Las demoras para obtener la residencia y el escrutinio de las solicitudes bajo la Ley de Ajuste Cubano preocupan a quienes esperan una respuesta de USCIS. La abogada de inmigración Claudia Cañizares advirtió, durante una entrevista con Cuba en Miami, que está observando pocas aprobaciones y una revisión más estricta de los expedientes.
La conversación abordó las solicitudes de cubanos que llegaron mediante CBP One, los casos de personas con I-220A y las circunstancias que podrían influir en las cifras de negaciones. Cañizares también señaló que algunos antecedentes e infracciones requieren especial atención al preparar el proceso.
“Yo he visto pocas aprobaciones, honestamente, y están siendo bastante estrictos con las residencias”, expresó la abogada al responder una pregunta sobre los trámites de quienes ingresaron por CBP One.
Las demoras mantienen en espera a solicitantes de residencia
Una de las principales inquietudes planteadas durante la entrevista fue la lentitud de las solicitudes bajo la Ley de Ajuste Cubano. Cañizares describió un panorama de espera prolongada entre los expedientes que conoce, aunque no ofreció un plazo único que permita anticipar cuándo llegará una respuesta.
Su observación refleja la experiencia de su práctica profesional y no significa que todas las solicitudes estén paralizadas ni que todos los casos vayan a tener el mismo resultado.
La forma de entrada, los documentos migratorios y la existencia de un proceso ante una corte son elementos que deben examinarse por separado, según se desprende de las situaciones discutidas durante la conversación.
Los casos con I-220A pueden influir en las negaciones
Cañizares señaló que una parte del panorama podría estar relacionada con solicitudes presentadas por cubanos con I-220A que no cuentan con el parole que necesitan para sustentar el ajuste por esa vía.
Según explicó, USCIS está revisando expedientes de ese tipo, y en su práctica ha observado negaciones y referencias a la corte de inmigración.
La abogada planteó que la resolución de solicitudes acumuladas podría influir en las estadísticas. Sin embargo, no atribuyó todas las negaciones a una sola causa ni presentó un desglose que permitiera determinar qué proporción corresponde a personas con I-220A.
Esta distinción es importante: las cifras generales no permiten, por sí solas, identificar qué ocurrió en cada expediente o anticipar el resultado de otro solicitante.
Una negación y un cierre administrativo no son lo mismo
Durante el intercambio surgió otra cuestión relevante para interpretar los datos: la diferencia entre una solicitud negada y un expediente cerrado administrativamente porque la persona tiene un proceso en corte.
Cañizares indicó que sería necesario revisar el detalle del reporte para establecer cómo se estaban contabilizando esas situaciones.
Por ello, el análisis presentado en la entrevista dejó abierta una pregunta sobre la composición de las cifras. No se confirmó que los cierres administrativos estuvieran incluidos dentro de las negaciones mencionadas.
Confundir ambas situaciones puede dar una imagen incompleta de lo que ocurre con las solicitudes de residencia. La abogada insistió en la necesidad de conocer los detalles antes de extraer conclusiones sobre los resultados.
Más preguntas sobre antecedentes y participación política
Además de las demoras, Cañizares afirmó que está observando una revisión más exigente de información relacionada con la participación en organizaciones políticas y determinados antecedentes.
Según explicó, circunstancias que antes no generaban el mismo nivel de cuestionamiento ahora están recibiendo mayor atención en algunos de los casos que conoce.
Sus declaraciones no implican que cualquier vínculo con una organización o cualquier antecedente produzca automáticamente una negación. El punto central de su advertencia fue que esos elementos pueden generar preguntas y necesitan evaluarse dentro del contexto de cada expediente.
Las infracciones de tránsito también requieren atención
La entrevista abordó igualmente las posibles consecuencias de las infracciones de tránsito.
Cañizares aclaró que el efecto depende de la infracción, y señaló que algunas conductas pueden tener carácter penal. Como ejemplo, mencionó situaciones relacionadas con conducir a una velocidad muy elevada.
La advertencia no equivale a afirmar que cualquier multa impida obtener la residencia. Sí pone de relieve la importancia de identificar exactamente qué ocurrió, cómo se resolvió el asunto y qué documentos existen antes de evaluar sus posibles consecuencias migratorias.
Qué significa este panorama para quienes esperan una respuesta
Las declaraciones de Cañizares describen un escenario de demoras y mayor revisión de expedientes, pero no constituyen el anuncio de una suspensión general de la Ley de Ajuste Cubano ni de una nueva regla que ordene negar todas las solicitudes.
Para quienes esperan su residencia, la principal advertencia de la abogada es que los casos requieren una evaluación individual. Una persona que ingresó mediante CBP One, otra que recibió un I-220A y otra cuyo expediente está ante un juez pueden enfrentar situaciones distintas, aunque todas busquen acogerse a la misma ley.
La conversación deja además una cautela al interpretar las estadísticas: detrás de las cifras pueden existir motivos diferentes, y conocerlos resulta esencial para entender qué está pasando con las residencias de los cubanos.
