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Rosie Cordero-Stutz y Daniella Levine-Cava. Captura de pantalla de Video de YouTube de CBS Miami
Rosie Cordero-Stutz pondrá fin al programa de seguridad y transporte de los principales funcionarios del condado a partir del 9 de noviembre. Daniella Levine Cava advierte sobre las consecuencias y exige un plan de transición.
La disputa por el presupuesto de seguridad en Miami-Dade tendrá una consecuencia directa para sus principales dirigentes: la sheriff Rosie Cordero-Stutz anunció que eliminará el programa que proporciona protección y transporte a la alcaldesa Daniella Levine Cava y a los 13 comisionados del condado.
La decisión fue comunicada en una carta fechada el 22 de octubre y entrará en vigor el 9 de noviembre de 2026. Según Cordero-Stutz, el Programa de Sargentos de Armas cuesta aproximadamente 4,1 millones de dólares anuales, recursos que su oficina pretende redirigir hacia otras necesidades policiales.
Horas después, Levine Cava respondió por escrito y cuestionó tanto las implicaciones de seguridad como la explicación presupuestaria de la sheriff. El intercambio profundiza un enfrentamiento sobre cuánto dinero necesita la agencia y cuáles deben ser sus prioridades.
Qué servicio se eliminará
El Programa de Sargentos de Armas asigna agentes de civil al traslado y la protección de los funcionarios electos. Se trata de un servicio heredado del antiguo Departamento de Policía de Miami-Dade, cuando la institución operaba bajo la estructura del gobierno del condado.
Cordero-Stutz sostiene que su condición de titular de una oficina constitucional independiente exige revisar esos compromisos y determinar si responden a la misión central de la agencia. Su intención, según la carta reseñada por Univision, es reasignar al personal y destinar los fondos a necesidades operativas y servicios policiales para la comunidad.
La eliminación del programa implica, por tanto, un cambio en el destino de los recursos. La cifra de 4,1 millones corresponde al costo anual señalado por la sheriff; no significa necesariamente que todo ese monto desaparecerá del gasto de la agencia, puesto que se anunció una reasignación de personal y financiamiento.
Levine Cava advierte sobre la protección de los funcionarios
La alcaldesa considera que retirar el servicio plantea un desafío importante de seguridad. En su respuesta, citó la violencia contra funcionarios electos en Minnesota como un motivo para evaluar cuidadosamente las consecuencias de la decisión.
También pidió a Cordero-Stutz un plan detallado de transición antes de que concluya el programa. La solicitud busca aclarar cómo se atenderán las necesidades de protección una vez que termine el esquema actual, según el reporte de NBC6.
El intercambio deja planteadas dos prioridades: la sheriff defiende que los agentes y fondos deben concentrarse en las operaciones policiales, mientras la alcaldesa reclama garantías sobre la seguridad de quienes ejercen cargos públicos.
Un presupuesto récord y una diferencia de 42 millones
En el centro del conflicto aparece una aparente contradicción: el condado afirma que aprobó el mayor presupuesto en la historia de la Oficina del Sheriff, mientras Cordero-Stutz asegura que siguen faltando recursos para cubrir sus necesidades.
En un comunicado del 8 de octubre, el gobierno de Miami-Dade informó que el presupuesto de la agencia para el año fiscal 2026-2027 asciende a 1.234 millones de dólares. La administración condal también sostuvo que el financiamiento contempla las 200 plazas adicionales solicitadas por la sheriff, incluidas 80 de agentes y 120 de personal civil.
La Oficina del Sheriff rechazó esa interpretación al día siguiente. Según su explicación, había solicitado un incremento de aproximadamente 108 millones de dólares sobre el año anterior, pero recibió unos 66 millones, dejando alrededor de 42 millones del aumento solicitado sin financiar.
La agencia sostiene que presentar el presupuesto total no resuelve esa diferencia y que los recursos pendientes son necesarios para contratación, capacitación y otras obligaciones operativas. Ambas instituciones defienden sus cifras, pero utilizan comparaciones distintas para explicar si el financiamiento resulta suficiente.
La sheriff llevará la pelea presupuestaria al estado
Cordero-Stutz anunció que apelará el presupuesto adoptado para buscar los fondos que considera necesarios. Su oficina también ha señalado necesidades relacionadas con personal civil que atiende llamadas al 911, despacha agentes, mantiene sistemas tecnológicos y apoya investigaciones.
En su comunicado del 9 de octubre, la sheriff sostuvo que buscará alternativas de financiamiento y ahorros para atender la diferencia presupuestaria sin aumentar impuestos ni recortar programas esenciales del condado. La eliminación de las escoltas se incorpora ahora a esa discusión sobre cómo distribuir los recursos disponibles y qué servicios debe asumir directamente la agencia.
El debate sobre impuestos añade tensión
El anuncio también coincide con la participación de Cordero-Stutz en una mesa redonda con el gobernador Ron DeSantis para promover la Enmienda 3, relacionada con los impuestos a la propiedad.
De acuerdo con NBC6, la sheriff defendió durante ese encuentro la necesidad de revisar los gastos gubernamentales, incluso aquellos que se han mantenido durante años. Esa postura sirve de fundamento a su decisión de reconsiderar el programa de protección y transporte de los dirigentes condales.
Qué falta por resolver antes del 9 de noviembre
El próximo punto concreto será la transición del servicio. Levine Cava ha solicitado que la sheriff detalle cómo se efectuará el cambio antes de la fecha anunciada, mientras continúa la controversia sobre el presupuesto.
Quedan por aclarar el esquema que sustituirá la protección actual, las responsabilidades que asumirá cada institución y el destino específico de los recursos reasignados. La disputa presupuestaria ya tiene una fecha de impacto para la alcaldesa y los comisionados: el 9 de noviembre, cuando está previsto que termine el programa.
