que he hecho en estos años no hubiera contado”, dijo. Trabajador estable, contribuyente durante casi dos décadas y plenamente integrado a su comunidad, confiaba en que la ciudadanía sería el cierre natural de su vida en Estados Unidos.
Su testimonio refleja una realidad que crece: historias de inmigrantes que, tras cumplir cada regla, ven paralizados sus sueños por medidas adoptadas sin un análisis personalizado. Son relatos que alimentan una conversación nacional más amplia sobre el equilibrio entre seguridad, burocracia y justicia.
Un futuro incierto, pero con esperanza
A pesar del desaliento, Ricardo asegura que no renunciará. Su abogado ya presentó consultas formales para solicitar aclaraciones, aunque USCIS no está obligado a responder mientras la proclamación esté en vigor. Aun así, él insiste en mantener la fe: “Solo quiero terminar lo que ya estaba a punto de lograr. No busco privilegios, solo justicia”.
Mientras tanto, su caso se suma a cientos de reportes similares que ya comienzan a ser documentados por organizaciones de defensa de inmigrantes. Es probable que, en los próximos meses, esta situación evolucione en un punto clave de la discusión migratoria nacional.
