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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, elevó la presión sobre los gobiernos locales al cuestionar por qué siguen necesitando mayores ingresos cuando la recaudación de impuestos a la propiedad casi se ha duplicado en siete años. Su mensaje apunta al manejo del dinero público: antes de mantener la carga sobre los propietarios, sostiene, los condados y municipios deben revisar sus gastos.
Durante una mesa redonda celebrada el 21 de octubre en Miami, DeSantis defendió la Enmienda 3, una propuesta de alivio fiscal que será sometida a votación en noviembre y que ampliaría las exenciones para viviendas principales.
El gobernador también reforzó su respaldo en redes sociales con un mensaje breve: «¡Sí a la 3!», acompañado de una publicación sobre el crecimiento de la recaudación inmobiliaria.
Más ingresos y presión para revisar el gasto
Según cifras divulgadas por la oficina del gobernador, los ingresos por impuestos a la propiedad en los 67 condados de Florida pasaron de aproximadamente 32.000 millones de dólares en 2019 a más de 60.000 millones.
DeSantis argumenta que ese crecimiento supera el aumento combinado de la población y la inflación, y utiliza la comparación para exigir mayor disciplina presupuestaria a las administraciones locales.
Su posición es que el incremento de los ingresos no debe convertirse automáticamente en una justificación para seguir ampliando el gasto. El gobernador contrapuso esa situación con su afirmación de que el presupuesto estatal se ha reducido durante cuatro años consecutivos.
Las cifras corresponden a la recaudación total en Florida. No significan que la factura individual de todos los propietarios haya aumentado en la misma proporción.
Miami-Dade, bajo la lupa por posibles gastos excesivos
La administración de DeSantis también señaló a Miami-Dade como ejemplo de los ajustes que considera posibles.
De acuerdo con un comunicado de la oficina del gobernador, una revisión estatal identificó un crecimiento cercano al 67 % en el gasto del fondo general desde el año fiscal 2021, además de casi 140 millones de dólares en posibles reducciones presupuestarias vinculadas a partidas que el estado calificó de excesivas o innecesarias.
Se trata de señalamientos de la administración estatal y de oportunidades de recorte identificadas por su revisión, no de una conclusión judicial sobre irregularidades.
En el encuentro, la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, respaldó el alivio fiscal y afirmó que su oficina había reducido los costos tecnológicos anuales en 12 millones de dólares sin disminuir los servicios. Presentó ese ahorro como ejemplo de lo que puede conseguirse mediante una supervisión más estricta del gasto.
Qué propone la Enmienda 3 para los propietarios
La iniciativa aumentaría la exención de vivienda principal, conocida como homestead exemption, aplicable a impuestos no escolares.
El esquema contempla elevarla a 150.000 dólares en 2027 y 250.000 dólares en 2028, con ajustes posteriores por inflación. Esas cantidades representan valor de la vivienda excluido del cálculo de determinados impuestos, no dinero que recibiría directamente el propietario.
La propuesta incluye condiciones de residencia para acceder al beneficio ampliado, por lo que el ahorro dependería de las circunstancias de cada contribuyente.
También reduciría del 10 % al 5 % el límite anual de crecimiento del valor tasado de propiedades que no califican como vivienda principal, como inmuebles de alquiler y edificios comerciales, con excepción de los impuestos escolares.
Aunque DeSantis presenta la iniciativa como un camino hacia una eliminación más amplia de impuestos sobre viviendas principales, su aprobación no borraría automáticamente todos los impuestos inmobiliarios.
La disputa por los servicios públicos
El debate enfrenta la promesa de aliviar a los propietarios con las preocupaciones sobre el financiamiento de los servicios locales.
Una información de PolitiFact publicada por WLRN recoge diferencias entre representantes del sector inmobiliario, sheriffs y autoridades locales sobre las consecuencias para policía, bomberos y servicios de emergencia.
Los defensores de la propuesta sostienen que es posible reducir gastos y preservar las funciones esenciales. Sus críticos advierten que una menor recaudación puede limitar la capacidad de los gobiernos locales para responder a las necesidades de sus comunidades.
La decisión llegará a las urnas el 3 de noviembre de 2026. Para aprobarse, la Enmienda 3 necesitará al menos el 60 % de los votos. Mientras tanto, DeSantis mantiene la presión sobre los condados y municipios para que justifiquen sus gastos y conviertan parte del crecimiento de sus ingresos en alivio para los contribuyentes.
