Una familia cubana con I-220A pierde su apelación y sigue bajo orden de deportación a Cuba

Cubano con I-220A en una corte. Imagen creada con IA. Foto: Chat GPT

El 25 de junio de 2021, Yoan Aguiar-Fernández cruzó la frontera cerca de San Luis, Arizona, junto a su esposa y su hija. Los tres se entregaron a la Patrulla Fronteriza, estuvieron detenidos brevemente y salieron de custodia con un formulario I-220A cada uno. Más de cinco años después, esos documentos quedaron en el centro del fallo que mantiene vigente la orden de remoción de la familia a Cuba.

El 17 de noviembre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito rechazó la petición de revisión de la familia. La corte examinó dos cuestiones: si la liberación bajo la sección 1226 cumplía el requisito de parole para el ajuste cubano y si lo que Aguiar-Fernández contó sobre la misión en Venezuela y la agresión de un capitán de la policía en Cuba justificaba concederle protección.


La misión en Venezuela y el regreso a Cuba

Aguiar-Fernández declaró que vivió en Venezuela entre 2010 y 2013 como parte de una misión del Gobierno cubano. Según su testimonio, quiso abandonar la misión cuando le pidieron que convenciera a ciudadanos venezolanos de votar a favor del Gobierno de ese país. Sus compañeros informaron a las autoridades cubanas de su intención de dejar el programa y él regresó a Cuba en marzo de 2013.

A su regreso, las autoridades le confiscaron el pasaporte de misión, que solo le permitía viajar a Venezuela. El expediente señala que siguió trabajando para la misma entidad estatal y que en esa etapa no fue arrestado ni interrogado. Después obtuvo una licencia para operar un taller de reparación de carrocerías en su vivienda. Allí, según declaró, un capitán de la policía cubana recurrió a su historia en Venezuela para presionarlo.

La agresión en el taller y la salida hacia México

Aguiar-Fernández identificó al oficial como el capitán Cordero. Declaró que el policía fue varias veces al taller y amenazó con encarcelarlo y divulgar que había abandonado la misión si no le arreglaba el automóvil. En la última visita, según su relato, Cordero lo golpeó dos veces con una porra. Un informe médico del 14 de mayo de 2016 registró moretones en el pecho y rasguños en las piernas.

La familia permaneció en Cuba otros dos años. Según el expediente, Cordero no volvió al taller y Aguiar-Fernández no tuvo nuevos incidentes con la policía durante ese período. Los tres obtuvieron pasaportes personales y viajaron a México en agosto de 2018. Allí vivieron hasta que cruzaron a Estados Unidos en junio de 2021.

Por qué el I-220A no les abrió la vía a la residencia

La Ley de Ajuste Cubano permite solicitar la residencia permanente a quienes cumplen sus requisitos, entre ellos haber estado físicamente en Estados Unidos durante al menos un año y haber ingresado tras una inspección y admisión o mediante un parole válido para ese trámite.


Como la familia había entrado sin ser admitida, su solicitud dependía de demostrar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le había concedido el parole previsto en la sección 1182(d)(5)(A), que puede otorgarse por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo.

La familia sostuvo que, por la disposición que a su juicio regía su detención en la frontera, la liberación debía considerarse un parole de esa clase. El tribunal examinó cómo actuó el DHS en el caso concreto. Los formularios I-220A identificaban la sección 1226 como base de la liberación mientras avanzaba el proceso migratorio. Además, el DHS había denegado una solicitud separada de parole humanitario.

Con ese expediente, la corte concluyó que la familia había recibido una liberación condicional que no satisfacía el requisito de la Ley de Ajuste Cubano.

Por qué el testimonio tampoco bastó para obtener asilo

El juez de inmigración consideró creíble el testimonio de Aguiar-Fernández. Al revisar el caso, el Undécimo Circuito entendió que el expediente apuntaba a que Cordero había actuado a título personal durante una disputa por su vehículo. La mención de la misión en las amenazas y las lesiones documentadas no bastaron, a juicio de la corte, para acreditar persecución por motivos políticos conforme al estándar legal del asilo.

El tribunal también mantuvo la negativa de suspender la remoción y de conceder protección bajo la Convención contra la Tortura. Consideró insuficientes las pruebas sobre el riesgo que enfrentaría la familia si regresaba a Cuba. Con el rechazo de la petición de revisión, quedó en pie la orden de remoción que ya había dictado el juez de inmigración.

Qué significa el fallo para otros cubanos con I-220A

La orden de remoción corresponde a esta familia. El efecto más amplio del fallo recae sobre las solicitudes de ajuste en el Undécimo Circuito, que abarca Florida, Georgia y Alabama. Allí, una liberación bajo la sección 1226, por sí sola, es insuficiente para acreditar el requisito de parole de la Ley de Ajuste Cubano. La corte señaló que la existencia de un parole válido se determina a partir de lo que consta en el expediente de cada persona.

Preguntas frecuentes sobre el fallo del I-220A y la familia cubana

¿Qué decidió el Undécimo Circuito sobre la familia de Yoan Aguiar-Fernández?

El 17 de noviembre de 2026, el tribunal rechazó la petición de revisión de Yoan Aguiar-Fernández, su esposa y su hija. Confirmó que la liberación que recibieron tras cruzar la frontera era insuficiente para solicitar la residencia por la Ley de Ajuste Cubano y dejó en pie la orden de remoción a Cuba que ya había dictado un juez de inmigración.

¿Por qué el I-220A no les permitió obtener la residencia por la Ley de Ajuste Cubano?

Los formularios I-220A indicaban que la familia había sido liberada de custodia bajo la sección 1226 mientras seguía su proceso migratorio. Como los tres habían entrado sin ser admitidos, el tribunal concluyó que necesitaban un parole concedido bajo la sección 1182(d)(5)(A) para cumplir ese requisito. El expediente mostraba que el Departamento de Seguridad Nacional había denegado su solicitud separada de ese parole.

¿Qué contó Aguiar-Fernández sobre la misión cubana en Venezuela y la agresión en su taller?

Declaró que quiso abandonar la misión después de que le pidieran convencer a venezolanos de votar a favor de su Gobierno. A su regreso a Cuba le confiscaron el pasaporte de misión. Años después, según su relato, un capitán de la policía cubana amenazó con divulgar que había abandonado la misión si no le reparaba el automóvil y lo golpeó con una porra. Un informe médico registró moretones y rasguños.

¿Por qué le negaron el asilo si el juez consideró creíble su testimonio?

El juez de inmigración consideró creíble su relato. Al revisar el caso, el tribunal entendió que las pruebas apuntaban a una disputa personal por la reparación del vehículo y eran insuficientes para acreditar persecución por motivos políticos. También consideró insuficientes las pruebas sobre el riesgo de persecución o tortura si la familia regresaba a Cuba.

¿El fallo ordena la deportación automática de los cubanos con I-220A?

La orden de remoción que quedó en pie corresponde únicamente a la familia Aguiar-Fernández. El precedente afecta a quienes, en Florida, Georgia y Alabama, dependen exclusivamente de una liberación bajo la sección 1226 para demostrar que cumplen el requisito de parole de la Ley de Ajuste Cubano. Si hubo una concesión de parole válida para el ajuste, eso se determina a partir del expediente de cada persona.


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